Para 2018, la inversión estimada era de US$ 200 millones en dos pozos petroleros del yacimiento y para 2019 de hasta US$ 25 millones si no se aprobaba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) -que fue observado por Senace en marzo de ese año y retirado en junio por Geopark-. La empresa realizó en el Lote 64 la elaboración del EIA, trabajos de mantenimiento y actividades sociales y ambientales.

En este contexto, se suma la caída de la cotización del petróleo, que registró número negativo en abril y actualmente bordea los US$ 40 el barril. A ello se suma el descontento de los pueblos Achuar y Wampis, ubicados en la zona del Lote 64. Los Wampis presentaron una demanda contra Geopark por movilización de sus trabajadores durante el confinamiento. Desde los achuares, el apu Nelton Yankur indicó a La República que no quieren a “ninguna empresa extractivista”, aun si se trata de una estatal. Apunta a que en la zona quedó un impacto pasivo ambiental ocasionado por Talisman, quien tuvo la titularidad junto con Hess del lote hasta 2013.

Epifanio Baca, coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana, apuntó a Petroperú “debe atender servicios de salud, educación, servicios básicos como agua para consumo humano y reparar los daños ambientales”, y responder a las demandas de los pueblos. Las reservas certifi cadas del Lote 64 son de 83 millones de barriles, según las fi rmas Ryder Scott y Gregorian Mac Nottle.

Ofrecer los dos lotes a un socio inversor

Petroperú anunció que se revisará la manera eficiente de operar el lote con un socio inversor. Para Aurelio Ochoa Alencastre, especialista en temas energéticos, el yacimiento se podría ofrecer en conjunto con el Lote 192 a grandes empresas de la industria petrolera para continuar la exploración de petróleo.

Fuente: La República - Perú