Fuente: El Tiempo

  

“Algunos decimos que deben implementar los Proyectos Pilotos Integrales de Fracking (PPII) que la comisión de expertos recomendó al Gobierno para tener información sobre el costo-beneficio de esta técnica y así establecer si se justifica o no”.

 

Esta es la una de las partes en un debate que tiene enfrentados a los ambientalistas en Colombia: hacer o no fracking en el país, un tema pasional y a la vez técnico.

 

En la otra orilla están quienes expresan un no rotundo al proyecto de decreto que establece la implementación de los PPII y que fue presentado por el Gobierno a finales de 2019 para la revisión y discusión por parte de la ciudadanía. Comentarios que serán revisados este jueves 16 de enero, en el marco de la ‘conversación nacional’.

 

“Estamos en contra de esos pilotos, porque no pueden medir el impacto de esta actividad con cinco pozos en el Magdalena Medio, cuando tienen contemplados en la fase de explotación 2.000 pozos. No es lo mismo”, explica Carlos Andrés Santiago, miembro de Alianza Colombia Libre de Fracking.

 

La división fue evidente durante el paro nacional en noviembre de 2019, cuando el presidente Iván Duque convocó a diferentes sectores a la ‘conversación nacional’ para conocer sus preocupaciones. En el caso del sector ambiental, hablaron de fracking, Acuerdo de Escazú y páramo de Santurbán, entre otros asuntos.

 

En esa reunión, Santiago le preguntó al alto mandatario si cumpliría su promesa de campaña de no hacer fracking en Colombia; al no recibir una respuesta, Santiago se levantó de la mesa. Ese gesto desató un debate entre los ambientalistas que consideran necesario generar información antes de negarse a la opción menos costosa que tiene el país para obtener gas y petróleo en los próximos años. Según el Ministerio de Minas y Energía, de no hallar no nuevas reservas, el país tendría que importar gas desde 2030.

 

“Un no absoluto al fracking trae consecuencias. El deseo que tenemos muchos es que a partir de los pilotos se demuestre que es posible hacer el fracking, porque eso implicaría tener gas y tener recursos económicos que permitan hacer la transición energética que necesitamos. Porque no podemos decir, como dicen los promotores del paro, acabar con la minería, pero ¿cómo creen que vamos a financiar la educación y la salud?”, explicó Rodríguez.

 

¿Y las afectaciones?

 

De acuerdo con Juan Pablo Ruiz, economista de la Universidad de los Andes con maestría en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale, y vocero de la comisión de expertos sobre fracking, en el país no hay investigaciones que permitan dar a conocer el impacto de este en la biodiversidad y la calidad del agua superficial y subterránea.

 

“Si bien en otros contextos biofísicos e institucionales se han hecho evaluaciones respecto a las afectaciones, aquí no. Por ello, la propuesta de realizar los PPII es importante, pues sería la primera investigación para conocer esos efectos”, detalló Ruiz.

 

Solo así, el país identificaría los costos sociales, económicos y ambientales que puede ocasionar el fracking, que en caso de ser negativos, según Rodríguez, “la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, se comprometió a no implementarlo”.

 

No obstante, Santiago asegura que otra de las razones por las que no concuerda con el exministro de Ambiente es que el impacto generado por el fracking, estudiados en otros países, se evidencian mucho tiempo después. “Por ejemplo, los efectos en la salud y en la contaminación de agua se evidencian cinco años después. Y aunque el Gobierno no especifica el tiempo de evaluación de esas afectaciones, estoy seguro de que no van a esperar más de cinco años”.

 

Santiago agrega que no van a participar en la reunión que el Gobierno tiene prevista para el 16 de enero. Por el contrario, “estamos preparando un cacerolazo en la Universidad EAN, porque Brigitte Baptiste es una facilitadora de este proceso con el Gobierno”, dijo.

 

Finalmente, todos concuerdan en que uno de los principales factores por los que esta materia genera gran rechazo en el país es la falta de capacidad institucional para hacer seguimiento a las actividades asociadas al fracking. Además, agrega Ruiz, “también existe una falta de transparencia en la entrega de información a la sociedad civil sobre estos temas”.