FUENTE: EL DÍA
De los Bs 10.656 millones asignados a los nueve gobiernos departamentales del país por el Presupuesto General del Estado (PGE) 2018, al menos el 57% de esos ingresos se programaron invertir en carreteras y la actividad agropecuaria, según el último análisis y reporte de la Fundación Jubileo. Sin embargo, el informe destaca que de dicha asignación presupuestaria, al menos Bs 7.218 millones son efectivamente para la gestión departamental; el resto corresponde a gastos delegados. El PGE 2018 presenta, cita Jubileo, para el caso de los gobiernos departamentales, un monto similar al de la gestión pasada, pero bastante menor a lo que recibieron entre 2014 y 2015.
"Después de nueve años de aprobada la Constitución Política del Estado (CPE), sigue pendiente el compromiso de lograr avances importantes con relación a la autonomía departamental, como espacio de gestión pública que impulse el desarrollo regional", enfatiza el análisis. Pero en contrapartida, el estudio lamenta que la discusión del Pacto Fiscal siga pendiente y que el mismo hasta ahora no arribó a buen puerto, luego de dos años de reuniones y escaso avance. Suben a medio camino. De acuerdo al estudio de Jubileo, el mayor techo presupuestario proyectado fue el 2015 con alrededor de Bs 11.664 millones, asociada al pico más alto que tuvo la bonanza económica alcanzado por Bolivia el 2014.
De ese total de buenos años de ingresos que gozaron las gobernaciones, Tarija fue el departamento con mayores ingresos, tanto que para el presupuesto 2015 proyectaron cerca a Bs 4.000 millones. Ese auge, de pronto, como efecto de la caída de los precios internacionales del petróleo, se cayó en menos de tres años, hasta quedar reducido los ingresos a las gobernaciones en casi un tercio. Del total del Presupuesto 2018 para los gobiernos departamentales, de Bs. 10.656, Tarija tiene la mayor asignación de recursos, con aproximadamente 25% del total, luego está Santa Cruz con 20%, Cochabamba con 13%, Potosí con 12%, La Paz con 11%; y los otros cuatro departamentos reciben, en conjunto, el restante 19% de la torta. Desde este año, el PGE 2018, separa el presupuesto de la Gobernación de Tarija y el Presupuesto del Gobierno Regional del Gran Chaco. Del total del presupuesto de este departamento, la Gobernación de Tarija administra 62% y el Gobierno Regional del Gran Chaco, 38%. En montos, el presupuesto del Gobierno Regional del Gran Chaco es superior a lo que reciben las gobernaciones de Chuquisaca, Oruro, Beni o Pando. Este año, los proyectos de inversión que serían ejecutados por las gobernaciones serán 987, de los cuales 38% están en Tarija y Potosí.
El número total de proyectos habría disminuido en 15% con relación al presupuesto de 2017. Destino de los recursos. Respecto al destino de estos recursos, la prioridad, al igual que años anteriores, sigue siendo el sector Caminos, al que se destina 35% de la inversión departamental. La inversión departamental destinada al sector Agropecuario es de 22%, y Energía –que es básicamente electrificación rural- recibe 8%. Los sectores de Industria, Comercio, Servicios y Turismo, sumados, reciben solamente 2% de los recursos de inversión departamental. La paradoja surge cuando, según los datos del estudio de Jubileo, se establece que en salud y educación es al que menos recursos se destina.
A salud solo el 4% y a educación un 3% a nivel global de las nueve gobernaciones del país. Pero las particularidades se asientan en cada uno de los gobiernos departamentales, cuyas prioridades varían según su autonomía pero intrínsecamente ligada a la región, sus necesidades y aspiraciones y a sus políticas de gobierno local.
En el caso de Santa Cruz. En lo que se refiere a la Gobernación de Santa Cruz, cuyo presupuesto proyectado para este año fue de Bs 1.442 millones, es la proyección más baja con relación al 2015, cuando alcanzó Bs 2.115 millones. Sin embargo, los ingresos previstos totales para este año alcanzan Bs 2.137 millones como efecto de la transferencia adicional de Bs 695 millones de parte del gobierno para “gastos específicos”. En ese contexto, la relación a la inversión de esta entidad proyectó como sector prioritario del destino de sus ingresos en caminos, con 51%, seguido por la actividad agropecuaria con solo 11%. El estudio de Jubileo al respecto precisa que la gestión departamental, tiene 116 proyectos de inversión inscritos en su presupuesto.
