“Esa investigación (a pedido de la Secretaría de Energía) cuenta con la asistencia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), precisó Nieto.
Libre Abordo y una empresa mexicana afiliada, Schlager Business Group, se encuentran entre las empresas que han sido investigadas por el FBI y los departamentos del Tesoro y del Estado de Estados Unidos por posibles violaciones de las sanciones de este país a Venezuela, dijeron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con la investigación el mes pasado.
“Tenemos una investigación abierta (sobre Libre Abordo). No se ha completado, así que no puedo dar más información “, puntualizó Nieto en una entrevista la semana pasada en su oficina de la Ciudad de México.
Las dos compañías han negado en repetidas ocasiones cualquier violación, asegurando que su acuerdo de petróleo por alimentos con Venezuela, que fue suspendido por Maduro en mayo, estaba permitido bajo exenciones humanitarias y el contrato era con una entidad gubernamental no incluida en la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos.
A pesar de que Libre Abordo anunció el domingo que estaba en bancarrota y enfatizó que Venezuela había terminado su acuerdo de petróleo por alimentos bajo la presión de EU, la investigación continuará según Nieto.
Libre Abordo informó en un comunicado que no tenía conocimiento de ninguna investigación en México sobre sus operaciones.
Las compañías proporcionaron a Venezuela cientos de camiones de agua a cambio de unos 30 millones de barriles de crudo y combustible venezolanos hasta mayo, según los documentos internos de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA y la información proporcionada por las empresas.
Reabren caso de cajas CLAP
La UIF también investiga por separado a un grupo de 25 personas y compañías de México y Venezuela, que Nieto declinó nombrar, acusadas de especular con envíos de alimentos bajo un programa administrado por el gobierno de Maduro, conocido como CLAP.
El programa, destinado a combatir la escasez y la hiperinflación, distribuye alimentos subsidiados, la mayoría importados, a ciudadanos registrados en toda Venezuela.
La unidad ha presentado tres casos relacionados con la investigación a la oficina del Fiscal General, mientras congela las cuentas bancarias de 19 compañías presuntamente vinculadas al “lavado de dinero venezolano en México”, dijo Nieto.
Fuente: El Economista - México