En el proyecto de ley de Presupuesto el Poder Ejecutivo incluyó un artículo que elimina el monopolio de la petrolera estatal en los puertos de la Administración Nacional de Puertos (ANP).
El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini defendió la iniciativa en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. “El negocio del bunkering -así se llama el suministro de combustible a buques- es un negocio del cual Ancap se ha ido retirando desde el año 2010 en adelante, por dos causas: por su menor disponibilidad de fueloil -en la medida en que su dieta de crudos ha ido migrando hacia crudos más livianos y, por lo tanto, el subproducto, que es el fueloil, está menos disponible- y también porque ha preferido realizar contratos con las pasteras (UPM y Montes del Plata), que son contratos que le dan seguridad de precio y le dan estabilidad al suministro. Ambas cosas han hecho que de 300.000 metros cúbicos en 2010, se pasó a 70.000 el año pasado”, indicó Paganini.
“¿Qué efecto tiene esto para Ancap? No mucho. Es un negocio de nicho”, dijo el ministro y agregó: “Nuestros puertos suelen tener dificultad para aprovisionar a los buques con ese combustible” y entonces “tiene que repostar en algún otro puerto de la región, en particular, en el superpuerto cercano a Casino o en el Puerto de Buenos Aires. O también puede repostar en el Río de la Plata, ship to ship (barco a barco), pero desde Buenos Aires y no desde Montevideo como podría ser”.
“La transformación que está llevando adelante el Puerto de Montevideo, que va a tener calado de 14 metros y muelles nuevos genera toda una oportunidad para fortalecerlo como un puerto de mayor y mejor servicio para los buques de la región, posicionándose mejor en la competencia de puertos que desde siempre tenemos con los puertos cercanos”, explicó Paganini.
“En ese sentido, el monopolio de Ancap aquí es un obstáculo. Es un negocio pequeño para Ancap. No es un negocio que tenga ninguna relevancia en su monto total de facturación; lo va a poder seguir haciendo, pero que sería bueno que otra gente también lo haga para asegurar que hay suministro de combustible para buques y que no tengan que pensar en repostar en otro lado”, afirmó.
“La propuesta es abrir el espacio para que lo realice cualquier particular que lo quiera desarrollar, más allá de que Ancap también podrá colocar sus productos”, añadió. El primero en salir al cruce en este punto fue el senador frenteamplista y exministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. “El artículo 298 no solo incluye a los puertos comerciales, sino también a los deportivos. La venta de combustible es monopolio de Ancap y creemos que debe ser así en todo el territorio nacional, incluidas las aguas”, expresó.
Paganini señaló que “el monopolio, filosóficamente -podemos compartirlo más o menos- fue previsto para asegurar el suministro de combustibles al mercado uruguayo y no para que Ancap no tenga problemas”.
“El monopolio es un objetivo en sí mismo, es decir que, por una cuestión estratégica, nos aseguramos de que los combustibles estén disponibles y para eso le damos la seguridad a Ancap de que va a poder funcionar. Será discutible si ese instrumento es válido o no, pero hay otro negocio que no tiene nada que ver con este objetivo estratégico: tener un puerto competitivo, que le va a dar combustible a buques que salen del país, no a la economía uruguaya en sí misma. El hecho de tener un atractivo para esos buques también es estratégico para el país y si el monopolio ahí es un obstáculo levantemos el monopolio”, planteó el ministro.
La senadora frenteamplista Amanda Della Ventura preguntó “cuál es el impedimento para que la importación la haga Ancap, por cuenta y orden del cliente, sin eliminar el monopolio que, aparentemente, para algunos señores senadores no es importante” y si había “alguna propuesta concreta de algún privado interesado en esto. Quisiera saber si no existe riesgo de que lo comprado por un privado termine siendo contrabandeado al mercado interno”.
En tanto, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos cuestionó: “cuál es la urgencia de incluir este tema, justamente cuando estamos en vísperas o a poco tiempo de considerar una iniciativa sobre combustibles que abordará el tema de manera integral. Reitero: ¿por qué este tema tiene que estar en este proyecto de ley de Presupuesto y no puede esperar a los primeros meses del año que viene?”.
Respecto al planteo de Della Ventura sobre por qué Ancap no importa el fuel oil para barcos, Paganini dijo que es un negocio que “tiene un nivel de riesgo, que los traders hacen bien -porque es lo que hacen-, pero que para Ancap es un negocio bien diferente y no es lo que hace. Entonces, ¿por qué le vamos a dar ese problema a Ancap, que de hecho está rehuyéndolo?”. El ministro no respondió la otra consulta de Della Ventura ni la de Manini Ríos.
Contrato de cal por US$ 400 millones
La empresa subsidiaria de Ancap Cementos del Plata firmó un contrato por cuatro años para abastecer a la empresa brasileña que gestiona la central energética de Candiota, por US$ 400 millones, indicó el presidente de la petrolera, Alejandro Stipanicic, a Comunicación Presidencial. “Con esta licitación ganada, la planta de cal de Treinta y Tres retuvo a su principal cliente y retomará la actividad”, agregó.
Tras una década de relación comercial, en junio finalizó el contrato con la empresa brasileña CGT Electrosul, que, por este motivo, abrió una licitación para abastecer a la central de Candiota durante los próximos cuatro años, relató el presidente de Ancap”, aegún Presidencia. “Este proceso ponía en riesgo la viabilidad de Cementos del Plata, porque podía perder a su principal cliente y, en consecuencia, cerrar la planta”, añadió Stipanicic. Tras una licitación donde el adjudicatario inicial fue una firma brasileña, finalmente su oferta fue descalificada y Cementos del Plata retuvo al cliente.
Juan Sartori y las industrias de US$ 1.000 millones
El senador del Partido Nacional Juan Sartori destacó algunos artículos de la ley de Presupuesto donde se agilizan procesos y trámites, sobre todo en mineria. “Considero que en el contexto actual de nuestro país y del mundo, este ministerio (de Industria, Energía y Minería) tiene un papel fundamental que jugar en la reorganización de las políticas públicas que puedan atraer esa inversión y esa generación de empleo que tanto necesitamos”, señaló.
“Si vamos a la historia, vemos que a la ganadería le tomó 200 años exportar US$ 1.000 millones; a la forestación, 30 años; y a la soja, 10 años. Creo que en nuestro país tenemos cuatro o cinco industrias que en los próximos cinco años podrían exportar más de US$ 1.000 millones, pero precisan la velocidad del mundo de hoy en los recursos naturales que tenemos. La minería, la piscicultura y el cannabis son industrias de ese tipo, y en muchos casos no pudieron desarrollarse por exceso de burocracia o lentitud en entender el marco jurídico que necesitaban”, afirmó Sartori.
El también empresario tuvo un emprendimiento (Union Mineral Group) y de cannabis (este luego lo vendió a una empresa canadiense). “Se precisa más estímulo, más exoneración, más empuje para que la inversión se radique, porque parecería haberse instalado el sentir de que como nos fue bien con la pandemia, Uruguay está de moda y va a venir mucha inversión, pero el límite de eso es la competitividad de nuestro país, la velocidad de las políticas públicas, de la administración, cuando uno solicita un permiso o hace un pedido de autorización”, planteó Sartori.
Fuente: El País