FUENTE: PÁGINA SIETE
El expresidente Carlos Mesa, acusado por el Gobierno de ser el responsable del fallo que le costó al Estado 42,6 millones de dólares, refutó ayer a los ministros interpelados, al asegurar que la anulación de las concesiones mineras a Non Metallic Minerals (NMM) y Quiborax estuvo amparada en la Ley de Minería. “En nuestro gobierno, la Superintendencia de Minas estableció la nulidad de las concesiones por vicios de origen, porque las concesiones se habían dado de manera inadecuada, incorrecta. Este concepto lo establece muy claramente el documento de quienes son árbitros en este arbitraje internacional, no fue establecido como elemento central de defensa de parte de Bolivia”, afirmó la exautoridad, una vez acabada la interpelación.
Mesa sostuvo que los ministros de Minería y de Justicia, que ayer se presentaron ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “olvidaron” mencionar “elementos clave” que demuestran que se hizo una defensa errada de Bolivia. “Cuando hablan de los considerandos del Decreto Supremo del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé solamente se refieren al problema de la forma jurídica que tenía nuestro decreto, pero no dicen que en el considerando tercero, el presidente Rodríguez establece que la decisión de anular las concesiones de Non Metallic hecha por la Superintendencia de Minas causa estado y tiene plena vigencia.
Eso quiere decir que Bolivia llega al punto de partida de este arbitraje con todos los elementos absolutamente claros y a su favor”, manifestó Mesa. El expresidente agregó que con el decreto de Rodríguez Veltzé “se resuelve el problema jurídico de la revocatoria y se establece a partir de la Superintendencia de Minas la anulación de las concesiones”, por un vicio de origen, y porque el decreto de Carlos Mesa acabó abrogado por quien le sucedió en el cargo.
Con referencia a los intentos frustrados de llegar a un acuerdo con los demandantes, por una compensación menor a la que fue pagada, el expresidente dijo que en los procesos arbitrales cuentan los resultados por sobre otros aspectos jurídicos. “Otro aspecto que sorprende extraordinariamente es que el Ministro de Justicia se salta muy rápidamente la justificación para decir por qué no acordaron tres millones de dólares de pago y pagaron 42,6 millones de dólares, y dice: ‘No podíamos nosotros aceptar un pago de tres millones de dólares ante un documento falsificado, porque eso hubiera sido un delito’. Aquí lo que cuentan son los resultados”, señaló la exautoridad.
El expresidente Carlos Mesa, acusado por el Gobierno de ser el responsable del fallo que le costó al Estado 42,6 millones de dólares, refutó ayer a los ministros interpelados, al asegurar que la anulación de las concesiones mineras a Non Metallic Minerals (NMM) y Quiborax estuvo amparada en la Ley de Minería. “En nuestro gobierno, la Superintendencia de Minas estableció la nulidad de las concesiones por vicios de origen, porque las concesiones se habían dado de manera inadecuada, incorrecta. Este concepto lo establece muy claramente el documento de quienes son árbitros en este arbitraje internacional, no fue establecido como elemento central de defensa de parte de Bolivia”, afirmó la exautoridad, una vez acabada la interpelación.
Mesa sostuvo que los ministros de Minería y de Justicia, que ayer se presentaron ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “olvidaron” mencionar “elementos clave” que demuestran que se hizo una defensa errada de Bolivia. “Cuando hablan de los considerandos del Decreto Supremo del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé solamente se refieren al problema de la forma jurídica que tenía nuestro decreto, pero no dicen que en el considerando tercero, el presidente Rodríguez establece que la decisión de anular las concesiones de Non Metallic hecha por la Superintendencia de Minas causa estado y tiene plena vigencia.
Eso quiere decir que Bolivia llega al punto de partida de este arbitraje con todos los elementos absolutamente claros y a su favor”, manifestó Mesa. El expresidente agregó que con el decreto de Rodríguez Veltzé “se resuelve el problema jurídico de la revocatoria y se establece a partir de la Superintendencia de Minas la anulación de las concesiones”, por un vicio de origen, y porque el decreto de Carlos Mesa acabó abrogado por quien le sucedió en el cargo.
Con referencia a los intentos frustrados de llegar a un acuerdo con los demandantes, por una compensación menor a la que fue pagada, el expresidente dijo que en los procesos arbitrales cuentan los resultados por sobre otros aspectos jurídicos. “Otro aspecto que sorprende extraordinariamente es que el Ministro de Justicia se salta muy rápidamente la justificación para decir por qué no acordaron tres millones de dólares de pago y pagaron 42,6 millones de dólares, y dice: ‘No podíamos nosotros aceptar un pago de tres millones de dólares ante un documento falsificado, porque eso hubiera sido un delito’. Aquí lo que cuentan son los resultados”, señaló la exautoridad.