Las partes se acusaron mutuamente de romper con la medida dictada por la autoridad laboral provincial.

Desde la Dirección caletense del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, volvieron a convocar a ambos sectores.

Pero también se registró, el pasado sábado, la presentación espontánea de las partes, manifestando su intención de llegar a un acuerdo.

En este marco, la Cartera laboral emitió un exhorto, firmado por el director regional Carlos Aparicio, instando a ambos a respetar el “principio de buena fe” durante la negociación.

Además, pide sostener “la paz social”. Ambos serían puntos problemáticos, señalados por las partes en el marco de las acusaciones cruzadas.

Tanto la empresa como el sindicato fueron notificados, y deberán presentarse a una nueva audiencia de conciliación, pautada para el jueves 28 del corriente a las 12 horas.

Sin embargo, ahora el mayor conflicto se evidencia en la “variedad” en la interpretación de las herramientas legales en materia laboral; principalmente los efectos de la conciliación.

Sucede que la conciliación obligatoria provoca que, por un tiempo determinado para negociar posiciones, todo lo actuado desde el hecho que motivó el conflicto se “retrotrae”.

Es decir que, por ejemplo, los despidos o suspensiones se deben suspender y las medias de fuerza deben culminar, de inmediato.

Cabe recordar que en el norte de Santa Cruz, producto de los acuerdos entre las cámaras empresarias y sindicatos de otras jurisdicciones, muchas empresas realizaron “pagos a cuenta” a sus empleados.

Abonaron porcentajes salariales en el orden del 60%, con relación a los haberes habituales.

Como esos acuerdos no fueron suscritos por el sindicato de base, el inicio del paro era una “crónica anunciada”.

Tras el dictado de la conciliación obligatoria, algunas compañías completaron los pagos y otras continúan negociando, siempre en el marco de la medida que se dictó.

Sin embargo, en el caso de Instalex, la empresa denunció que el paro continuaba, pese a la disposición de la autoridad administrativa.

El día 21 de mayo, el asesor legal de la empresa Instalex, el abogado Eduardo González, realizó una presentación en este sentido.

La nota oficial expresa: “El Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz se encuentra debidamente notificado del dictado de conciliación obligatoria, pese a ello la medida de fuerza continúa desobedeciendo la orden impartida”, dice.

En relación a lo manifestado, el abogado solicitó que la Cartera laboral declare la “ilegalidad del paro”, y puso un plazo de veinticuatro horas; reservándose la posibilidad de actuar ante la Justicia, en caso de inacción o retraso por parte del Ministerio de Trabajo.

Por su parte el gremio, representado por Pablo Carrizo, se presentó el día 22 en la delegación caletense de Trabajo. En principio alegó que, desde las 8 horas de esa jornada, todos los trabajadores habían retomado a sus actividades laborales habituales, poniéndose a disposición de la empresa y sus esquemas de trabajo.

Del mismo modo, acusó a la firma de no cumplir con “el pago íntegro de los haberes del mes de abril, según lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). También, de incumplir el “Acta Acuerdo Soldadores, firmado entre las partes en el año 2007”.

Tras mencionar ambas cuestiones, el referente gremial apuntó que eso motivó “el inicio de una medida de acción directa notificada oportunamente por ésta entidad sindical”.

Esta disparidad en la interpretación del instrumento legal de la negociación laboral en conflicto, se repite periódicamente en controversias varias. La pregunta posible a resolver sería, cuál es el punto que origina el conflicto.

Fuente: La Opinión Austral - Argentina