La defensa de Lula sostiene que, en Estados Unidos, la empresa estatal se declaró culpable. También identificó a ejecutivos y políticos presuntamente involucrados en esquemas de corrupción. No mencionó el nombre del expresidente de forma directa o indirecta.

En Brasil, sin embargo, Petrobras dijo que era una víctima y acusó al PT de ser parte de un plan contra la empresa estatal, que luego fue investigado y resultó en la condena de Lula en el caso del departamento de Guarujá. El expresidente apeló al STJ contra la condena. La defensa pidió que el juicio se convierta en diligencia debida. Sostuvo que es necesario analizar los acuerdos firmados en la jurisdicción de Estados Unidos y sus consecuencias en Brasil. La solicitud fue rechazada.

Luego, los abogados apelaron al STF. Dijeron que la negación del STJ afirma las garantías de paridad de armas, de amplia defensa y del adversario, causando daño al expresidente.

Fachin dijo que la información que busca la defensa de Lula es inherente a acuerdos de carácter contractual.

Según el ministro, los documentos recogen diferentes documentos, "formados bajo una forma legal y con fines absolutamente diferentes y autónomos de lo que se discute en el proceso penal". Es decir, la información no tendría relación con los hechos procesales que llevaron a la condena del expresidente.

Fachin agregó que el caso penal está bajo la jurisdicción del STJ para el análisis de la apelación especial y no para la revisión de pruebas. El magistrado negó dar seguimiento a la denuncia y, también, a la solicitud alternativa de otorgamiento de hábeas corpus de cargo.

Fuente: Power 360