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El Gobierno abrogó la norma de contratación directa de consorcios jurídicos y abogados, sean nacional o internacional, realizada por la Procuraduría General del Estado, señala el Decreto Supremo 4156.

“Se abroga el Decreto Supremo 2698, de 9 de marzo de 2016, que autoriza a la Procuraduría General del Estado la contratación directa de servicios especializados de consorcios jurídicos, abogados, sean nacionales o extranjeros y otros servicios especializados, para la defensa legal del Estado”, señala el artículo único de dicha norma que fue aprobada el pasado 13 de febrero.

En la disposición adicional primera dispone que la adjudicación se haga por comparación de ofertas, ya sea en territorio nacional o extranjero, sean estos consorcios jurídicos, abogados u otros.

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