Por Carlos Ramírez López

Esta decisión judicial fue el final del proceso por el cual la administración del gobierno interino de Juan Guaidó, a través del procurador que éste designó, el abogado José Ignacio Hernández,infructuosamente trató de impedir dicha ejecución que conlleva la liquidación de CITGO y para lo cual ejerció recursos ante la Corte de Apelaciones y luego ante la Corte Suprema de Justicia de EE.UU ambos fracasados. Por ahora lo único que impide la citada ejecución judicial es la medida de protección dictada por el presidente Donald Trump, medida que es de carácter temporal y que puede quedar sin efecto por vencimiento de su lapso o por una decisión judicial.

EL GRAVE E INMINENTE PELIGRO QUE SE ACERCA

Los abogados de CRYSTALLEX han pedido al tribunal que ordene la suspensión de la protección del gobierno y se ejecute la sentencia ante lo cual se fijó una audiencia donde las partes expondrán sus respectivos argumentos a favor y en contra de la venta de CITGO para cumplir la condena. También el gobierno de Estados Unidos deberá explicar las razones y necesidad de que la orden ejecutiva deba prevalecer sobre los derechos invocados por los acreedores Crystallex y ConocoPhillips. Al final el juez sentenciará y nadie puede asegurar que no se dará la razón a dichas acreedoras poniendo punto final a la propiedad de Venezuela sobre CITGO, esto es un peligro inminente.

EN ESTOS MOMENTOS CRUCIALES RENUNCIÓ EL PROCURADOR

En medio de este torbellino tenemos dos hechos que inciden en el caso, uno es la renuncia delprocurador José Ignacio Hernández, quien así lo anunció el pasado 28 de mayo mediante un comunicado donde expresó su molestia por la filtración de conversaciones que sostenía con los integrantes de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional donde fue exigido a dar explicaciones sobre sus actuaciones en el cargo.

En esa renuncia el funcionario no explicó nada sobre sus actos en el proceso, sino que recordó que todos los problemas eran originados en hechos de los gobiernos de Chávez y de Maduro cosa que igualmente hizo la Asamblea Nacional en un Acuerdo que mas bien parece ser un “yo no fui” ante la tragedia judicial que se nos está dejando no solo por la delictiva actuación de los funcionarios del régimen sino también por el desastroso desempeño del cargo del renunciante José Ignacio Hernández.

EL SALDO DE LAS ACTUACIONES DEL ABOGADO HERNADEZ COMO PROCURADOR

En los dos casos mas importantes hasta ahora que él manejó que fueron Crystallex y ConocoPhillips, José Ignacio Hernández lo que dejó fue un desastre de graves consecuencias para la república.

En el caso Crystallex tuvo la osadía de asumirlo en representación de la demandada RBV a pesar de que antes, en el mismo juicio él trabajó para esa empresa demandante lo que constituye un claro caso de prevaricación lo cual está tipificado como delito penal.

En el caso ConocoPhillips en vez de impugnar la sentencia por la que ilegalmente el CIADI nos había condenado pagar 8.700 millones de dólares lo que hizo José Ignacio Hernández fue convalidarla pidiendo una corrección numérica lo cual de inmediato le aceptaron para dejar dicha condena en 8.500 millones que ahora hay que pagar con el remate de CITGO.

Aparte de los dos casos antes citados Hernández también pidió a la Asamblea Nacional que se aprobaran 72 millones de dólares para pagar intereses del ilegal y delictivo Bono 2020 que con ese “abono a intereses” de la ilícita deuda también la convalidó a pesar de que la directiva ad hoc de CITGO puso una demanda de nulidad por ella.

