Tras conocerse irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato por 40,8 millones de bolivianos, además de otras anomalías, y de develarse cifras que hacen ver que se trata de una empresa deficitaria, surgen voces que exigen cerrar la estatal Quipus e investigar a toda la cúpula de esta entidad.

Ayer, el diputado Amílcar Barral (UD), que hizo seguimiento al caso, y el economista Gabriel Espinoza coincidieron en la necesidad de contar con información sobre la situación de la empresa estatal y, de ser necesario, cerrarla de acuerdo a ley 466 de Empresas Públicas.

Además, cinco exejecutivos de Quipus son procesados por su participación en el proceso irregular de adjudicación por 40,8 millones de bolivianos.

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