FUENTE: EL DÍA
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó una resolución de diez puntos, al término del congreso con todos los sectores empresariales, en la que se declara en estado de emergencia y pide la abrogación de la ley de empresas sociales y un análisis sobre el segundo aguinaldo. Además, piden que se coordinen políticas económicas con el sector. Mostraron unidad del sector. El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, señaló que pese a los esfuerzos inmensos de diálogo, no se ha tomado en cuenta las propuestas del sector y abogó por políticas de creación de empleo.
Indicó que los empresarios levantaron una voz unísona en defensa del estado de derecho, la propiedad privada, la libertad de prensa, el empleo digno y las oportunidades para trabajar prosperar y traer mejores días para Bolivia". Asimismo, piden una política de empleo equilibrada y obtener una respuesta a las propuestas que el sector presentó el año 2016. Solicitan que se consulte con el sector cuando se trata de normativa y políticas del sector productivo y un trabajo conjunto para revertir la desaceleración económica. También se determinó exigir al Gobierno coordinar con el sector privado, un plan para revertir la desaceleración y los desbalances macroeconómicos, que cada vez se acentúan, poniendo en riesgo la viabilidad de mediano plazo de la economía.
Este plan según el sector privado, debe incluir medidas transversales y sectoriales con políticas e incentivos con verdadera equidad, enfatizando en las regiones de menor desarrollo. Privados presentaron una denuncia internacional.
Durante la inauguración del congreso, el representante de los empresarios de Bolivia, dio a conocer que se denunció al gobierno de Evo Morales en la Conferencia Internacional del Trabajo, que se realiza en la ciudad de Ginebra, Suiza, por marginar a este sector en las decisiones finales de incremento salarial. Nostas, manifestó que decidieron activar este mecanismo legal porque cada año el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) no cumplen los compromisos internacionales, que obligan a realizar una consulta exhaustiva, con la plena participación del sector privado, para asumir determinaciones sobre el incremento salarial.
"Nos han marginado de todo proceso de diálogo y negociación sobre los aumentos (salariales), no obstante que los empresarios asumimos el costo final de estas decisiones, (pero) debo informarles que nuestra organización ha asumido acciones de defensa y en estos momentos, una delegación institucional se encuentra presentando una denuncia ante la Conferencia Internacional del Trabajo", dijo. Cainco presentó cuatro propuestas. Jorge Arias, presidente de la Cámara de Industria y Comercio y Turismo (Cainco), durante su participación en el congreso, planteó acciones concretas para generar crecimiento.
El primero fue reafirmar su rechazo a la Ley de Empresas Sociales, posición que asumió cuando la medida fue anunciada y posteriormente promulgada. El segundo es una estrategia de impacto en el corto plazo para enfrentar el estancamiento económico que implicará la ampliación del crédito productivo; inicio de negociaciones con los bloques comerciales de la Unión Europea y países asiáticos para la ampliación de los mercados; y la aplicación de incentivos sectoriales específicos.
El tercer punto es el combate efectivo contra la informalidad, el contrabando y la corrupción; y el cuarto demandar un diálogo con el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, alejado de posiciones políticas, para lograr resultados concretos que impulsen el desarrollo de Santa Cruz y Bolivia. Transportistas también en emergencia. Por su parte, Gonzalo Baldivieso, representante del Transporte Pesado Internacional, indicó que el pasado 5 de mayo sacaron un voto resolutivo declarándose en estado de emergencia porque el sector se siente aislado y agotarán todas las medidas de diálogo para tomar decisiones posteriores. "No descartamos que hayan movilizaciones como salir a las carreteras, no descartamos un paro y otrs medidas que no podemos decir por estrategia", dijo Baldivieso. En esa misma línea Juan Yujra, representante del transporte pesado nacional, indicó que el sector ya no tiene trabajo y con las leyes que saca el Gobierno se ven más perjudicados.
