Uno de esos mojones se zanjó el pasado viernes cuando la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) aprobó una nueva metodología para definir los Precios de Paridad de Importación (PPI). Ese ejercicio (teórico) calcula el costo que tendría importar combustibles refinados del exterior para comercializarlos en la plaza local.

Como Ancap tiene el monopolio, el gobierno pretende que las tarifas de los combustibles “tiendan” a converger hacia lo que arroja esa paramétrica de referencia que se ajustará mensualmente. En el Poder Ejecutivo no se quieren comprometer a una fecha, pero quieren avanzar lo máximo que se pueda en esa línea durante el correr de 2021.

Un comité de expertos está actualmente realizando una revisión integral de todo el mercado de combustibles y se prevé esté listo para mediados de diciembre. El Ministerio de Industria Energía y Minería tomará ese informe para presentar en enero del próximo año una propuesta al Parlamento con los cambios que están previstos implementar en el mercado de combustibles, tal cual fue definido en la ley de urgente consideración (LUC).

La foto de los números hoy

De acuerdo a la nueva metodología aggiornada de la Ursea de PPI a octubre, un litro de gasoil común debería costar al público $ 34,02 por litro, ese precio es $ 6,38 más barato que los $ 40,40 que tiene Ancap hoy.

En el caso de la nafta Súper 95 la brecha no parece tan significativa. El valor teórico de PPI arroja una cotización de $ 53,59 versus los $ 54,95 de Ancap (+ $ 1,36).

En el Poder Ejecutivo quieren avanzar particularmente en el caso del gasoil porque es un combustible relevante para la producción y que tiene un derrame sobre las tarifas de otros bienes por los costos asociados al transporte.

La revisión de la paramétrica de la Ursea incluye algunos viejos reclamos de Ancap como un sobrecosto de los agrocombustibles de origen nacional (biodiésel y bioetanol) que el ente petrolero está obligado por ley a mezclar con el gasoil y las naftas en un 5%.

Los valores a los que llega la Ursea se hacen con el supuesto de que todos los ítems que juegan en la cadena del mercado de combustibles no sufren cambios. Es decir, el precio del gasoil incluye, por ejemplo, el peso del fideicomiso del gasoil de $ 3,48 por litro.

¿Por qué la corrección entre la brecha del PPI y los precios que vende Ancap no se aplicará de forma automática desde enero de 2021? El gobierno quiere transitar por un período de transición para que Ancap se vaya acomodando a las nuevas reglas. Está claro que hoy los números del ente petrolero sufrirían un duro golpe. En diciembre, cuando se comience a hablar del ajuste de las tarifas, los ministerios de Economía, Industria y la OPP definirá qué camino se recorre y qué tiempo se le da a Ancap para que vaya convergiendo a ese objetivo de PPI que se definió en la LUC.

Además, hay otros temas por resolver como el subsidio anual por unos US$ 40 millones que tiene la tarifa del supergás, donde se da la tendencia opuesta y el precio de PPI es bastante superior al que lo vende Ancap. Acá el gobierno tiene algunos escollos porque hay contratos firmados con los distribuidores hasta 2023, pero no tendría mayores obstáculos para corregir las tarifas.

Otras de las innovaciones que piensa instrumentar el Poder Ejecutivo es que las tarifas de los combustibles puedan modificarse de forma más periódica atendiendo lo que sugieran los informes mensuales de la Ursea. Esto también obligará a Ancap a tener otro tipo de cobertura de sus compras de crudo en el mercado internacional.

Fuente: El Observador