FUENTE: PÁGINA SIETE
La Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció que el Gobierno de Bolivia excluyó al sector privado del país en el proceso para fijar el incremento del salario mínimo nacional.
La conclusión fue obtenida luego de un debate en el que participaron delegados de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), del Ministerio de Trabajo y de la Central Obrera Boliviana (COB). Se realizó
entre el 28 de mayo y el 8 de junio pasados en Suiza. La comisión instó al Gobierno boliviano a tres tareas. La primera es que “proceda sin demora a llevar a cabo consultas exhaustivas de buena fe con las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la fijación de salarios mínimos”. La segunda es “tener en cuenta, al determinar el nivel de salario mínimo, las necesidades de los trabajadores y de sus familias, así como los factores señalados en el artículo 3 del Convenio 131 (requerimientos del desarrollo económico, niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo)”. Finalmente, la tercera tarea consiste en “recurrir a la asistencia técnica de la OIT para garantizar sin demora el cumplimiento del Convenio en la legislación y en la práctica, y aceptar una misión de contactos directos de la OIT”.
La entidad internacional pidió a las autoridades bolivianas que, “antes del 1 de septiembre de 2018, envíe a la Comisión de Expertos una memoria detallada sobre los progresos realizados en la aplicación de estas recomendaciones”. El aumento salarial en el país se fija luego de reuniones separadas entre el Gobierno, empresarios y trabajadores. Sin embargo, los privados solicitaron una mesa “tripartita” para fijar el porcentaje de incremento. La Comisión consideró, además, que “el Gobierno tiene la obligación de crear y mantener condiciones que permitan consultas exhaustivas, la participación directa de la mayoría de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en todas las circunstancias. (Por tal razón) insta al Gobierno a que adopte las medidas adecuadas para garantizar que la exigencia de consultas exhaustivas se aplique, preferentemente de una manera bien definida, de común acuerdo e institucionalizada”. El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, sostuvo que la decisión de la OIT confirma que el Gobierno “está incumpliendo” el Acuerdo 131 sobre el sistema para fijar los salarios mínimos  ratificado por nuestro Estado.
“La consulta exhaustiva o diálogo tripartito no es un capricho ni un deseo de los empresarios, sino un derecho, una necesidad y una obligación para el Gobierno. Es inaceptable, injusto e irracional que los aumentos se apliquen de manera arbitraria, abusiva y sin que los sujetos afectados sean escuchados”, declaró el ejecutivo de la CEPB. Empresarios y política de incrementos Tareas El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, aclaró que esta decisión no implica que el sector pedirá la nulidad de los incrementos, porque en ningún momento se pretende afectar a los trabajadores que se han beneficiado con los aumentos. “Lo que exigimos es que el Gobierno reconduzca la política de incrementos salariales, y adopte sin demoras el cumplimiento del Acuerdo 131 cuya omisión afecta cada vez más al sector empresarial privado”, declaró. Definición Hasta este año, el Gobierno incrementa el salario de los trabajadores a base del crecimiento económico del país y el porcentaje de inflación.
Luego se reúne con los empresarios y al final con la dirigencia de la COB para establecer el porcentaje final del incremento. Guillén: “Nosotros nunca nos hemos cerrado al diálogo” El ministro de Economía, Mario Guillén, dijo que el Gobierno continuará con su política de diálogo, por separado, para definir el incremento salarial. La decisión la asumen pese a que la OIT estableció que deben instalarse encuentros tripartitos. “Por lo tanto, nosotros vamos a continuar en esta política. Hemos escuchado a los empresarios privados para determinar el incremento salarial y en ese entendido nosotros seguiremos escuchándolos.
Nosotros nunca nos hemos cerrado al diálogo y vamos a seguir conversando con los trabajadores para el tema de los incrementos salariales”, declaró la autoridad. Para el incremento salarial, el Gobierno toma en cuenta el crecimiento del país y los niveles de inflación que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE). Luego se reúne, por separado, con los empresarios y, al final, con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) para definir el porcentaje de alza salarial anual.
“La OIT recomienda que haya un diálogo tripartito entre los trabajadores y empleadores para llegar a un incremento salarial. Pero no nos olvidemos –si ustedes preguntan a los empresarios- que en sus estatutos ellos determinan que no van a negociar con los trabajadores para el tema del aumento”, sostuvo la autoridad. Agregó que “los gremios de los empresarios siempre han dejado a las empresas –porque viene de las épocas neoliberales- la negociación (...) una imposición de los incrementos salariales”.
La Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció que el Gobierno de Bolivia excluyó al sector privado del país en el proceso para fijar el incremento del salario mínimo nacional.
La conclusión fue obtenida luego de un debate en el que participaron delegados de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), del Ministerio de Trabajo y de la Central Obrera Boliviana (COB). Se realizó
entre el 28 de mayo y el 8 de junio pasados en Suiza. La comisión instó al Gobierno boliviano a tres tareas. La primera es que “proceda sin demora a llevar a cabo consultas exhaustivas de buena fe con las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la fijación de salarios mínimos”. La segunda es “tener en cuenta, al determinar el nivel de salario mínimo, las necesidades de los trabajadores y de sus familias, así como los factores señalados en el artículo 3 del Convenio 131 (requerimientos del desarrollo económico, niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo)”. Finalmente, la tercera tarea consiste en “recurrir a la asistencia técnica de la OIT para garantizar sin demora el cumplimiento del Convenio en la legislación y en la práctica, y aceptar una misión de contactos directos de la OIT”.
La entidad internacional pidió a las autoridades bolivianas que, “antes del 1 de septiembre de 2018, envíe a la Comisión de Expertos una memoria detallada sobre los progresos realizados en la aplicación de estas recomendaciones”. El aumento salarial en el país se fija luego de reuniones separadas entre el Gobierno, empresarios y trabajadores. Sin embargo, los privados solicitaron una mesa “tripartita” para fijar el porcentaje de incremento. La Comisión consideró, además, que “el Gobierno tiene la obligación de crear y mantener condiciones que permitan consultas exhaustivas, la participación directa de la mayoría de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en todas las circunstancias. (Por tal razón) insta al Gobierno a que adopte las medidas adecuadas para garantizar que la exigencia de consultas exhaustivas se aplique, preferentemente de una manera bien definida, de común acuerdo e institucionalizada”. El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, sostuvo que la decisión de la OIT confirma que el Gobierno “está incumpliendo” el Acuerdo 131 sobre el sistema para fijar los salarios mínimos  ratificado por nuestro Estado.
“La consulta exhaustiva o diálogo tripartito no es un capricho ni un deseo de los empresarios, sino un derecho, una necesidad y una obligación para el Gobierno. Es inaceptable, injusto e irracional que los aumentos se apliquen de manera arbitraria, abusiva y sin que los sujetos afectados sean escuchados”, declaró el ejecutivo de la CEPB. Empresarios y política de incrementos Tareas El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, aclaró que esta decisión no implica que el sector pedirá la nulidad de los incrementos, porque en ningún momento se pretende afectar a los trabajadores que se han beneficiado con los aumentos. “Lo que exigimos es que el Gobierno reconduzca la política de incrementos salariales, y adopte sin demoras el cumplimiento del Acuerdo 131 cuya omisión afecta cada vez más al sector empresarial privado”, declaró. Definición Hasta este año, el Gobierno incrementa el salario de los trabajadores a base del crecimiento económico del país y el porcentaje de inflación.
Luego se reúne con los empresarios y al final con la dirigencia de la COB para establecer el porcentaje final del incremento. Guillén: “Nosotros nunca nos hemos cerrado al diálogo” El ministro de Economía, Mario Guillén, dijo que el Gobierno continuará con su política de diálogo, por separado, para definir el incremento salarial. La decisión la asumen pese a que la OIT estableció que deben instalarse encuentros tripartitos. “Por lo tanto, nosotros vamos a continuar en esta política. Hemos escuchado a los empresarios privados para determinar el incremento salarial y en ese entendido nosotros seguiremos escuchándolos.
Nosotros nunca nos hemos cerrado al diálogo y vamos a seguir conversando con los trabajadores para el tema de los incrementos salariales”, declaró la autoridad. Para el incremento salarial, el Gobierno toma en cuenta el crecimiento del país y los niveles de inflación que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE). Luego se reúne, por separado, con los empresarios y, al final, con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) para definir el porcentaje de alza salarial anual.
“La OIT recomienda que haya un diálogo tripartito entre los trabajadores y empleadores para llegar a un incremento salarial. Pero no nos olvidemos –si ustedes preguntan a los empresarios- que en sus estatutos ellos determinan que no van a negociar con los trabajadores para el tema del aumento”, sostuvo la autoridad. Agregó que “los gremios de los empresarios siempre han dejado a las empresas –porque viene de las épocas neoliberales- la negociación (...) una imposición de los incrementos salariales”.