El Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, uno de los municipios de la Chiquitania afectados por asentamientos humanos -incluso en áreas protegidas-, anunció la conformación de una comisión interinstitucional para iniciar acciones de defensa de la tierra ante la política del nivel central de promover el avasallamiento.
En tanto, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó que las resoluciones de asentamiento son emitidas de acuerdo a una verificación e inspección técnica y posterior evaluación en apego a las normas.

A través de una resolución de directorio, la institución cívica de San Ignacio solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz elevar a rango de Ley Departamental la declaratoria de la zona del Bajo Paraguá como área protegida. El pedido surge por el avasallamiento a este espacio de conservación.

Fuente: Los Tiempos

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