FUENTE: EL MUNDO
Durante el foro sobre el comercio informal de medicamentos, organizado por el CEPB-IBCE, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, dijo que el Estado ha realizado actividades y operativos importantes en la lucha anticontrabando de medicamentos. “Debemos coordinar actividades con los sectores involucrados, como farmacias, laboratorios e importadores de medicamentos y realizar mayores esfuerzos institucionales para hacer cumplir la ley vigente o cómo operativizar y actualizarla”, dijo.
Entre tanto, Reinaldo Díaz, presidente de IBCE, instó a “realizar campañas de concienciación ciudadana sobre los riesgos de salud que implica el comprar medicamentos no garantizados; asimismo, propuso un trabajo coordinado y proactivo con las autoridades públicas y la industria farmacéutica boliviana, así como los importadores y comercializadores de medicamentos, legalmente establecidos, a fin de sumar fuerzas para enfrentar dicho flagelo. El comercio informal de medicamentos en Bolivia, no es un tema menor y merece una solución: hagámoslo por nuestros hijos, hagámoslo por nosotros mismos”.
Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional, dijo: “Como Aduana abrimos la posibilidad de armar en los próximos días mesas de trabajo para ver procedimientos que permitan hacer más eficiente la importación de medicamentos en el país”. El asesor general de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEBP), Ing. Gerardo Velasco Téllez, en representación del presidente de la máxima entidad empresarial del país, señaló: “Compartimos la preocupación por ser un delito que debe ser combatido al atentar contra la salud misma.
La socialización de este estudio debe servir para coadyuvar a las autoridades en la lucha contra este flagelo, y para que el consumidor tome conciencia y sea lo suficientemente responsable para no alentar el contrabando, comprando medicamentos que no son garantizados”.
Según el estudio “El negocio de la muerte: comercio informal de medicamentos en Bolivia”, desarrollado por el economista Gonzalo Vidaurre Andrade por encargo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), este negocio que involucra la salud de las personas puede representar hasta el 21% de las ventas de la industria farmacéutica nacional, vale decir, que llegan de contrabando o son falsificados, adulterados o en algunos casos están caducados, reduciendo el PIB industrial en un 1%, afectando al PIB nacional en un 0,2%, destruyendo 1.100 fuentes de trabajo cada año. La Aduana Nacional decomisó 30 toneladas de medicamentos contrabandeados, en la gestión 2017.
Durante el foro sobre el comercio informal de medicamentos, organizado por el CEPB-IBCE, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, dijo que el Estado ha realizado actividades y operativos importantes en la lucha anticontrabando de medicamentos. “Debemos coordinar actividades con los sectores involucrados, como farmacias, laboratorios e importadores de medicamentos y realizar mayores esfuerzos institucionales para hacer cumplir la ley vigente o cómo operativizar y actualizarla”, dijo.
Entre tanto, Reinaldo Díaz, presidente de IBCE, instó a “realizar campañas de concienciación ciudadana sobre los riesgos de salud que implica el comprar medicamentos no garantizados; asimismo, propuso un trabajo coordinado y proactivo con las autoridades públicas y la industria farmacéutica boliviana, así como los importadores y comercializadores de medicamentos, legalmente establecidos, a fin de sumar fuerzas para enfrentar dicho flagelo. El comercio informal de medicamentos en Bolivia, no es un tema menor y merece una solución: hagámoslo por nuestros hijos, hagámoslo por nosotros mismos”.
Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional, dijo: “Como Aduana abrimos la posibilidad de armar en los próximos días mesas de trabajo para ver procedimientos que permitan hacer más eficiente la importación de medicamentos en el país”. El asesor general de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEBP), Ing. Gerardo Velasco Téllez, en representación del presidente de la máxima entidad empresarial del país, señaló: “Compartimos la preocupación por ser un delito que debe ser combatido al atentar contra la salud misma.
La socialización de este estudio debe servir para coadyuvar a las autoridades en la lucha contra este flagelo, y para que el consumidor tome conciencia y sea lo suficientemente responsable para no alentar el contrabando, comprando medicamentos que no son garantizados”.
Según el estudio “El negocio de la muerte: comercio informal de medicamentos en Bolivia”, desarrollado por el economista Gonzalo Vidaurre Andrade por encargo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), este negocio que involucra la salud de las personas puede representar hasta el 21% de las ventas de la industria farmacéutica nacional, vale decir, que llegan de contrabando o son falsificados, adulterados o en algunos casos están caducados, reduciendo el PIB industrial en un 1%, afectando al PIB nacional en un 0,2%, destruyendo 1.100 fuentes de trabajo cada año. La Aduana Nacional decomisó 30 toneladas de medicamentos contrabandeados, en la gestión 2017.