El Gobierno de Nicolás Maduro busca aumentar las inversiones en el sector petrolero en un intento de reactivar un mercado en ruinas, controlado hasta hoy por la compañía estatal, PDVSA. Venezuela pretende duplicar la producción hasta llegar a 800.000 barriles diarios con el desembarco de contratistas internacionales, principalmente de países aliados del chavismo. La medida, articulada en una ley diseñada para sortear las sanciones de Estados Unidos, supone una flexibilización del sector inédita en un país cerrado a la inversión extranjera.

El propósito del Gobierno es buscar alternativas a Petróleos de Venezuela después de décadas de corrupción y mala gestión. Lo hará a través de una norma, llamada Ley Antibloqueo, con la que persigue poner parches a todo el tejido económico del país. Sin embargo, el aislamiento de Venezuela en el tablero internacional es también una barrera insalvable para hacer negocios transparentes con la mayoría de los países. Una muestra de ello es la red liderada por el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, quien utilizó empresas en México, Rusia o Emiratos Árabes para distribuir el crudo del país caribeño y poder evadir las sanciones, según una investigación publicada por EL PAÍS y Armando.info

“Los vetos y la opacidad informativa de la ley son todo un problema para las compañías occidentales grandes, visibles, expuestas en sus países, obligadas a informar de sus pasos. El temor a las sanciones es todo un impedimento”, comenta un alto ejecutivo del sector que prefiere no identificarse.

Tradicionalmente uno de los grandes exportadores mundiales de petróleo, Venezuela llegó a producir 3,5 millones y medio de barriles diarios de crudo durante varias décadas. La corrupción desbordada, el endeudamiento, la precarización de los sueldos y la emigración del personal calificado de Petróleos de Venezuela han reducido la producción a 400.000 barriles. Hoy PDVSA no puede supervisar ni tutelar el negocio petrolero local aunque quisiera y el Gobierno es consciente de ello.

El giro del chavismo en busca de capitales tiene un cerebro: Tarek El Aissami, vicepresidente económico, una de las piezas del poderío chavista y actual ministro de Petróleo. A Asdrúbal Chávez, nuevo presidente de PDVSA, un dirigente bolivariano vinculado a la industria, se le atribuye haber detenido la caída libre de la producción de los últimos años.

Hace poco Maduro hizo pública la meta oficial de reactivar a largo plazo la producción nacional de crudo 1,4 millones de barriles diarios. Sin embargo, ese objetivo, de acuerdo con expertos como el economista petrolero de la Universidad Central de Venezuela, Rafael Quiroz, “es imposible de cumplir”.

Fuentes vinculadas al negocio petrolero consideran más factible que el Gobierno bolivariano termine de conquistar la voluntad de algunas operadoras privadas venezolanas, de productoras internacionales de diversa procedencia y contratistas de mediano tamaño para reactivar pozos livianos en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, así como campos marginales de la Faja del Orinoco. Maduro podrá apoyarse en el concurso de países aliados, como Turquía, Irán, India, y quizás Rusia y China, pese al enorme endeudamiento del país con ambas. Si este esfuerzo es coronado con éxito, lo que según los expertos es posible, el país podría duplicar a corto plazo su producción hasta los 800.000 barriles.

El interés de las multinacionales petroleras grandes, particularmente las occidentales, ante los nuevos ofrecimientos del chavismo ha sido bien moderado. Miraflores hace nuevas promesas, ofrece votos de rectificación e insiste en hablar de marcos de explotación preferenciales. Algunas de estas compañías, demonizadas en repetidas ocasiones como “vampiros imperialistas”, ya habían tenido que relacionarse antes con un Gobierno prepotente, amenazante, crecido ante los altísimos precios petroleros de la primera década del siglo. No obstante, algunas de estas ofertas, de acuerdo a portavoces consultados que pidieron mantener su nombre en la reserva, “son tardías.”

Biden y las sanciones Las compañías petroleras privadas que operan en Venezuela resienten particularmente de la alta tributación que imponen las autoridades, las dificultades de estos años para repatriar sus activos y la gran deuda que tiene con ellos el Estado venezolano. En el sector privado petrolero venezolano el fin del control cambiario, que duró 17 años, fue recibido con enorme alivio, y está muy extendida la conclusión de que las sobrerregulaciones oficiales lastimaron seriamente a la industria.

“Si Maduro logra ofrecer al capital privado un mínimo de seguridad, y el Gobierno de Joe Biden cediera con las sanciones, el país podría arribar al millón de barriles relativamente rápido”, afirma el economista Orlando Ochoa. “No creo que Estados Unidos retire las sanciones por ahora. Es necesario, además, que las empresas mixtas se reactiven, mantener la capacidad para atender los pozos. Muchas compañías petroleras internacionales siguen en Venezuela, pero trabajando a medias. Venezuela tiene en este momento unos 30 millones de barriles acumulados en sus almacenes que no han podido ser colocados en el mercado”.

Fuente: El Pais