sus intenciones de llevar a cabo cambios constitucionales que incluso fueron plasmados como una posibilidad en la agenda legislativa de este periodo de sesiones para implementar un modelo energético que reduzca la participación privada y amplíe la de Pemex y la CFE, las posibilidades políticas, jurídicas y hasta los acuerdos internacionales postergarán esta discusión por lo menos hasta el 2021, mientras que de facto continuarán las acciones por parte de los agentes de gobierno para obstruir la competencia y devolverle poder sustancial a las empresas estatales, consideraron especialistas.
Aunque a partir de diciembre del 2018 comenzó la implementación de una nueva política energética en el país, que pretende devolver poder de mercado a las estatales, el marco legal establecido en la reforma del 2014 ha permitido cambios únicamente a nivel de acuerdos reglamentarios, sin que hasta el momento se haya modificado ninguna norma de mayor envergadura. Sin embargo, en agosto el presidente consideró que con esto no será suficiente para contener el avance de la actividad privada puesto que legalmente el poder judicial ha detenido los ordenamientos de la nueva administración por estar fuera del marco legal.
Arturo Carranza, consultor en temas energéticos, explicó a El Economista que tras haberse reunido con integrantes de órganos reguladores y otras personalidades del sector energético, el presidente ha dicho que su gobierno continuará transitando por la ruta hasta ahora recorrida para avanzar en el objetivo que se ha planteado con respecto a fortalecer a las empresas públicas de energía.
“Esto significa que en los próximos meses el Ejecutivo no propondrá cambios para modificar el marco jurídico de las industrias petrolera y eléctrica, con lo que estaría honrando el compromiso que hizo como candidato presidencial en cuanto a respetar el andamiaje institucional que se creó con la reforma del 2013-2014”, dijo. Sin embargo, pasadas las elecciones intermedias en el Congreso, es probable que el mandatario presente propuestas para modificar las bases legales que rigen al sector.
Fuente: El Economista