En temas de salud, educación y seguridad ciudadana, todos juntos tienen un presupuesto apenas del 7,3%. En el contexto de la ejecución 2017. El reporte de ejecución presupuestaria del Presupuesto General del Estado del Sistema Integrado de Gestión y Modernización de la Administración SIGMA, al 31 de diciembre de 2017, muestra que la ejecución presupuestaria a 2017, a nivel nacional, llegó al 75,6% Según el economista Jimmy Osorio, lo que resalta es: primero, el Gobierno central, compuesto por sus ministerios, entidades descentralizadas y sus empresas, administraron el 80% de todo el presupuesto; y el segundo aspecto es que los gobiernos departamentales tuvieron mayor eficacia a la hora de ejecutar sus recursos, pues alcanzaron el 82,2% de ejecución.
De los Bs 12.604 millones del Presupuesto 2017 de las nueve gobernaciones, se gastaron un total de Bs 10.432 millones, alcanzando un nivel de ejecución del 82,8%. La gobernación que tuvo mayor eficacia en la ejecución de su presupuesto, fue La Paz con un 93%; sin embargo, haciendo la razón del gasto por habitante señala Osorio, se puede ver que la gobernación de Tarija tuvo un gasto per cápita de Bs 3.493, y la gobernación con menor gasto per cápita, fue la de La Paz, con solo Bs 551 por habitante. "Tuvo un gasto 6,3 veces menor al que la gobernación de Tarija realizó en sus pobladores", asegura su análisis. Según Fabián Yaksic, asesor de la gobernación de La Paz, las asimetrías suman y siguen en el nivel departamental de las gobernaciones, debido a que aún no se ha redefinido de manera clara una nueva redistribución de recursos de acuerdo a sus necesidades y obligaciones los recursos necesarios para que las gobernaciones tengan alternativas para generar sus propios ingresos con características definidas por sus respectivas autonomías. Prioridades muy variables en uno y otro departamento La Paz.
Jubileo señala que en relación a la inversión de la Gobernación de La Paz, el sector prioritario es caminos, con 43%, seguido por fortalecimiento institucional con 27% y agropecuario 12%. Además, cuenta 108 proyectos de inversión inscritos en su presupuesto. Cochabamba. El sector prioritario es agropecuario, con 28%, seguido por deportes 25%, medio ambiente y caminos con solo 17%. La gestión departamental tiene 71 proyectos de inversión Tarija. En la región más hidrocarburífera de Bolivia, donde el presupuesto es el más alto del país con Bs 1.808 millones, es caminos con 37%, seguido por el agropecuario con 19% y energía 10%. La gestión departamental tiene 198 proyectos de inversión inscritos en su presupuesto. Chuquisaca.
El sector prioritario es agropecuario con 43% del total, seguido de caminos y energía. Tiene 95 proyectos de inversión inscritos en su presupuesto. Oruro. Prioriza el sector agropecuario con 24%, seguido de deporte 14% y educación 11%. La gestión tiene 113 proyectos de inversión inscritos en su presupuesto. Potosí. Cuyo presupuesto llega a Bs 871 millones, la prioridad es el sector agropecuario con 30%, seguido por caminos con 29%. Beni. La prioridad con el 52% es el agropecuario, seguido por caminos con el 21%. Pando. El sector prioritario es infraestructura urbana y Rural, con 22%, seguido por Salud y Seguridad Ciudadana.
Los ingresos con que cuentan
1. Regalías. Es la renta que percibe el Estado por la explotación de recursos naturales: hidrocarburíferos, mineros y otros. En el caso específico de hidrocarburos, los departamentos productores reciben una regalía equivalente a 11% de su producción. Beni y Pando reciben una regalía compensatoria de 1% del total de la producción nacional (dos terceras partes corresponden a Beni y una tercera parte a Pando).
2. Fondo compensatorio. Compensación que otorga el Tesoro General de la Nación a los departamentos, cuyas regalías por habitante están por debajo del promedio nacional.
