En 1992, el gobierno del PJ encabezado por Carlos Menem privatizó YPF y muchas otras empresas del Estado. Se inició así un camino de liquidación de las empresas públicas y entrega a las multinacionales. Con la reforma constitucional de 1994, hija del Pacto de Olivos PJ-UCR, la propiedad nacional de los hidrocarburos pasó a las provincias en un desguace funcional a la privatización.

En 1999, bajo el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, encabezado por Fernando De la Rúa, la corporación española REPSOL compró el 85% del paquete accionario de YPF, valuada en aquel momento en 15.000 millones de dólares.

A fines de 2006, bajo el gobierno peronista de Néstor Kirchner, con la aprobación de la llamada «ley corta» se convalidó la provincialización del petróleo y el gas, a la vez que se otorgaron exenciones impositivas inéditas a la actividad petrolera.

En 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aprobó la llamada «argentinización» de YPF: el Estado recompró acciones hasta el 51%, pero sin reestatizarla y conservando la estructura de sociedad anónima cuya propiedad comparte con el Grupo Petersen-Eskenazi, la española REPSOL y otros accionistas privados. Además, se firmó el acuerdo secreto YPF-Chevron para explotar el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

Todas estas medidas fueron siempre anunciadas púbicamente por los sucesivos gobiernos como pasos importantes para lograr el «abastecimiento de hidrocarburos», para «garantizar el desarrollo económico y sustentable de las distintas provincias y regiones del país», y otras veces con el pomposo título de «alcanzar la soberanía energética».

No sólo ninguno de estos objetivos se alcanzó, sino que nos alejamos de ellos y el derrotero de YPF fue de mal en peor. En realidad verdadera soberanía energética nunca hubo porque YPF manejaba menos de la mitad de toda la actividad petrolera del país, o sea que «estatal» era apenas la cuarta parte.

Hoy la empresa está valuada en apenas 1.500 millones de dólares, es decir 13.500 millones de dólares menos que hace 22 años y arrastra una deuda brutal que ya se había refinanciado en 2020. Entramos ahora en semanas claves, en donde el gobierno intentará volver a reestructurarla, con fecha máxima para el 4 de febrero, después de que un importante grupo de inversores rechazara la propuesta de Guillermo Nielsen, presidente de YPF desde que asumió Alberto Fernández. Nielsen tuvo que renunciar y asumió ese cargo Pablo González, un hombre directo del kirchnerismo y sin trayectoria en el área energética.

Mientras tanto, desde agosto de 2020 a la fecha se viene produciendo un aumento permanente de los precios de los combustibles que llegó al 34%. Sólo en enero de este año 2021 hubo tres subas de precios, afectando brutalmente el bolsillo de la población. Encima, se anuncia un nuevo tarifazo para el 12 de marzo.

Sigue la entrega

La crisis de YPF es una expresión de la crisis global del capitalismo y su refracción en la Argentina. Detrás del famoso 51% de las acciones en manos del Estado, la petrolera está tironeada por las empresas multinacionales que han gozado de todo tipo de beneficios impositivos, libertad absoluta para girar sus ganancias al exterior a simple declaración jurada sin control estatal y avances significativos en reformas laborales para atacar derechos históricos de los trabajadores petroleros. El llamado «Acuerdo para la sustentabilidad y el empleo», aprobado para Vaca Muerta entre el gobierno y la burocracia sindical que encabeza Guillermo Pereyra es otra muestra brutal de este retroceso.

Todas las concesiones a las petroleras privadas extranjeras y nacionales no sólo no aseguraron un incremento de las inversiones ni alcanzar la soberanía energética, sino que la crisis actual puede obligarnos a tener que importar más gas en el próximo invierno con un impacto importante en las tarifas. La crisis actual de YPF confirma el fracaso de la entrega de una empresa estratégica y vital para el pueblo argentino a las grandes petroleras multinacionales, que sólo se ordenan por aumentar sus ganancias mientras destruyen el medio ambiente.

Vaca Muerta ha sido un centro recurrente de la agenda política de todos los partidos capitalistas, sin ninguna grieta. La impulsó el gobierno de CFK, Macri continuó y desarrolló esos planes y ahora Alberto Fernández los mantiene. Pero Vaca Muerta esconde destrucción ambiental, saqueo imperialista, precarización laboral, militarización y represión. Allí utilizan el sistema de fractura hidraúlica denominado fracking: una brutal contaminación de las napas de agua para extraer más rápido el petróleo y el gas enquistados en las rocas. Para liberar los hidrocarburos se inyectan millones de litros de agua mezclados con numerosos químicos, entre los cuales ocho tienen efectos cancerígenos comprobados.

Ahora, el gobierno del Frente de Todos, muy lejos de defender la soberanía nacional y con la excusa de evitar el default, sale al mercado a rifar la empresa energética más estratégica de nuestro país.

Desde la izquierda tenemos otra propuesta

Todos estos años han demostrado el fracaso absoluto de las políticas de privatizaciones o de sociedades mixtas con 51% en manos del Estado. No hay pactos ni negociaciones posibles con las multinacionales, que solamente cuidan su propio bolsillo mientras saquean y contaminan. Sin soberanía energética, seguimos presos de tarifazos y constantes aumentos parciales y vivimos amenazados de una disparada brutal de los precios de los combustibles.

Los socialistas proponemos recuperar YPF para los trabajadores y el pueblo. Necesitamos un petrolera 100% estatal, a través de su reestatización. Queremos una empresa estatal única, nacionalizando toda la cadena de producción y comercialización del petróleo y el gas y poniéndolos bajo control social. No podemos seguir dejando recursos fundamentales para nuestras vidas en manos de empresas imperialistas cuya razón de ser es la rapiña. Proponemos un plan energético nacional con control social que garantice gas natural y luz a todos los hogares del país.

A la vez, proponemos anular los tarifazos y parar ya mismo esta cadena de aumentos que viene de años. Precios congelados para los combustibles, la luz y el gas en los hogares e impuestos crecientes a las petroleras, anulando la rebaja de las retenciones a sus exportaciones que les concedió este gobierno.

Volvemos a decir una vez más No al fracking. Obligar a las empresas que lo utilizan a que reparen los daños ocasionados, garantizando el empleo e igual salario a sus trabajadores. Es necesario también construir una nueva matriz energética, para producir de forma planificada, que no contamine y sea ecosocialista: un circuito que asegure energía como derecho social y desarrolle energías limpias y renovables.

Surgirán voces que nos van a decir que esto no es fácil de hacer. ¡Seguro! ¡Nada fácil! No subestimamos a las corporaciones ni a los grandes poderes. Pero hay que decidirse a enfrentarlos. Nuestras vidas y las de las futuras generaciones dependen de que avancemos en ese camino.

Fuente: Agencias