Mientras un grupo de diputados de la oposición pretende que se trate un proyecto de ley que busca prorrogar por cuatro años más el actual esquema de los biocombustibles, que ya tiene 15 años de vida, el Gobierno se encuentra analizando el marco y el impacto fiscal de un programa que no cuenta con el consenso necesario para extenderse.

Lo de los biocombustibles se transformó en un gran problema para las cuentas fiscales. El esquema actual ya lleva 15 años y los números no cierran pese a que se les dio beneficios fiscales a los proyectos de construcción de las plantas productoras, se les aseguró un mercado cautivo y un precio garantizado por el Estado, que desde hace años encarece el costo de los combustibles y repercute en los precios que pagan los consumidores, explicó una fuente del Ministerio de Economía.

El mayor costo de los biocombustibles fue parcialmente compensado a través de la exención del impuesto a los combustibles líquidos. Eso generó una merma en los ingresos fiscales tanto de la Nación como de las provincias, porque se trata de un impuesto coparticipable, advierte Nicolás Arceo, ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF y actual director de la consultora Economía & Energía.

El costo de los biocombustibles ha resultado sistemáticamente más elevado que el de los combustibles fósiles, lo que ha derivado en un mayor costo de los combustibles en el surtidor, afirmó Arceo.

El sábado, el ministro de Industria de la provincia de Córdoba, Eduardo Accastello, utilizó su cuenta en Twitter para cuestionar que el gobierno nacional no prorrogue la ley que vence en mayo y lo acusó de hacer lobby en contra de los biocombustibles; mientras que desde el Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) salieron a responderle por la misma red social.

En 15 años el esquema de promoción impositiva actual para los agrocombustibles tuvo un débito fiscal de US$ 6.000 millones (por menor recaudación de impuestos) y una pérdida de divisas de US$ 1.400 millones por aceite de soja y maíz que dejó de exportarse y no pagó sus impuestos, le contestó. Al destinarse aceite de soja y de maíz a la elaboración de biocombustibles, dejaron de exportarse productos por los cuales el Estado hubiera cobrado impuestos y retenciones a las exportaciones durante los últimos 15 años.

El Ceepys le recriminó al ministro de Juan Schiaretti que la menor recaudación en las arcas públicas por los beneficios fiscales para los productores de biocombustibles lo pagamos los argentinos: los que tenemos autos y los que ni siquiera tienen esa posibilidad. A la mirada fiscal le sigue la técnica: los combustibles elaborados a partir de soja y maíz no solo son más caros sino menos eficientes que los obtenidos con petróleo. Un litro de etanol rinde energéticamente el 75% de un litro de nafta; y el biodiesel, un 87% del litro de gasoil.

Para colmo de males, la FAO tampoco colabora con el supuesto beneficio ambiental de los combustibles derivados del agro: en un documento oficial advirtió acerca de sus emisiones, como el óxido nitroso, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global unas 300 veces mayor que el dióxido de carbono que emanan los combustibles fósiles.

Al Gobierno le preocupa la producción de caña de azúcar. Cada uno de los insumos para la producción de biocombustibles tiene una realidad diferente. El etanol a partir de caña es un elemento estratégico para el sector azucarero porque le permite destinar a su elaboración una producción que excede a la demanda interna de azúcar, está ubicado en regiones postergadas como el NOA y es una de las pocas fuentes de trabajo en su región, dicen en Hacienda.

La Argentina no exporta azúcar, dado que se registra sobreoferta de ese producto a nivel mundial y su consumo es cada vez más combatido en todo el planeta por su impacto en la salud. En cambio, los otros biocombustibles tienen opciones de exportación que generan divisas muy valiosas para el país, además de trabajo y valor agregado local.

El maíz se exporta como grano, como aceite o como harina (Argentina es el tercer exportador mundial), y la soja se exporta como poroto, como harina o como aceite (nuestro país es el primer exportador mundial de aceite de soja, y también de biodiesel).

!Soja y maíz tienen mercado externo; pueden exportarse y pagar los impuestos que la Argentina necesita recaudar, sobre todo para intentar revertir lo más rápido posible los efectos de la pandemia, dicen en Hacienda.

Fuente: Minuto Uno