3. Coparticipación del IEHD. El IEHD es el impuesto a la importación y comercialización en el mercado interno de hidrocarburos y sus derivados; por ejemplo, el impuesto que se grava a la gasolina. De las recaudaciones del IEHD, 25% es para los departamentos; de estos, 20% corresponde al gobierno departamental y 5% se transfiere a las universidades.
4. Ingresos IDH. Es el impuesto de 32% a la producción de hidrocarburos. Del total recaudado por este concepto, los gobiernos departamentales, en su conjunto, reciben aproximadamente 10%.
5. Impuesto a los juegos. Corresponde a las gobernaciones el 15% del Impuesto a la Participación en Juegos; pero en los últimos años no se registran ingresos por este concepto.
6. Impuestos departamentales. De acuerdo con la Ley de Clasificación y Creación de Impuestos, los gobiernos departamentales podrán crear tributos a las herencias y donaciones de bienes, a la propiedad de vehículos para navegación aérea y acuática, y a algunas de las afectaciones al medio ambiente. El único impuesto creado y registrado en el presupuesto es el referido a la Sucesión Hereditaria y Donaciones de Bienes Inmuebles y Muebles sujetos a registro público.
7. Recursos propios. Son los recursos recaudados por los gobiernos departamentales por la venta de bienes, servicios, tasas, patentes y otros, como los ingresos percibidos por cobro de importes por formularios, impresos y otros para registro, autorizaciones, etc; alquiler de edificios, maquinarias y/o equipos y otros.
8. Transferencia sector público. Son transferencias recibidas del Gobierno Central y de otras entidades públicas, conforme a convenios o en cumplimiento a normas legales, para fines específicos en proyectos de inversión (transferencias de capital) y/o gasto corriente (transferencias corrientes).
También se contemplan las transferencias por delegación de competencias y transferencias extraordinarias del TGN para calamidades públicas.
9. Donaciones. Son recursos provenientes de organismos internacionales y países extranjeros, de manera voluntaria y sin contraprestación de bienes o servicios (nada a cambio), principalmente para la ejecución de proyectos de inversión.
10. Préstamos externos e internos. Provienen de organismos internacionales y países extranjeros, y de fondos nacionales, principalmente para proyectos de inversión.
11. Transferencias, salud y gestión social. Son asignaciones para los gastos delegados por el Gobierno central correspondientes al pago de salarios al personal de salud y gestión social. Estos recursos, si bien están incluidos en los presupuestos departamentales, no son para la gestión departamental.
12. Saldos de caja y banco. Son recursos departamentales que no se gastaron en la o las gestiones anteriores y que están depositados en sus cuentas.
Todavía tenemos severos desequilibrios fiscales'
Jimmy Osorio Experto en Gestión Territorial
“El Presupuesto General del Estado, responde a la planificación estatal, es decir que para el cumplimiento con los objetivos y metas que se tiene como Estado en una gestión fiscal.
Por un lado, los presupuestos deben estar orientados a atender temas prioritarios como salud, educación y seguridad ciudadana, lo cual siempre es disperso según cada entidad territorial, dado que fijará el destino de sus ingresos y recursos en función a sus propias particularidades que hoy están sustentados por la autonomía.
En ese sentido, es necesario que las entidades cumplan con la ejecución de sus planes, programas y proyectos, el no realizarlo, afecta directamente a que no se puedan concretar las metas propuestas. De cierta manera, la ejecución presupuestaria financiera mide la eficiencia en el cumplimiento de objetivos de las entidades, aunque no siempre suele ser así, puesto que muchas veces las finanzas institucionales no condicen con los niveles de ejecución física, y en algunas ocasiones la dinámica financiera puede ser permisible para favorecer o desfavorecer la mirada de la gestión.
Pese a la contracción del crecimiento económico nacional que es notorio en las previsiones presupuestarias, el 2017 el nivel de ejecución tuvo un regular desempeño y es comparable al de gestiones pasadas. Finalmente, revisando la asignación presupuestaria entre los diferentes niveles de gobiernos y el gasto absoluto y per cápita en los departamentos y municipios, se evidencia claramente, que todavía hay severos desequilibrios, tanto verticales como horizontales; el desafío para futuras gestiones debe ser la revisión de la eficiencia y la nivelación del gasto público en los diferentes niveles.
