Según la metodología de SEG Ingeniería –consultora especializada que releva mensualmente los precios–, la nafta es 25% más cara que en Chile y el gasoil 15% más costoso que en Argentina, los países que se ubicaron segundos en la comparación regional.

Ese dato, que con variación en los porcentajes se arrastra hace tiempo, enciende el reclamo de los sectores productivos, y tiene como trasfondo la relevancia que tuvo en la última campaña electoral la discusión sobre los combustibles y las tarifas públicas. El gobierno de la coalición multicolor asumió con el compromiso de realizar cambios para alcanzar precios competitivos, y está embarcado en un proceso que llevaría a que Ancap deba equiparar los precios a la paridad de importación –un cálculo teórico que realiza la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua– dentro de tres años. En ese tiempo, se prevén realizar otras reformas en el mercado de combustibles y negocios aledaños de Ancap, que generan dudas a nivel político y cuestionamientos desde lo sindical.

A principios de mes, el ministro de Industria, Omar Paganini, informó a los legisladores de la coalición el plan definido tras el trabajo de un comité de asesores para incidir en la tarifa de los combustibles, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) elevó un documento a la Asamblea General. Entre varias medidas y un cronograma de etapas –que abarca también a la cadena secundaria: fleteros, distribuidoras y estacioneros–, está la definición de eliminar la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil, tras analizar que existe “un fuerte subsidio implícito” en la tarifa de los combustibles a la producción de Alcoholes del Uruguay (ALUR), firma subsidiaria de Ancap.

Para proceder a eso se necesita aprobar una ley que modifique el acuerdo multipartidario de 2007, que estableció la mezcla con biocombustibles de producción nacional. Según el MIEM, el 5% de biodiésel que se incorpora aumenta “el precio final del gasoil de forma significativa, sin mejorar el producto final”. El biodiésel se produce en la planta Capurro de ALUR y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) avizora su cierre –que afectaría 40 empleos directos y cerca de 100 indirectos–, por lo que mantuvo reuniones con el presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, y el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos.

Gobierno formó comisión y legisladores marcan posición

El ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, dijo a la diaria que “aún no hay una propuesta concreta” sobre los biocombustibles por parte del gobierno. Eso se plasmará en un futuro proyecto de ley, que complemente el informe que el MIEM elevó al Parlamento. Para estudiar lo relativo al biodiésel, Peña solicitó la formación de una comisión con técnicos de los ministerios de Medio Ambiente, Industria y Economía, que comenzará a reunirse en los próximos días.

“Vamos a analizar todo lo ambiental desde el ministerio, cada propuesta y sus consecuencias. Uruguay asumió compromisos de reducción de las emisiones de carbono y esta decisión no iría en esa línea, pero puede cumplirse otra batería de medidas”, explicó el jerarca. Esto último refiere a una propuesta que incluyó el MIEM en el documento: compensar la eliminación del biodiésel con la creación de un impuesto a las emisiones de carbono, asociado a la tasa de IVA e Imesi de los combustibles.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, defendió esta idea el domingo entrevistada por el diario El País: “La idea no es concebir al ambiente como un tema aparte, sino incorporar al tema ambiental en todo lo que es el diseño de la política económica”. Sostuvo que los “países desarrollados” están implementado impuestos a las emisiones y que las naciones que no se alineen “con estos estándares de castigar el uso de combustibles fósiles van a quedar rezagadas”.

Peña es referente del sector Ciudadanos dentro del Partido Colorado (PC) y dijo que los votos en el Parlamento de esa agrupación “no están comprometidos, tenemos que ver el proyecto de ley”.

Por su parte, el senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy dijo a la diaria que planea solicitar “una ampliación de información” al MIEM sobre “algunos temas” que forman parte del informe, como los biocombustibles y los cambios en el mercado secundario –los estacioneros han criticado el plan del MIEM–. Como posición preliminar, señaló que estos dos asuntos deben discutirse primero en la bancada nacionalista y luego con los socios de la coalición. Esto contrasta con la urgencia que trasladó a Paganini días atrás el senador blanco Sebastián da Silva: “Envíe de forma urgente al Parlamento la eliminación de la obligación de mezclar 5% de biodiésel”.

A estos matices se suma la posición de CA, que está “analizando la situación de los combustibles, escuchamos las propuestas del ministro [de Industria] y queremos cuidar las fuentes de trabajo, eso nos preocupa”, dijo el senador Raúl Lozano.

El cabildante señaló que la planta Capurro de ALUR “cumple un rol importante y estratégico”, por lo que “el Estado no se puede dar el lujo de cerrarla”. Sobre el tema, añadió: “No queremos que venga una empresa multinacional o cerrarla. Vamos a discutir esto y ver los alcances de lo que se pretende hacer. Alternativas siempre hay, creemos que los combustibles en Uruguay tienen una fuerte carga impositiva y se debe analizar todo”.

Lozano dijo que CA no tiene “una posición tomada” aún sobre la eliminación del biodiésel y que el tema será discutido por la bancada. El lunes el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a El País que ve “difícil” que su partido apoye la iniciativa.

Sobre las diferencias en la coalición, Camy expresó que el tema “ocupará los primeros puntos de la agenda” cuando se retome la actividad parlamentaria y que “a partir de la posición común de que hay que bajar el precio de los combustibles, debemos conversar y analizar para ver si nos ponemos de acuerdo” en un proyecto que tenga consenso dentro del oficialismo.

Sindicato: “No perder las fuentes de trabajo”

Diego Zipitría, presidente del STIQ, dijo a la diaria que el jueves recibieron “el compromiso” del FA de “defender la industria nacional” y rechazar la eliminación de la mezcla del biodiésel. El mismo día se reunieron con Manini Ríos, senador de CA, quien “mostró buena receptividad y quedó preocupado por los puestos de trabajo”.

El sindicalista explicó que en la planta Capurro trabajan 40 personas que se rigen por el derecho privado –ALUR es una sociedad anónima de propiedad estatal– y se llega a 100 trabajadores contando empleos indirectos, como fleteros y personal de seguridad. El cierre impactaría también en la planta industrial de la empresa Cousa, que aporta a ALUR la materia prima para producir biodiésel y tiene un contrato con el Estado por el servicio de molienda hasta 2028.

El sindicato químico tuvo contacto con los dueños de Cousa: “Tienen la misma incertidumbre que el sindicato, nadie del gobierno se comunicó ni el comité de expertos [que convocó el MIEM] los consultó. No vemos que haya un estudio del impacto de la medida [de eliminar el biodiésel] en los puestos de trabajo, en los niveles de contaminación, parece todo bastante agarrado de los pelos”, señaló Zipitría.

A la espera de la definición del gobierno, el STIQ, junto a los demás que forman la Coordinadora de Sindicatos de Ancap –que nuclea a 12 sindicatos–, resolvió que ante el cierre de cualquier planta de la empresa estatal se declararán en conflicto. Aparte del tema de los biocombustibles, el gobierno analiza el futuro de la planta de pórtland de Ancap en Paysandú.

“La bandera del sindicato es no perder las fuentes de trabajo. Si quieren hablamos de eficiencia en la producción, el sindicato no se cierra, y si quieren que [la planta Capurro] pase a manos privadas, lo analizamos. Queremos ver quién está de acuerdo [dentro del sistema político] con cerrar una industria nacional, perder puestos de trabajo de calidad y contaminar más. Por ahora, sabemos que el herrerismo dentro del Partido Nacional siempre ha buscado el cierre de Ancap”, concluyó Zipitría.

Fuente: La Diaria