EL CASO US PDVSA LITIGATION TRUST Y LA ACTITUD CÓMPLICE

No podemos dejar de mencionar dos casos que me constan porque en ambos trabajé a título personal junto a otros venezolanos que por propia voluntad e incluso costeándonos los gastos de nuestro propio dinero reclamando justicia contra el robo conocido como US PDVSA LITIGATION TRUST tanto en la Corte del Distrito Sur de Florida como en la procuraduría y Corte de Apelaciones de Ginebra, Suiza, en éste le pedimos con insistencia que se hiciera parte como procurador legítimo y nos mantuvo bajo engaño ofreciendo hacerlo y nunca lo hizo, habiéndose descubierto después que también en ese caso si inhibió por haber trabajado “como experto independiente” como al tiempo se reveló en un comunicado del gobierno de Guaidó donde textualmente se declaró que “…En estas actuaciones, el Procurador Especial decidió inhibirse, pues en 2018 había participado como testigo experto independiente en la Corte de Distrito Sur, a los fines de explicar el contenido y Alcance del Acuerdo de la Asamblea Nacional de 24 de Abril de 2018…”

HERNÁNDEZ NO QUISO ACTUAR EN GINEBRA CONTRA FRANCISCO MORILLO

Esa excusa que en dicho caso usó José Ignacio Hernández fue un pretexto para evadir lo que le exigí repetidas veces, que interviniera como procurador contra Francisco Morillo el principal defraudador de PDVSA allá en el juicio en Ginebra, o si no quería o no podía me diera copia de un escrito que me dijo que había consignado en el expediente para yo poder invocarlo en la acusación que interpuse actuando solo como un ciudadano venezolano.

Pero él, J.I Hernández me lo ofreció y luego faltando a su palabra no me lo dio. Ni se hizo parte ni me facilitó el escrito con lo cual facilitó que el fiscal de Ginebra y luego la Corte de Apelaciones rechazara mi participación por no tener cualidad. Eso lo denuncié públicamente en un artículo que publiqué y entonces él J.I. Hernández movió sus contactos en El Nacional para que me clausuraran mi columna para seguir favoreciendo en silencio a los estafadores de US Pdvsa Litigation Trust y en especial al procesado Francisco Morillo. Este es el enlace del citado artículo:https://www.elnacional.com/opinion/esto-es-una-mala-noticia/

GUAIDÓ Y LA AN LE DIERON UNA CARTA DE BUENA CONDUCTA

Ahora J.I. Hernández renunció dejando tras de si esa desastrosa e ilícita actuación y la Asamblea Nacional le expidió una injustificada carta de buena conducta y hasta han anunciado que lo mantendrán como asesor en la reestructuración del futuro gobierno sin hacer una previa evaluación de su pésima gestión que ha causado daños a la república. Demás está recordar que tales actos generan responsabilidad personal civil, penal y administrativa, de naturaleza imprescriptible lo cual allí queda a la expectativa.

LA DIRECTIVA PUESTA POR GUAIDÓ EN CITGO EMITIÓ UNA NUEVA DEUDA

En medio de este caos judicial aparece un hecho que complica aún mas la situación, se trata de que la Junta administradora ad hoc de CITGO bajo control de Guaidó ha emitido un nuevo bono bajo forma de “Notas garantizadas” por 1.125 millones de dólares, acto de disposición del que varios parlamentarios están denunciando que no ha contado con la necesaria transparencia.

GRUPO PARLAMENTARIO DENUNCIA IRREGULAR EMISIÓN DE MAS DEUDA

La fracción 16 de julio produjo un reclamo dirigido al señor Luís Pacheco y demás miembros de la Junta Administradora ad hoc Pdvsadonde se detallan una serie de irregularidades en operaciones recientes de CITGO tales como la emisión de nuevos bonos que además de su falta de transparencia se acusa un manejo oscuro en la designación de agentes de colocación de dichos bonos, sus términos y condiciones, los montos, conceptos y destinos de “presuntas ayudas económicas para combatir la pandemia y otros pagos,” entre otros señalamientos siendo uno de los mas llamativos que originalmente habían planteado hacer dicha emisión de bonos por 750 millones de dólares y que sin explicación alguna lo elevaron a  1.125 millones con lo cual inexplicablemente se duplicó el monto. Esta denuncia la suscriben los diputados Omar González, Luís Barragán, BiagioPilieri, Dignora Hernández, Richard Blanco, Juan Pablo García, Carlos Bastardo, José Luís Pirela, Edwin Luzardo y Nafir Morales.

Fuente: El Carabobeño - Venezuela