Ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, mismo que otorgó las suspensiones a la industria y a organizaciones no gubernamentales contra la política y el acuerdo de confiabilidad en el sistema eléctrico de la Secretaría de Energía y el Cenace, Pemex pidió que se suspendan las obligaciones que entraron en vigor el 1 de julio y que por ser dueño de 87% de la infraestructura está en posibilidades de cumplir, aunque busca tiempo para cumplir con sus obligaciones de publicación de información y también para ofrecer una tarifa que satisfaga sus necesidades.

Así, el juzgado detalló al Consejo de la Judicatura Federal que la filial Transformación Industrial pretende ampararse de la obligación de rendir informes de volúmenes de inventario mínimos de petrolíferos en la primera quincena del mes de junio de 2020, contenida en los numerales 5.3.3, 5.3.9 del Acuerdo que modifica el diverso por el que se emite la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos.

De acuerdo con Ramsés Pech, analista de energía, lo que lleva a cabo la estatal mediante este amparo es proteger sus ingresos que vendrán de la tarifa de 3.5 centavos por litro en los tickets, misma que fue diseñada por Pemex y no por la Comisión Reguladora de Energía, por lo que la industria podrá tomar medidas legales contra ésta y retrasar la llegada de ingresos para la empresa.

“Lo que están haciendo es proteger su contrato de los ticket; la tarifa y la forma como lo harán debido a que es dinero que entrará adicional”, dijo el experto. La política de almacenamiento establece que los comercializadores y distribuidores de gasolinas y diésel tienen la obligación de contar con un inventario mínimo de combustible equivalente a cinco días de venta en los próximos seis años.

Los participantes del mercado de diésel deberán cumplir con una obligación de tres días y para ello Pemex puede venderles tickets a manera de bonos con los que apartan la capacidad que necesitan para cumplir con sus obligaciones.

Fuente: El Economista - México