Estos pilotos, bajo la práctica del fracking serán de acuerdo a estas nuevas normas del Gobierno, unos experimentos de naturaleza científica y técnica que deberán contar con una licencia ambiental como requisito indispensable.

Este decreto es el resultado de la decisión del Consejo de Estado de septiembre del año pasado que dio luz verde a estos pilotos experimentales. La realización de estos PPII están contemplados en el reporte final del comité de expertos convocado por el Gobierno.

Que la hoja de ruta a seguir para desarrollar estos pilotos es una buena noticia no sólo para la industria petrolera sino también para las organizaciones sociales y ambientales que están en alerta por la práctica del fracking. Estos experimentos tendrán que pasar por la revisión tanto de las autoridades ambientales para la expedición de una licencia como por la de un comité evaluador independiente.

Los instrumentos de vigilancia y veeduría ciudadana, revisión ambiental y transparencia en los resultados científicos y técnicos que contiene el decreto tendrán que ser apropiados por las organizaciones y comunidades interesadas en monitorear los distintos proyectos.

El Gobierno continúa transitando un camino correcto en materia de la evaluación sobre el fracking y sobre sus impactos ambientales y sociales. Las distintas entidades del Estado cuentan ya con responsabilidades definidas para el desarrollo de estos experimentos técnicos que brindarán la información necesaria para definir si se pueden usar esas prácticas en los yacimientos no convencionales. El siguiente paso es el arranque de los pilotos.