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El Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) revirtió 25.000 hectáreas en favor del Estado. Se trata de 12 comunidades asentadas en la Chiquitania que fueron establecidas sin cumplir los procesos de saneamiento de tierras.
"Hasta el momento, se han realizado inspecciones a 24 comunidades. Los técnicos han verificado y se han anulado 12 asentamientos humanos”, indicó ayer la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco.
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