De los Bs 10.656 millones asignados a los nueve gobiernos departamentales del país por el Presupuesto General del Estado (PGE) 2018, al menos el 57% de esos ingresos se programaron invertir en carreteras y la actividad agropecuaria, según el último análisis y reporte de la Fundación Jubileo. Sin embargo, el informe destaca que de dicha asignación presupuestaria, al menos Bs 7.218 millones son efectivamente para la gestión departamental; el resto corresponde a gastos delegados. El PGE 2018 presenta, cita Jubileo, para el caso de los gobiernos departamentales, un monto similar al de la gestión pasada, pero bastante menor a lo que recibieron entre 2014 y 2015.
"Después de nueve años de aprobada la Constitución Política del Estado (CPE), sigue pendiente el compromiso de lograr avances importantes con relación a la autonomía departamental, como espacio de gestión pública que impulse el desarrollo regional", enfatiza el análisis. Pero en contrapartida, el estudio lamenta que la discusión del Pacto Fiscal siga pendiente y que el mismo hasta ahora no arribó a buen puerto, luego de dos años de reuniones y escaso avance. Suben a medio camino. De acuerdo al estudio de Jubileo, el mayor techo presupuestario proyectado fue el 2015 con alrededor de Bs 11.664 millones, asociada al pico más alto que tuvo la bonanza económica alcanzado por Bolivia el 2014.
De ese total de buenos años de ingresos que gozaron las gobernaciones, Tarija fue el departamento con mayores ingresos, tanto que para el presupuesto 2015 proyectaron cerca a Bs 4.000 millones. Ese auge, de pronto, como efecto de la caída de los precios internacionales del petróleo, se cayó en menos de tres años, hasta quedar reducido los ingresos a las gobernaciones en casi un tercio. Del total del Presupuesto 2018 para los gobiernos departamentales, de Bs. 10.656, Tarija tiene la mayor asignación de recursos, con aproximadamente 25% del total, luego está Santa Cruz con 20%, Cochabamba con 13%, Potosí con 12%, La Paz con 11%; y los otros cuatro departamentos reciben, en conjunto, el restante 19% de la torta. Desde este año, el PGE 2018, separa el presupuesto de la Gobernación de Tarija y el Presupuesto del Gobierno Regional del Gran Chaco. Del total del presupuesto de este departamento, la Gobernación de Tarija administra 62% y el Gobierno Regional del Gran Chaco, 38%. En montos, el presupuesto del Gobierno Regional del Gran Chaco es superior a lo que reciben las gobernaciones de Chuquisaca, Oruro, Beni o Pando. Este año, los proyectos de inversión que serían ejecutados por las gobernaciones serán 987, de los cuales 38% están en Tarija y Potosí.
El número total de proyectos habría disminuido en 15% con relación al presupuesto de 2017. Destino de los recursos. Respecto al destino de estos recursos, la prioridad, al igual que años anteriores, sigue siendo el sector Caminos, al que se destina 35% de la inversión departamental. La inversión departamental destinada al sector Agropecuario es de 22%, y Energía –que es básicamente electrificación rural- recibe 8%. Los sectores de Industria, Comercio, Servicios y Turismo, sumados, reciben solamente 2% de los recursos de inversión departamental. La paradoja surge cuando, según los datos del estudio de Jubileo, se establece que en salud y educación es al que menos recursos se destina.
A salud solo el 4% y a educación un 3% a nivel global de las nueve gobernaciones del país. Pero las particularidades se asientan en cada uno de los gobiernos departamentales, cuyas prioridades varían según su autonomía pero intrínsecamente ligada a la región, sus necesidades y aspiraciones y a sus políticas de gobierno local.
En el caso de Santa Cruz. En lo que se refiere a la Gobernación de Santa Cruz, cuyo presupuesto proyectado para este año fue de Bs 1.442 millones, es la proyección más baja con relación al 2015, cuando alcanzó Bs 2.115 millones. Sin embargo, los ingresos previstos totales para este año alcanzan Bs 2.137 millones como efecto de la transferencia adicional de Bs 695 millones de parte del gobierno para “gastos específicos”. En ese contexto, la relación a la inversión de esta entidad proyectó como sector prioritario del destino de sus ingresos en caminos, con 51%, seguido por la actividad agropecuaria con solo 11%. El estudio de Jubileo al respecto precisa que la gestión departamental, tiene 116 proyectos de inversión inscritos en su presupuesto.
