La prolongada demora que registra la presentación oficial del plan de estímulo gasífero que se viene barajando desde fines de mayo y la falta de precisiones de los funcionarios del ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía encargados de definir las reglas de juego han potenciado las dudas e interrogantes sobre los alcances reales y los costos fiscales de la iniciativa.

El plan para incentivar la producción gasífera que la administración de Alberto Fernández tiene en las gateras prevé la puesta en marcha de dos medidas clave. Una de ellas es la realización de una mega subasta con precio tope para contratar todo el gas que demandan las distribuidoras y las usinas térmicas. Y la otra es la implementación de un nuevo esquema de subsidios para cubrir la diferencia que surja entre el precio final de la subasta y el valor del gas que el Estado decida trasladar a las tarifas finales de los usuarios.

El Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) -que agrupa a especialistas, académicos y ex reguladores identificados con el Justicialismo- advirtió que ¨el Plan Gas puede contribuir a la solución del problema gasífero y eléctrico si se modifican las condiciones que perjudican las posibilidades de una alternativa nacional, ya que tal como está planteado desangra al Tesoro con una carga de subsidios impagables”.

En el último documento de trabajo titulado “El dilema de YPF y el Plan Gas”, el IESO plantea que es posible incrementar la actual producción diaria de gas de 130 millones de metros cúbicos a 145 millones de metros cúbicos el próximo año si se aplica “una política energética de Estado firme y concreta”.

“Con ello no resultaría necesario importar GNL, ni ceder a la presión del lobby petrolero para conseguir un plan que, tal como está diseñado, le permitiría una posición de privilegio y una exagerada renta asegurada, con un precio fijo en dólares por 4 años en plena época de emergencia económica pospandémica”, sostiene el informe.

Con las firmas de Marcos Rebasa, Andrés Repar, Ernesto Quiles y Juan Carlos Tesso, el trabajo del IESO resalta los siguientes puntos:

–Con la capacidad de producción de la zona madura de Vaca Muerta se podría superar el déficit actual de abastecimiento interno en 3 o 4 años.

–La rentabilidad de la producción no convencional es muy importante con los actuales precios de venta al mercado de entre 2,50 y 3 dólares el MBTU que superan los costos estimados en los balances de las propias empresas productoras.

–Si se mantienen los precios actuales de la producción de gas -excepción hecha de los valores de la resolución 46 de Aranguren que se extienden hasta finales de 2021-; además de alentar el resurgimiento de la producción y el trabajo de nuestra economía, podríamos optimizar notablemente el costo de la energía eléctrica, en cuya matriz el gas tiene una importancia determinante. El precio actual que paga Cammesa por esa energía ronda los 2,50 dólares el MBTU o menos, y, aplicado en simultaneidad con otras medidas conexas, permitiría reducir el costo del MWh., con la consiguiente reducción sustancial de subsidios a la electricidad, cuya carga aqueja hoy también al presupuesto nacional”.

–YPF representa aproximadamente un tercio de la actividad hidrocarburífera del país y si encara más perforaciones propias estaríamos en condiciones de resolver el autoabastecimiento.

–Para ello se necesita el financiamiento estatal y la reorganización de la estructura societaria de YPF que debe volver a ser empresa de bandera, ya que actualmente no responde a las necesidades de la expansión nacional de producción de hidrocarburos a precios razonables.

Por último, el documento del IESO considera que, para que el Plan Gas sea viable, se debería limitar el precio techo a los valores actuales del mercado, adecuar su precio en dólares y financiar la producción de nuevos pozos con la intervención de la estatal IEASA asociada con YPF mediante un fideicomiso con recursos públicos y aportes privados.

Por su parte, los técnicos identificados con el radicalismo del Instituto Argentino de Energía General Mosconi (IAE) también apuntaron sus dardos contra el proyecto oficial que busca revertir la caída que se viene registrando en la producción gasífera desde el segundo semestre de 2019.

El centro de estudios que conduce el ex secretario de Energía del gobierno alfonsinista, Jorge Lapeña, planteó que el Gobierno debe “explicitar cuanto antes cuál va a ser la política tarifaria en materia de gas natural y energía eléctrica porque con el nuevo plan se corre el riesgo de sumar un fracaso similar al registrado con la reciente experiencia del ´barril criollo´, que podría condenar al aparato productivo y a las familias a tener que pagar un precio del gas innecesariamente alto en los próximos años”.

Los técnicos del Instituto Argentino de Energía (IAE) destacaron que, de acuerdo con los datos que figuran en el Presupuesto 2021, las partidas previstas para el Plan Gas solo alcanzarían para cubrir alrededor del 10% del monto total del subsidio que estaba previsto inicialmente para reactivar la producción gasífera.

Advirtieron que tanto el crédito de 20.645 millones de pesos (poco más de 200 millones de dólares), como las metas físicas de producción de sólo 2.525 millones de metros cúbicos anuales que aparecen en el Presupuesto 2021 “resultan realmente exiguas frente al total del gas consumido en el país”.

Ante esta situación, el IAE planteó la siguiente disyuntiva: “O el Gobierno planea aumentar el precio del gas que paga la clientela más de un 40% en dólares o bien los recursos presupuestarios resultarán insuficientes”.

Para los especialistas del Mosconi, con la nueva versión del Plan Gas 4 solo se estaría asegurando el abastecimiento que tienen actualmente las distribuidoras y usinas térmicas, pero no el incremento de la demanda que se espera para los próximos meses por la reactivación del consumo y de la actividad económica.

Fuente: Energía y Transporte