Pegado al parque nacional de Calilegua, una de las zonas núcleo de la reserva de biósfera de las Yugas, y uno de los paraísos naturales de este país, se ha montado una inédita pelea. La Justicia pidió un embargo de 150 millones de dólares a una petrolera china a la que la provincia de Jujuy acusó de daños y perjuicios por haber abandonado intempestivamente su trabajo hidrocarburifero, a los trabajadores, a sus proveedores y a los pozos petroleros que exploraban generando un riesgo de daño económico y ecológico.

La Justicia federal libró el embargo contra la empresa, Petro AP SA que explotaba 35 pozos petroleros en el yacimiento de Caimancito, que hasta 2015 formó parte del parque pero luego fue separado por ley provincial.

El punto es que como Petro AP se fue del país, el embargo librado por el juez federal Esteban Hansen a pedido del fiscal de Estado Mariano Mirada es ahora contra de Petro AP S.A, de Petro AP Hong Kong, y de la TCL Group. Al irse de Jujuy dejaron unas 20 familias sin trabajo, pero como también estaban en Salta y Medonza se habla de que al irse dejaron a unos 300 trabajadores cesantes.

TCL es la única que se encuentra hoy en la Argentina a través de Radio Victoria Fueguina, que ensambla productos electrónicos en Tierra del Fuego, según la denuncia del fiscal. Por eso ahora, la provincia busca recargar el peso del embargo en TCL. Clarín intentó infructuosamente encontrar a representantes de la empresa para que dieran su versión oficial.

Lo curioso de esta batalla es además que el gobierno de Gerardo Morales busca evitar un daño político en las relaciones con el gobierno chino y de este con el argentino. Busca que el reclamo se resuelva de por un camino económico. Ocurre que según afirman fuentes diplomáticas, TCL invocó ya un trato “discriminatorio y persecutorio”, y está pidiendo la protección política de Beijing. Sin embargo, el canciller Felipe Solá conversó este lunes con el ministro de Comercio chino Zhong Shan. Hablaron de asuntos comerciales, Solá confirmó que el país va a participar de la feria de Shangai en noviembre. Pero aseguran que no hablaron del conflicto entre Jujuy y PETRO AP.

Según supo Clarín, tanto Morales como el apoderado provincial, el reconocido abogado Ricardo Gil Lavedra viajaron a China para intentar soluciones amistosas, pero no se lograron. Morales a su vez comunicó a la Embajada y a autoridades chinas que “no existe conflicto político ni económico alguno entre Jujuy y China”. Jujuy tiene una decena de empresas chinas afincadas en la provincia, entre ellas gigantes como Huawei y Powerchina. «Jujuy es como un hermano de China. Es nuestro principal inversor extranjero. Hay trabajadores chinos integrados a la provincia. Esto es un problema privado y no político», insistió una fuente de la gobernación.

La historia de Caimancito y su yacimiento petrolífero data de fines de los 60 y principios de los 70 cuando YPF se estableció en la zona. Para entonces Calilegua no había sido declarado parque, y cuando YPF fue privatizada, los 35 pozos pasaron de una concesión a otra. Al mismo tiempo, numerosas ONG´s hicieron reiteradas denuncias contra dicha explotación.

En diciembre de 2015 por pedido de Parques Nacionales, la Legislatura provincial dictó la Ley Nº 5.889 que dejó sin efecto las autorizaciones otorgadas para la explotación de los pozos dentro del Parque Nacional Calilegua por motivos de preservación ambiental. Petro AP operaba los 35 pozos de Caimancito que tiene 1000 hectáreas junto a la sociedad del estado jujeño JEMSE. Esas hectáreas quedaron fuera del parque pero están pegadas.

En las acusaciones que presentó el fiscal Miranda aparece no sólo el hecho de que el estado jujeño debió hacerse cargo del Plan de Cierre de los pozos que Petro AP debería concretar en un plazo de ocho años. Sino también las consecuencias de no hacerlo. Consecuencias que van desde lo económico, -el Estado es el que ahora lo está haciendo y debió absorber a los trabajadores- a lo ecológico por el riesgo de tener los pozos sin cerrar o mal cerrados.