En temas de salud, educación y seguridad ciudadana, todos juntos tienen un presupuesto apenas del 7,3%. En el contexto de la ejecución 2017. El reporte de ejecución presupuestaria del Presupuesto General del Estado del Sistema Integrado de Gestión y Modernización de la Administración SIGMA, al 31 de diciembre de 2017, muestra que la ejecución presupuestaria a 2017, a nivel nacional, llegó al 75,6% Según el economista Jimmy Osorio, lo que resalta es: primero, el Gobierno central, compuesto por sus ministerios, entidades descentralizadas y sus empresas, administraron el 80% de todo el presupuesto; y el segundo aspecto es que los gobiernos departamentales tuvieron mayor eficacia a la hora de ejecutar sus recursos, pues alcanzaron el 82,2% de ejecución.
De los Bs 12.604 millones del Presupuesto 2017 de las nueve gobernaciones, se gastaron un total de Bs 10.432 millones, alcanzando un nivel de ejecución del 82,8%. La gobernación que tuvo mayor eficacia en la ejecución de su presupuesto, fue La Paz con un 93%; sin embargo, haciendo la razón del gasto por habitante señala Osorio, se puede ver que la gobernación de Tarija tuvo un gasto per cápita de Bs 3.493, y la gobernación con menor gasto per cápita, fue la de La Paz, con solo Bs 551 por habitante. "Tuvo un gasto 6,3 veces menor al que la gobernación de Tarija realizó en sus pobladores", asegura su análisis. Según Fabián Yaksic, asesor de la gobernación de La Paz, las asimetrías suman y siguen en el nivel departamental de las gobernaciones, debido a que aún no se ha redefinido de manera clara una nueva redistribución de recursos de acuerdo a sus necesidades y obligaciones los recursos necesarios para que las gobernaciones tengan alternativas para generar sus propios ingresos con características definidas por sus respectivas autonomías. Prioridades muy variables en uno y otro departamento La Paz.
Jubileo señala que en relación a la inversión de la Gobernación de La Paz, el sector prioritario es caminos, con 43%, seguido por fortalecimiento institucional con 27% y agropecuario 12%. Además, cuenta 108 proyectos de inversión inscritos en su presupuesto. Cochabamba. El sector prioritario es agropecuario, con 28%, seguido por deportes 25%, medio ambiente y caminos con solo 17%. La gestión departamental tiene 71 proyectos de inversión Tarija. En la región más hidrocarburífera de Bolivia, donde el presupuesto es el más alto del país con Bs 1.808 millones, es caminos con 37%, seguido por el agropecuario con 19% y energía 10%. La gestión departamental tiene 198 proyectos de inversión inscritos en su presupuesto. Chuquisaca.
El sector prioritario es agropecuario con 43% del total, seguido de caminos y energía. Tiene 95 proyectos de inversión inscritos en su presupuesto. Oruro. Prioriza el sector agropecuario con 24%, seguido de deporte 14% y educación 11%. La gestión tiene 113 proyectos de inversión inscritos en su presupuesto. Potosí. Cuyo presupuesto llega a Bs 871 millones, la prioridad es el sector agropecuario con 30%, seguido por caminos con 29%. Beni. La prioridad con el 52% es el agropecuario, seguido por caminos con el 21%. Pando. El sector prioritario es infraestructura urbana y Rural, con 22%, seguido por Salud y Seguridad Ciudadana.
Los ingresos con que cuentan
1. Regalías. Es la renta que percibe el Estado por la explotación de recursos naturales: hidrocarburíferos, mineros y otros. En el caso específico de hidrocarburos, los departamentos productores reciben una regalía equivalente a 11% de su producción. Beni y Pando reciben una regalía compensatoria de 1% del total de la producción nacional (dos terceras partes corresponden a Beni y una tercera parte a Pando).
2. Fondo compensatorio. Compensación que otorga el Tesoro General de la Nación a los departamentos, cuyas regalías por habitante están por debajo del promedio nacional.
