Un “acuerdo de interrupción” de pagos de intereses y capital, aludiendo problemas para hacer frente a los compromisos por las sanciones de Estados Unidos.

La vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, dijo que la propuesta tendrá validez hasta el próximo 13 de octubre y que fue ideada en un intento de Venezuela por evitar que los tenedores “resulten afectados por el ilegal accionar de quienes detentan el poder en Estados unidos”.


“Venezuela se ha caracterizado siempre por dar fiel cumplimiento a sus obligaciones de pago por los servicios de deuda externa, a pesar de la criminal agresión multiforme perpetrada contra el país”, añadió, leyendo un comunicado que, aseguró, se envió a los tenedores.

Rodríguez también dijo que esta propuesta es parte del programa que inició en 2017 el Gobierno de Nicolás Maduro para reestructurar la deuda venezolana.

Aquella vez, Venezuela convocó en Caracas a los tenedores de los llamados “bonos soberanos” y de los bonos de PDVSA para “la construcción conjunta de mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de los compromisos”, según dijo entonces el funcionario Tarek El Aissami, actual ministro de Petróleo del país sudamericano.

Pero, aseveró Rodríguez, la emisión de nuevas medidas restrictivas “ha impedido el desarrollo de este esfuerzo de diálogo para alcanzar el objetivo de reestructuración anunciado”, por cuanto algunos plazos de reclamación de intereses y capital “han comenzado a correr”.

Estados Unidos ha dictado sanciones contra varias decenas de funcionarios y empresas venezolanas, una decisión que el Gobierno de Maduro ha asegurado le impide acceder a financiación o comprar bienes básicos en el mercado internacional.

En ocasiones, pesan sanciones sobres los responsables gubernamentales o empresas encargadas de efectuar pagos o hacer compras, lo que impide a los proveedores de servicios o agentes financieros servir como operadores.

Es el caso del ministro de Petróleo de Venezuela, sobre el que incluso pesan acusaciones estadounidenses por presunto narcotráfico.

En ese sentido, Rodríguez dijo hoy que Venezuela entiende que muchos tenedores pudieran requerir “licencia o aprobación regulatoria” para aceptar la oferta de interrupción de pagos, y que, en la medida de lo posible, se sumaría a los esfuerzos para que estos obtuvieran los consentimientos de sus respectivos Gobiernos.


Fuente: Panorama