Andrés Espinosa Fenwarth - Miembro del Consejo Directivo del ICP

En marzo de 2020, Bioenergy se acogió formalmente a las normas de reorganización previstas en la Ley 1116 de Insolvencia Empresarial.

En junio de este año, la sociedad alcoholera, que emplea a 1.300 trabajadores (750 directos y 550 indirectos), solicitó la terminación del proceso de reorganización para darle paso a la liquidación judicial, fundamentada en la disminución de sus ingresos, la aguda iliquidez generada por la ausencia de financiamiento acorde con las necesidades de capital de trabajo, el mal comportamiento de los precios de los hidrocarburos que le impide a Ecopetrol seguir otorgando recursos para su operación y el negativo impacto de las importaciones subsidiadas de etanol provenientes de Estados Unidos, cuyos mayoristas y comercializadores locales –con exorbitantes márgenes del 37 por ciento– acorralan al bioetanol colombiano.

La determinación de liquidar judicialmente a Bioenergy se formalizó ante la Superintendencia de Sociedades, a pesar de la propuesta de su principal acreedor, Bancolombia, de condonar el 40 por ciento de la deuda y los esfuerzos de la administración para mejorar la productividad agrícola –golpeada por el descalce de tiempos entre el cultivo de 20.000 hectáreas de caña de azúcar y la producción de alcohol carburante–, reducir los costos operacionales y explorar diversas alternativas para viabilizar este negocio agroindustrial.

La Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia, Asorinoquia, sostuvo la semana pasada una reunión en Puerto López con el agente liquidador de Bioenergy, el exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, con el objetivo de buscar alternativas para impedir la liquidación de la empresa.

Para ello, existe una ventana de oportunidad de tres meses antes del declive productivo terminal de los cultivos de caña. En opinión del liquidador, el futuro de Bioenergy depende de sus principales acreedores: Bancolombia, Banco de Bogotá, Riopaila, los empleados, la Dian, el Icbf y el Sena.

El liquidador destacó que para aprovechar la valiosa capacidad instalada de la compañía se deben sembrar 6 mil hectáreas adicionales de caña, lo cual exige un esfuerzo financiero de cien mil millones de pesos para reiniciar la obtención de bioetanol.

Una de las opciones evaluadas se desprende del Decreto 811 de 2020 sobre inversión y enajenación de la participación accionaria del Estado en entidades privadas, públicas o mixtas en el marco de la Emergencia Económica, el cual permite tomar medidas excepcionales para garantizar la continuidad de la operación de aquellas instituciones que presten un servicio de interés público.

Así las cosas, vale la pena tomar acciones conjuntas y solidarias entre el Gobierno, los acreedores, los proveedores y los trabajadores para salvar la destilería de bioetanol más grande y moderna del país. En caso contrario, se impondrá, inexorablemente, su liquidación.

Fuente: Portafolio - Colombia