FUENTE: PÁGINA SIETE
Por el proceso de nacionalización de las empresas petroleras ejecutado desde 2006 por el Gobierno, el Estado indemnizó 774,45 millones de dólares, señala un trabajo de investigación del ingeniero Hugo del Granado.
El monto representa el 85% del total cancelado a la fecha a las 14 firmas que fueron nacionalizadas y/o revertidas y que sumaron un total de 908 millones de dólares. “La indemnización en el sector de hidrocarburos costó al Estado boliviano 774,45 millones de dólares, en los cuales están incorporados los cuatro millones que pedía AIR BP y que aún no ha cobrado pero que ya se concilió”, señala el análisis.
El experto, tras hacer una revisión minuciosa de cada uno de los decretos que disponen la compensación y el proceso de nacionalización, señala por ejemplo que por la transferencia al Estado del total de las acciones de Petrobras en las refinerías, se le pagaron 112 millones de dólares (ver cuadro).
Por el paquete accionario de Transredes, YPFB pagó 120,58 millones de dólares a cada una de las transnacionales Shell y Ashmore, y que hicieron un total de 241 millones de dólares. Sin embargo, en el caso de esta última precisa que por el 2,62% de las acciones, se le debía abonar 12,64 millones de dólares más, como establecía el Decreto Supremo 29541, pero el monto fue dejado de lado con el acuerdo de compensación, dispuesto en el Decreto Supremo 29726.
En el monto indemnizado por el Estado también se incluyen los 324,5 millones de dólares cancelados a Pan American Energy (PAE), accionista de Chaco; los 16,4 millones de dólares por las acciones la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), y los 4 millones de dólares comprometidos a Air BP, que distribuía combustibles en aeropuertos del país.
Los otros casos
A principios de 2017, la Procuraduría General del Estado (PGE) informó que Bolivia pagó 828,3 millones de dólares por la nacionalización de 12 firmas que operaban en el país.
El monto total incluye el convenio alcanzado con ETI Eurotelecom Internacional por la expropiación de sus acciones en Entel.
La firma recibió 100 millones de dólares. También está el caso de Rurelec, empresa a la que se erogaron 28,9 millones de dólares en 2014 por la reversión de sus acciones en eléctrica Guaracachi.
A esos casos resueltos se suma el laudo de la española Abertis con un acuerdo transaccional de 23 millones de dólares, que se alcanzó en mayo del mismo año, por la estatización de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA) en 2013.
Queda un pago pendiente de 57 millones de dólares a Quiborax, que incluye intereses. La resolución del CIADI se conoció el pasado 18 de mayo de este 2018. Con éstos dos últimos fallos la indemnización suma un total de 908,3 millones de dólares.
Están en curso arbitrajes con las compañías South American Silver; Glencore; Jindal Steel Bolivia y BP Investment que demandan 731,7 millones de dólares por anularse contratos o revertirse las empresas, de acuerdo con una revisión de la PGE.
Los pendientes Minería Entre los arbitrajes pendientes que Bolivia tiene están con la empresa Glencore, por la expropiación del Complejo Metalúrgico Vinto, la Planta de Antimonio Vinto y el centro minero de Colquiri y exige $us 300 millones.
Minera También está la espera de la emisión del laudo final del tribunal por el caso South American Silver, que pide 385,7 millones por la reversión de la mina Mallku Khota.
Concesión Por el laudo con Jindal Steel Bolivia, un tribunal resolvió en agosto de 2014 el pago de 22,5 millones de dólares, que incluye la ejecución de la primera boleta de garantía e intereses. Pero, la firma india inició otra demanda por la ejecución de una segunda boleta por $us 18 millones.
Por el proceso de nacionalización de las empresas petroleras ejecutado desde 2006 por el Gobierno, el Estado indemnizó 774,45 millones de dólares, señala un trabajo de investigación del ingeniero Hugo del Granado.
El monto representa el 85% del total cancelado a la fecha a las 14 firmas que fueron nacionalizadas y/o revertidas y que sumaron un total de 908 millones de dólares. “La indemnización en el sector de hidrocarburos costó al Estado boliviano 774,45 millones de dólares, en los cuales están incorporados los cuatro millones que pedía AIR BP y que aún no ha cobrado pero que ya se concilió”, señala el análisis.
El experto, tras hacer una revisión minuciosa de cada uno de los decretos que disponen la compensación y el proceso de nacionalización, señala por ejemplo que por la transferencia al Estado del total de las acciones de Petrobras en las refinerías, se le pagaron 112 millones de dólares (ver cuadro).
Por el paquete accionario de Transredes, YPFB pagó 120,58 millones de dólares a cada una de las transnacionales Shell y Ashmore, y que hicieron un total de 241 millones de dólares. Sin embargo, en el caso de esta última precisa que por el 2,62% de las acciones, se le debía abonar 12,64 millones de dólares más, como establecía el Decreto Supremo 29541, pero el monto fue dejado de lado con el acuerdo de compensación, dispuesto en el Decreto Supremo 29726.
En el monto indemnizado por el Estado también se incluyen los 324,5 millones de dólares cancelados a Pan American Energy (PAE), accionista de Chaco; los 16,4 millones de dólares por las acciones la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), y los 4 millones de dólares comprometidos a Air BP, que distribuía combustibles en aeropuertos del país.
Los otros casos
A principios de 2017, la Procuraduría General del Estado (PGE) informó que Bolivia pagó 828,3 millones de dólares por la nacionalización de 12 firmas que operaban en el país.
El monto total incluye el convenio alcanzado con ETI Eurotelecom Internacional por la expropiación de sus acciones en Entel.
La firma recibió 100 millones de dólares. También está el caso de Rurelec, empresa a la que se erogaron 28,9 millones de dólares en 2014 por la reversión de sus acciones en eléctrica Guaracachi.
A esos casos resueltos se suma el laudo de la española Abertis con un acuerdo transaccional de 23 millones de dólares, que se alcanzó en mayo del mismo año, por la estatización de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA) en 2013.
Queda un pago pendiente de 57 millones de dólares a Quiborax, que incluye intereses. La resolución del CIADI se conoció el pasado 18 de mayo de este 2018. Con éstos dos últimos fallos la indemnización suma un total de 908,3 millones de dólares.
Están en curso arbitrajes con las compañías South American Silver; Glencore; Jindal Steel Bolivia y BP Investment que demandan 731,7 millones de dólares por anularse contratos o revertirse las empresas, de acuerdo con una revisión de la PGE.
Los pendientes Minería Entre los arbitrajes pendientes que Bolivia tiene están con la empresa Glencore, por la expropiación del Complejo Metalúrgico Vinto, la Planta de Antimonio Vinto y el centro minero de Colquiri y exige $us 300 millones.
Minera También está la espera de la emisión del laudo final del tribunal por el caso South American Silver, que pide 385,7 millones por la reversión de la mina Mallku Khota.
Concesión Por el laudo con Jindal Steel Bolivia, un tribunal resolvió en agosto de 2014 el pago de 22,5 millones de dólares, que incluye la ejecución de la primera boleta de garantía e intereses. Pero, la firma india inició otra demanda por la ejecución de una segunda boleta por $us 18 millones.