"También somos microempresarios por lo tanto las nuevas normativas nos perjudican, si el gobierno no escucha las conclusiones de este congreso, no dudaremos en tomar medidas de presión", dijo el dirigente. Responden a la CNC. El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, en respuesta a las versiones del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, quien dijo, que el Gobierno "infla" el PIB cuando elabora el cálculo de ese indicador con el método devengado, la autoridad indicó que el PIB de Bolivia está medido correctamente y su veracidad es auditada anualmente por organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó una resolución de diez puntos, al término del congreso con todos los sectores empresariales, en la que se declara en estado de emergencia y pide la abrogación de la ley de empresas sociales y un análisis sobre el segundo aguinaldo. Además, piden que se coordinen políticas económicas con el sector. Mostraron unidad del sector. El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, señaló que pese a los esfuerzos inmensos de diálogo, no se ha tomado en cuenta las propuestas del sector y abogó por políticas de creación de empleo.
Indicó que los empresarios levantaron una voz unísona en defensa del estado de derecho, la propiedad privada, la libertad de prensa, el empleo digno y las oportunidades para trabajar prosperar y traer mejores días para Bolivia". Asimismo, piden una política de empleo equilibrada y obtener una respuesta a las propuestas que el sector presentó el año 2016. Solicitan que se consulte con el sector cuando se trata de normativa y políticas del sector productivo y un trabajo conjunto para revertir la desaceleración económica. También se determinó exigir al Gobierno coordinar con el sector privado, un plan para revertir la desaceleración y los desbalances macroeconómicos, que cada vez se acentúan, poniendo en riesgo la viabilidad de mediano plazo de la economía.
Este plan según el sector privado, debe incluir medidas transversales y sectoriales con políticas e incentivos con verdadera equidad, enfatizando en las regiones de menor desarrollo. Privados presentaron una denuncia internacional.
Durante la inauguración del congreso, el representante de los empresarios de Bolivia, dio a conocer que se denunció al gobierno de Evo Morales en la Conferencia Internacional del Trabajo, que se realiza en la ciudad de Ginebra, Suiza, por marginar a este sector en las decisiones finales de incremento salarial. Nostas, manifestó que decidieron activar este mecanismo legal porque cada año el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) no cumplen los compromisos internacionales, que obligan a realizar una consulta exhaustiva, con la plena participación del sector privado, para asumir determinaciones sobre el incremento salarial.
"Nos han marginado de todo proceso de diálogo y negociación sobre los aumentos (salariales), no obstante que los empresarios asumimos el costo final de estas decisiones, (pero) debo informarles que nuestra organización ha asumido acciones de defensa y en estos momentos, una delegación institucional se encuentra presentando una denuncia ante la Conferencia Internacional del Trabajo", dijo. Cainco presentó cuatro propuestas. Jorge Arias, presidente de la Cámara de Industria y Comercio y Turismo (Cainco), durante su participación en el congreso, planteó acciones concretas para generar crecimiento.
El primero fue reafirmar su rechazo a la Ley de Empresas Sociales, posición que asumió cuando la medida fue anunciada y posteriormente promulgada. El segundo es una estrategia de impacto en el corto plazo para enfrentar el estancamiento económico que implicará la ampliación del crédito productivo; inicio de negociaciones con los bloques comerciales de la Unión Europea y países asiáticos para la ampliación de los mercados; y la aplicación de incentivos sectoriales específicos.
El tercer punto es el combate efectivo contra la informalidad, el contrabando y la corrupción; y el cuarto demandar un diálogo con el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, alejado de posiciones políticas, para lograr resultados concretos que impulsen el desarrollo de Santa Cruz y Bolivia. Transportistas también en emergencia. Por su parte, Gonzalo Baldivieso, representante del Transporte Pesado Internacional, indicó que el pasado 5 de mayo sacaron un voto resolutivo declarándose en estado de emergencia porque el sector se siente aislado y agotarán todas las medidas de diálogo para tomar decisiones posteriores. "No descartamos que hayan movilizaciones como salir a las carreteras, no descartamos un paro y otrs medidas que no podemos decir por estrategia", dijo Baldivieso. En esa misma línea Juan Yujra, representante del transporte pesado nacional, indicó que el sector ya no tiene trabajo y con las leyes que saca el Gobierno se ven más perjudicados.
"También somos microempresarios por lo tanto las nuevas normativas nos perjudican, si el gobierno no escucha las conclusiones de este congreso, no dudaremos en tomar medidas de presión", dijo el dirigente. Responden a la CNC. El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, en respuesta a las versiones del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, quien dijo, que el Gobierno "infla" el PIB cuando elabora el cálculo de ese indicador con el método devengado, la autoridad indicó que el PIB de Bolivia está medido correctamente y su veracidad es auditada anualmente por organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).