FUENTE: CAMBIO
El 18 de mayo de 2018, el comité de anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) comunicó al Gobierno de Bolivia sobre el laudo o fallo dictado por el tribunal de arbitraje a favor de Quiborax SA y la empresa Non Metallic Minerals SA, que establece el pago de $us 57 millones, en el marco de la controversia internacional que data desde 2004 por la reversión de concesiones mineras en el salar de Uyuni.
“La Procuraduría General, el día de hoy (por el domingo), conjuntamente con el Ministerio de Minería, nos encontramos llevando adelante conversaciones con la empresa Quiborax para ver la posibilidad de una reducción del monto laudado”, señaló ayer el procurador general del Estado, Pablo Menacho, en entrevista con la red de medios estatales.
La autoridad explicó que, antes de concluir el caso planteado por Quiborax ante el Ciadi, la PGE agotó todos los procedimientos legales, como la solicitud de anulación del laudo arbitral, entre otros.
En ese marco, abrió la posibilidad de reducir el monto a pagar a la firma chilena, tomando en cuenta que en un caso similar con la empresa inglesa Rurelec, que planteó en 2010 una demanda arbitral contra Bolivia por la nacionalización del 50% de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA), se logró reducir mediante negociaciones el monto de indemnización.
Rurelec debía recibir $us 41,8 millones, pero el Estado boliviano pudo negociar la reducción a $us 31,5 millones.
El 18 de mayo de 2018, el comité de anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) comunicó al Gobierno de Bolivia sobre el laudo o fallo dictado por el tribunal de arbitraje a favor de Quiborax SA y la empresa Non Metallic Minerals SA, que establece el pago de $us 57 millones, en el marco de la controversia internacional que data desde 2004 por la reversión de concesiones mineras en el salar de Uyuni.
“La Procuraduría General, el día de hoy (por el domingo), conjuntamente con el Ministerio de Minería, nos encontramos llevando adelante conversaciones con la empresa Quiborax para ver la posibilidad de una reducción del monto laudado”, señaló ayer el procurador general del Estado, Pablo Menacho, en entrevista con la red de medios estatales.
La autoridad explicó que, antes de concluir el caso planteado por Quiborax ante el Ciadi, la PGE agotó todos los procedimientos legales, como la solicitud de anulación del laudo arbitral, entre otros.
En ese marco, abrió la posibilidad de reducir el monto a pagar a la firma chilena, tomando en cuenta que en un caso similar con la empresa inglesa Rurelec, que planteó en 2010 una demanda arbitral contra Bolivia por la nacionalización del 50% de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA), se logró reducir mediante negociaciones el monto de indemnización.
Rurelec debía recibir $us 41,8 millones, pero el Estado boliviano pudo negociar la reducción a $us 31,5 millones.