La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado que, por no ser compatibles con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la Constitución, declare nulos el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014,
que establecieron los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, entre ellos el fracking.

“Teniendo abundante evidencia científica e información con múltiples aristas de los riesgos y daños irreversibles al recurso hídrico y, en general, al medio ambiente que pueda verse comprometido con la práctica de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales y, por consiguiente los ecosistemas que dependan de éstas, razón por la cual la práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución Política”, afirmó en un comunicado el órgano de control.

Es importante señalar que este pronunciamiento se refiere únicamente a la solicitud de nulidad de las normas que conforman el reglamento técnico y no a la técnica del fracking. Ante este concepto, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) consideró que en los argumentos planteados se cita de manera equivocada el principio de precaución y de desarrollo sostenible, al confundir impactos con riesgos y desconocer que lo relevante en este tipo de proyectos es el alcance del principio de prevención, que permite el manejo de los impactos a través de lo dispuesto en las licencias ambientales.

“La industria del petróleo y gas ha sido aliada del desarrollo nacional y ha actuado en el marco de lo dispuesto por las licencias ambientales en sus proyectos, de manera que los impactos existentes puedan prevenirse, mitigarse o compensarse”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

Daños irreversibles

El Ministerio Público aseguró que de darse un daño ambiental éste resultaría irreversible, “teniendo en cuenta que Colombia no cuenta con una línea base confiable de información ambiental e hidrológica, ni capacidad de monitoreo y control para ello, ni acceso a la información ambiental, geológica, geofísica, geoquímica y sísmica”.

Así mismo consideró que, en caso de contaminación hídrica, esta repercutiría en daños irreversibles a los ecosistemas, fauna y flora del país, sin descartar el potencial daño a la salud del ser humano, no solo de quienes laboran y se exponen a las sustancias que hacen parte del proceso de fracturación, sino de quienes habitan en sus alrededores.

No obstante, Germán Espinosa, presidente de Campetrol, manifestó que, hasta la fecha, no se tiene la certeza científica suficiente para aseverar que la utilización del fracking genera un daño irreversible al medio ambiente y, en esa medida, la nulidad del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 no debería prosperar.

De igual manera, dice Espinosa, “resulta contradictorio aplicar el principio de precaución como lo menciona la Procuraduría ya que se está buscando la nulidad de las normas precisamente porque a la luz de los demandados estas violan el principio, de ahí que no cabe su aplicación”.

Con los Proyectos Pilotos de Fracking, se podría mantener la posibilidad de exportar crudo que representan hoy US$24.000 millones, y garantizar ingresos fiscales a la nación de $10 billones. Incluso, los recursos de hidrocarburos en el Valle medio del Magdalena se estiman en 5.000 millones de barriles que son más de tres veces las reservas actuales.

Propuestas para el fracking

Entre tanto, el país avanza en la posibilidad de empezar con el fracturamiento de pozos para la extracción de gas y petróleo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos cumplió con el cronograma establecido y ya dio a conocer que Ecopetrol, ExxonMobil y la minera Drummond son las empresas habilitadas para que hoy inicie la presentación de propuestas para hacer los pilotos.

Luego de que en septiembre se abriera el proceso de selección y se publicaran los términos de referencia definitivos para iniciar la actividad, la ANH dio a conocer que las tres ya mencionadas eran parte de la lista preliminar de habilitadas para participar en este negocio.

Con este cronograma, y si las empresas y el Gobierno cumplen con lo requerido, la adjudicación de contratos de pilotos de fracking se haría el 23 de noviembre de este año, y a partir de ahí empezaría la celebración de contratos, incluyendo el trámite de licencias ambientales.

Fuente: Vanguardia