Fuente: ABC

   

El profesional trasandino, director del Centro de Energía de la Universidad Católica, también trabajó para el Ministerio de Energía de Chile en varios temas de política energética.

 

Sauma advirtió que si Paraguay “no toma en serio” la necesidad de una política, corre el serio riesgo de perder la gran oportunidad de dar un “paso importante” en materia de eficiencia y de superación de la pobreza energética.

 

Al referirse a la proximidad de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que se llevará a cabo en el año 2023, dijo que ese “gran evento” presenta una “gran oportunidad” de establecer la política energética, generar las institucionalidades que velen por este sector y dar un salto importante. “Si la institucionalidad energética funciona en el país, permitiría tener y administrar energía abundante, barata y limpia que, obviamente, repercutirá positivamente en el desarrollo económico del país y de toda la industria”, destacó.

 

Consultado cuál sería la alternativa de no tener esa política, afirmó que la política energética Chile 2050 la tienen desde hace 10 años, pero antes no existía, porque en su país cada gobierno entraba con su propio plan que volvía a cambiar completamente con el ingreso del siguiente gobierno. “Esa situación generaba una incertidumbre muy grande a los inversionistas y, por tanto, aquellos que querían invertir en centrales hidroeléctricas o térmicas, que van a tener una duración de 20 o 30 años, quieren tener algo de certidumbre de que las reglas del juego no van a acabar al cabo de cuatro años, y en el próximo gobierno no se tiene idea qué va a pasar”, expresó.

 

Al señalársele que el Tratado de Itaipú cumplirá 50 años en el 2023, pero nadie se ha preparado aún para ese momento, contestó: “Lo más importante es comenzar lo antes posible. Explicar por qué no se hizo a tiempo puede ser un buen ejercicio filosófico, pero yo creo que lo más importante es comenzar lo antes posible”. Dijo que algo aún más importante es tener una mirada de largo plazo y evitar que las visiones cortoplacistas, oportunistas y de contingencia capturen las decisiones de muy largo plazo que pongan al país una “camisa de fuerza”.

 

Preguntado quién se encargaría de esa política, afirmó que tiene que partir de una participación ciudadana amplia, donde esté el gobierno, la industria eléctrica y la no eléctrica, y donde al gobierno y a la academia tengan los roles de coordinador y articulador.