El próximo mes se cumplen 2 años desde que se reglamentó la Ley de Generación Distribuida (Ley 27.424) que posibilitó a las empresas y a las familias generar su propia energía y vender el sobrante a las distribuidoras.

Sin embargo, los avances han sido hasta el momento poco significativos. De acuerdo a la información de la Secretaría de Energía, se encuentran registrados 233 usuarios-generadores que, en total, instalaron 2.204 kWp.

Si bien este número no tiene en cuenta los proyectos que se han realizado por fuera del régimen nacional (actualmente hay 12 provincias adheridas a la Ley Nacional; 9 que tienen sus propios regímenes; y 3 que no implementaron todavía ninguna acción al respecto), el número es muy bajo si se lo compara con otros países.

Por un lado, se observa que la potencia en GD en relación al total de la capacidad fotovoltaica instalada es reducida: a nivel mundial, es el 35%; en Argentina, es menos del 0,3%.

Y por el otro, en países de la región el número es mucho más significativo, como Chile, que tiene más de 5.000 instalaciones con un total de 46 MW de potencia y Brasil, con 90.000 usuarios, y 800 MW en funcionamiento (según datos del 2019).

En este sentido, cabe preguntarse cuáles son los principales factores que obstaculizan las nuevas instalaciones en nuestro país. En primer lugar, no existe un horizonte claro en relación a la evolución futura de las tarifas de electricidad, por lo cual no es posible conocer con certeza el tiempo de repago de las inversiones; en segundo lugar, todavía se encuentra pendiente la reglamentación de los principales incentivos para fomentar inversiones en GD que fueron creados por la mencionada Ley; y, por último, la falta de acceso al crédito para financiar proyectos de energía renovable distribuida.

En relación al primer escollo, actualmente rige un congelamiento de tarifas de energía eléctrica, decretado en marzo de 2019, que luego fue prorrogado hasta la actualidad.

Evelin Goldstein, Economista especializada en energías renovables.

Si bien en algún momento se dejará de prorrogar el congelamiento –tal vez con la implementación de un esquema diferencial para el sector residencial o para los segmentos de menores ingresos – no existe un sendero concreto de evolución futura de las tarifas de energía eléctrica.

El segundo y el tercer obstáculo se encuentran vinculados. La normativa contempla la creación del Fondo para la Generación Distribuida (FODIS) como instrumento para incentivar la instalación de equipamiento de generación renovable distribuida a través de préstamos, bonificación de tasas de interés para créditos, bonificaciones para adquisición de sistemas, garantías, créditos fiscales, entre otros.

Adicionalmente, se menciona que podrán establecerse primas sobre el precio de la energía renovable inyectada, aunque la normativa no define específicamente cómo se implementarían dichos beneficios.

Si bien ya se estableció que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) será el fiduciario y, asimismo, se publicó el modelo de contrato, todavía restan reglamentaciones para su instrumentación.

La aplicación del FODIS, por tanto, es clave para otorgar incentivos promocionales sobre la retribución por la inyección de energía pero también para ampliar la disponibilidad de crédito para proyectos de GD.

De acuerdo a información del Presupuesto Nacional 2021, el FODIS tiene fuentes de financiamiento por $114 millones además de los $500 millones iniciales que provinieron de Aportes del Tesoro Nacional.

En ese sentido, si el próximo año comenzara la instrumentación del FODIS y se destinaran los fondos disponibles para canalizar créditos para inversiones en GD, éstos alcanzarían para instalar, aproximadamente, 6.000 kWp (6 MW).

¿Es poco? ¿Es mucho? Depende del parámetro de comparación. Si se toma como referencia que el objetivo de la Ley de GD era motorizar la instalación de 1.000 MW en 10 años, entonces es muy poco.

Pero si se considera que este año se instalaron 2.000 kWp (2 MW), entonces es bastante. Es decir, el FODIS permitiría triplicar la potencia instalada en el último año.

Uno de los beneficios que sí ha sido reglamentado, y que ya se encuentra disponible, es el certificado de crédito fiscal. En la normativa se estableció el otorgamiento de un certificado de $30.000 por kw instalado (con un máximo de $2 millones por proyecto).

A pesar de que el beneficio ha sido fijado en pesos y las inversiones son en dólares, por lo cual se vuelve menos relevante a medida que se producen devaluaciones cambiarias, se trata de una herramienta atractiva porque impacta en la disminución del costo real de los proyectos.

En concreto, una instalación de 65 kWp con un valor de inversión de aproximadamente de U$S 84.500, podría contar con un crédito fiscal de U$S 25.000, generando una disminución del 30% del costo en dólares y reducir el plazo de repago de la inversión en aproximadamente dos años.

Sin dudas, la sanción de la Ley nacional de GD y su reglamentación han sido un gran paso. También lo ha sido la adhesión de la mayoría de las provincias del país y los avances sucedidos para comenzar a instrumentar algunas de las herramientas creadas para promocionar las inversiones.

Sin embargo, todavía resta un largo camino por recorrer si se quiere apoyar su desarrollo. No debe olvidarse que los países pioneros en impulsar este tipo de generación de energía eléctrica, como Australia, Alemania y luego China e India, donde existen decenas de Gigawatts instalados, lo han hecho a través de esquemas de incentivos sobre tarifas de inyección de energía renovable, planes de financiamiento para las inversiones e, incluso, utilizando medidas de obligatoriedad para promover la GD.

Tal es el caso de California y Nueva York que establecieron que sea mandatorio la instalación de paneles solares en los techos de las nuevas construcciones de edificios.

Los beneficios de impulsar la GD son múltiples: descongestiona las redes de transporte al generar la energía cerca de los puntos de consumo; impacta en el desarrollo socioeconómico local ya que impulsa la contratación de mano de obra; tracciona la producción de bienes y servicios nacionales para la construcción de los pequeños y medianos parques y, por último, reduce emisiones de dióxido de carbono resultando una medida más de mitigación frente al Cambio Climático.

Primero tenemos que convencernos de que ese es nuestro Norte. Para eso, vale la pena destacar que, además de los beneficios de la GD que son “genéricos” – mencionados anteriormente- Argentina tiene al menos tres grandes ventajas que le son específicas: 1) altos niveles de radiación (por ejemplo, todas las capitales de las provincias del país, excepto Ushuaia, tienen mayor irradiación que la ciudad de Berlín en Alemania, donde llevan más de 36 GW instalados); 2) espacio disponible para instalar sistemas fotovoltaicos en los techos de edificios y casas en centros urbanos y, más aún, en zonas aledañas, donde existe metros cuadrados de sobra; y 3) empresas nacionales con capacidad de proveer componentes (se producen tableros, cables, transformadores y estructuras de soporte para los paneles) y desarrollar la ingeniería y construcción de los parques fotovoltaicos. Una vez que estemos convencidos, entonces, hay que implementar las políticas públicas necesarias que permitan una expansión de las inversiones en GD y, al mismo tiempo, que impulsen el crecimiento de las empresas proveedoras de bienes y servicios nacionales.

Fuente: Energía Estratégica