Esta semana tomó relevancia nuevamente la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú y la definición de la tarifa.
Nuestro país está perdiendo la oportunidad de negociar su soberanía energética, ya que al parecer no cuenta con un plan claro no solo de negociación, sino tampoco para el uso de la energía, mientras que el Brasil busca fortalecer su sector industrial. En este contexto, es difícil que salga bien una negociación teniendo en cuenta la conformación de ambos equipos y la visión estratégica y de largo plazo del país vecino.

Mientras el mandatario brasileño señaló la existencia de divergencias sobre la tarifa y la necesidad de negociar hasta encontrar una solución conjunta, el mandatario paraguayo manifestó su optimismo, asegurando que el gobierno paraguayo buscará el máximo beneficio. Mientras el primero es consciente de una realidad que debe tomarse en cuenta, el otro plantea un discurso negacionista y con escaso contenido político.

En diciembre pasado, el gobierno paraguayo había solicitado un incremento de la tarifa de Itaipú. Actualmente, la tarifa es de 16,71 dólares el kilovatio al mes, en tanto que la postura brasileña es de que se mantenga la tarifa actual, ya que la industria brasileña presiona para mantener lo más baja posible con el espíritu de potenciar el desarrollo industrial a través de energía limpia y renovable.

Paraguay no cuenta con una política industrial y su infraestructura para el consumo es mínima, por lo que está desaprovechando la oportunidad que le da ser uno de los países privilegiados con la producción de energía. A pesar de que las estadísticas señalan una cobertura eléctrica de casi el 100%, la calidad de la misma es baja si se tienen los estándares internacionales como el voltaje de suministro, las fluctuaciones, los cortes, el parpadeo. Los costos de la baja calidad son elevados, tanto para los hogares como para el sector productivo.

Nuestras autoridades, en lugar de realizar propuestas estructurales para una transición energética justa y que nos lleve al desarrollo, continúan con el discurso de la herencia del gobierno anterior, a pesar de que en diciembre ya se iniciaron las primeras conversaciones. El gobierno sigue sin informar adecuadamente y el equipo negociador tiene debilidades importantes si se compara con el perfil y la visión estratégica del equipo del país vecino.

Paraguay tiene la oportunidad de recuperar su soberanía energética con la próxima renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. La soberanía no es un mero discurso, se concreta en la protección de los intereses nacionales y en la provisión nacional de energía barata, sostenible, eficiente y limpia, asegurando este servicio público esencial para familias y empresas. El bienestar de las familias y una industrialización con alto valor agregado dependen del acceso a energía eléctrica de buena calidad y a precios asequibles.

Es una pena que nuestro país vaya a una mesa de negociación sin un plan claro que favorezca una transformación económica estructural utilizando la hidroenergía. Seguimos planteando medidas que favorecen una economía basada en poco valor agregado, teniendo recursos que nos permitirían avanzar en un modelo de crecimiento económico que genere mejores empleos aprovechando el bono demográfico y que sea capaz de ampliar su resiliencia frente a la crisis climática que ya está afectando desde hace una década y para la cual no contamos con medidas efectivas hasta el momento.

La ausencia de esta visión estratégica y de largo plazo nos deja en condiciones de desigualdad para plantear argumentos propios frente al argumento brasileño de fortalecimiento de su sector industrial. Al no contar con un plan de desarrollo que aproveche la energía, tampoco tenemos la posibilidad de plantear diferentes escenarios de negociación, condición necesaria para lograr acuerdos en los que ambos países ganen.

Fuente: Ultima Hora