Juan Luis Fernández, ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán; Eduardo Accastello, ministro de Industria y Comercio de Córdoba; y Claudio Molina, de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, participaron a mediados de la semana pasada de manera virtual en Maizar 4.0, donde coincidieron en la necesidad de mayores cortes de naftas y gasoil con bioetanol y biodiesel.

Fernández dijo que “la fórmula del bioetanol se castigó durante los tres últimos años de la anterior administración y luego hubo un congelamiento”, por lo que propició “para el distrito sucroalcoholero lo mismo que para Vaca Muerta”.

Según el ministro tucumano, en los últimos dos años la nafta aumentó 134%, mientras el bioetanol de caña sólo lo hizo en un 84%, y “como nuestras naftas tienen un 12% de bioetanol, hay una captura de precios”, lamentó.

En su exposición, el ministro tucumano dijo que la estructura del sector a nivel nacional está compuesta por 13 plantas de bioetanol de caña de azúcar en el NOA; 6 de bioetanol de maíz, fundamentalmente en la región central; y 34 de biodiésel, sobre todo en Buenos Aires y Santa Fe.

Accastello, por su parte, resaltó la experiencia en Córdoba con proyectos que garantizaron la cosecha a los productores, la rotación de cultivos, levantaron el precio y brindaron granos a los tamberos.

“Se fueron así multiplicando las áreas sembradas, la inversión, se fueron sumando alumnos y docentes de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), se movilizó el comercio, los talleres, todo un desarrollo productivo”, lo cual sustenta la necesidad de tener una nueva ley.

El bioetanol también permite reducir costos, por lo que hay que promover el uso de flex (motores con capacidad de utilizar dos combustibles alternativamente) y reducir el valor de la energía, con lo cual “podemos ahorrar US$ 2.500 millones en sustitución de importaciones”, aseguró Acastello.

Para ello, Acastello añadió que “es importante ir hacia el corte de naftas de 27,5%, mientras al motor flex lo fabricamos en Córdoba”.

Molina, a su vez, recordó que en mayo del año próximo vence la Ley 26.093, que desarrolló los biocombustibles en la Argentina, que dio un plazo de 15 años con la posibilidad de computarlo desde la entrada en vigencia del corte, que fue en 2010.

“En la industria del biocombustible hay distintas realidades y opiniones” acerca de si prorrogar la ley actual o promulgar otra, explicó.

Eso se debe a las distintas realidades e intereses: el bioetanol de caña; el bioetanol de maíz; el biodiésel de soja de pequeñas plantas, y el biodiésel de soja grandes exportadores, que hoy no participan de manera habitual en el mercado interno.

“Extender esta ley no deja entrar a nuevos jugadores, lo que perjudica a esas empresas grandes de biodiesel”, indicó Molina.

En lo que respecta al bioetanol, Molina dijo que “hay grandes inversiones que requieren de un nuevo horizonte, hubo cambios tecnológicos en estos años y hay que incorporarlos a la legislación”.