Es un bloque de gobernadores que además interpondrán controversias constitucionales contra la política del gobierno federal que busca castigar la generación de energías limpias y dar salida al creciente volumen de combustóleo que genera Pemex.
Es muy probable que obligue a dar marcha atrás o por lo menos retarde la ruta de navegación del gobierno lopezobradorista en materia eléctrica. La aplicación de impuestos verdes, es una ruta legal viable porque en febrero del 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los Estados de la República los aplique, en contra de empresas que provocan un daño a su medio ambiente.
Lo más probable es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las empresas estatales de energía y los gobiernos estatales terminen en tribunales en un tremendo pleito legal.
La política de “confiabilidad” eléctrica que emitió la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y defiende el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, está provocando una guerra jurídica con ocho estados de la República Mexicana que generan casi el 40% (39%, para ser exactos) de las energías en el país y en las que al mismo tiempo conviven empresas privadas y públicas que producen energía limpia y contaminante.
Estas entidades albergan a 176 empresas que generan energía eléctrica con combustibles fósiles. Tan solo en Tamaulipas, gobernada por Francisco García Cabeza de Vaca, que es el primer estado que envía a su congreso la iniciativa de ley con el impuesto verde a empresas que utilizan combustibles fósiles, genera el 12% de toda la energía eléctrica del país; es el segundo estado que más genera.
En ese estado, la CFE, Pemex y sus proveedores generan cerca de 12 millones de toneladas de CO2 (dióxido de carbono) al año. El cálculo que prevé la iniciativa, en el caso de Tamaulipas, es que podría recaudar poco más de 3,000 millones de pesos con el impuesto verde a las empresas que utilizan combustóleo.
Tamaulipas ya presentó la iniciativa con el impuesto verde y Jalisco, gobernado por Enrique Alfaro Rodríguez, ya presentó la controversia constitucional en contra de la política eléctrica del gobierno federal.
Tamaulipas presentará en breve su controversia constitucional. Nuevo León y Colima avanzan en el propósito de establecer un impuesto verde. El resto está normando criterios para interponer la controversia constitucional y revisar el tema del impuesto verde.
Las ocho entidades y gobernadores que avanzan en esta coordinación forman parte de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y son:
Francisco Domínguez de Querétaro, Carlos Joaquín González de Quintana Roo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, José Rosas Aispuro de Durango, y José Antonio Gali Fayad de Puebla.
Con tapabocas, este grupo de gobernadores, se tomaron foto frente a la iglesia de Dolores, donde el cura Hidalgo declaró la independencia. Obviamente su imagen, en ese lugar histórico, dejó claro su mensaje.
La política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, enfrenta ahora este bloque de gobiernos estatales y se adiciona a la inconformidad de organizaciones empresariales estadunidenses, europeas e internacionales que consideran que México está cambiando las reglas del juego en materia energética.
El jueves pasado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, declaró que las empresas privadas ya ganaron todos los amparos en contra de la política y el acuerdo de confiabilidad que emitieron la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía. Estos amparos son un duro revés a la política energética de la 4T y el impuesto y la controversia constitucional de los gobiernos estatales representan un obstáculo adicional. Al tiempo.
Fuente: El Economista - México