3. Coparticipación del IEHD. El IEHD es el impuesto a la importación y comercialización en el mercado interno de hidrocarburos y sus derivados; por ejemplo, el impuesto que se grava a la gasolina. De las recaudaciones del IEHD, 25% es para los departamentos; de estos, 20% corresponde al gobierno departamental y 5% se transfiere a las universidades.
4. Ingresos IDH. Es el impuesto de 32% a la producción de hidrocarburos. Del total recaudado por este concepto, los gobiernos departamentales, en su conjunto, reciben aproximadamente 10%.
5. Impuesto a los juegos. Corresponde a las gobernaciones el 15% del Impuesto a la Participación en Juegos; pero en los últimos años no se registran ingresos por este concepto.
6. Impuestos departamentales. De acuerdo con la Ley de Clasificación y Creación de Impuestos, los gobiernos departamentales podrán crear tributos a las herencias y donaciones de bienes, a la propiedad de vehículos para navegación aérea y acuática, y a algunas de las afectaciones al medio ambiente. El único impuesto creado y registrado en el presupuesto es el referido a la Sucesión Hereditaria y Donaciones de Bienes Inmuebles y Muebles sujetos a registro público.
7. Recursos propios. Son los recursos recaudados por los gobiernos departamentales por la venta de bienes, servicios, tasas, patentes y otros, como los ingresos percibidos por cobro de importes por formularios, impresos y otros para registro, autorizaciones, etc; alquiler de edificios, maquinarias y/o equipos y otros.
8. Transferencia sector público. Son transferencias recibidas del Gobierno Central y de otras entidades públicas, conforme a convenios o en cumplimiento a normas legales, para fines específicos en proyectos de inversión (transferencias de capital) y/o gasto corriente (transferencias corrientes).
También se contemplan las transferencias por delegación de competencias y transferencias extraordinarias del TGN para calamidades públicas.
9. Donaciones. Son recursos provenientes de organismos internacionales y países extranjeros, de manera voluntaria y sin contraprestación de bienes o servicios (nada a cambio), principalmente para la ejecución de proyectos de inversión.
10. Préstamos externos e internos. Provienen de organismos internacionales y países extranjeros, y de fondos nacionales, principalmente para proyectos de inversión.
11. Transferencias, salud y gestión social. Son asignaciones para los gastos delegados por el Gobierno central correspondientes al pago de salarios al personal de salud y gestión social. Estos recursos, si bien están incluidos en los presupuestos departamentales, no son para la gestión departamental.
12. Saldos de caja y banco. Son recursos departamentales que no se gastaron en la o las gestiones anteriores y que están depositados en sus cuentas.
Todavía tenemos severos desequilibrios fiscales'
Jimmy Osorio Experto en Gestión Territorial
“El Presupuesto General del Estado, responde a la planificación estatal, es decir que para el cumplimiento con los objetivos y metas que se tiene como Estado en una gestión fiscal.
Por un lado, los presupuestos deben estar orientados a atender temas prioritarios como salud, educación y seguridad ciudadana, lo cual siempre es disperso según cada entidad territorial, dado que fijará el destino de sus ingresos y recursos en función a sus propias particularidades que hoy están sustentados por la autonomía.
En ese sentido, es necesario que las entidades cumplan con la ejecución de sus planes, programas y proyectos, el no realizarlo, afecta directamente a que no se puedan concretar las metas propuestas. De cierta manera, la ejecución presupuestaria financiera mide la eficiencia en el cumplimiento de objetivos de las entidades, aunque no siempre suele ser así, puesto que muchas veces las finanzas institucionales no condicen con los niveles de ejecución física, y en algunas ocasiones la dinámica financiera puede ser permisible para favorecer o desfavorecer la mirada de la gestión.
Pese a la contracción del crecimiento económico nacional que es notorio en las previsiones presupuestarias, el 2017 el nivel de ejecución tuvo un regular desempeño y es comparable al de gestiones pasadas. Finalmente, revisando la asignación presupuestaria entre los diferentes niveles de gobiernos y el gasto absoluto y per cápita en los departamentos y municipios, se evidencia claramente, que todavía hay severos desequilibrios, tanto verticales como horizontales; el desafío para futuras gestiones debe ser la revisión de la eficiencia y la nivelación del gasto público en los diferentes niveles.