FUENTE: PÁGINA SIETE
La constructora brasileña OAS que tiene contratos en Bolivia fue investigada en ese país, Chile, Perú y Ecuador por haber financiado campañas electorales, operaciones de lavado de dinero y pago de sobornos a altos funcionarios de empresas estatales. En el país se conformó una comisión legislativa para indagar contratos con empresas brasileñas de 2004 a 2006, pero que no incluyen a OAS, que se adjudicó la construcción de tres vías en la administración de Evo Morales.
Desde que el caso Lava Jato comenzó a ser investigado en julio de 2013, la justicia brasileña determinó que OAS fue una de las empresas que realizó “aportes” para la campaña electoral de Luiz Inácio Lula Da Silva, a quien le obsequió un departamento de 1,2 millones de dólares a cambio de que el entonces mandatario favorezca a la compañía con contratos de la estatal Petrobras, según americatv.com.pe. Además de los sospechosos pagos entregados al expresidente, el exministro de Turismo de Brasil Henrique Alves también fue detenido y acusado de cobrar sobornos de OAS por 24 millones de dólares para entregarle la construcción del estadio de Natal, para el Mundial de 2014. En el caso de Chile, OAS fue parte del grupo contratado para construir el puente del Canal de Chacao, pero se hizo “famosa” al ser señalada por la revista Veja de haber financiado la campaña electoral de la expresidenta Michelle Bachelet. “En noviembre de 2013, Lula viajó a Santiago en un jet dispuesto por OAS, dio una charla pagada por OAS y se encontró con Michelle Bachelet. En el mes siguiente, un consorcio integrado por la empresa ganó una licitación en el país (Chile)”, reportó la revista brasileña. A raíz de la denuncia, el Ministerio Público chileno abrió una investigación, por la cual su fiscal nacional, Jorge Abbott, y la fiscal Ximena Chong, encargada del caso OAS, viajaron a Brasil en febrero de 2017 para coordinar trabajos con el fiscal general de ese país, Rodrigo Janot.
En julio de 2014 la Fiscalía en Perú comenzó a investigar la concesión del proyecto vial Línea Amarilla a la empresa Lamsac, ligada a OAS. Las pesquisas establecieron que la adjudicación de la obra tuvo origen en “coordinaciones ilícitas” entre funcionarios ediles de Lima y el expresidente de compañía Leo Pinheiro, quien en agosto de 2015 fue condenado a 16 años y cuatro meses de prisión por los delitos de corrupción activa, lavado de dinero y participación en crimen organizado, en su país de origen.
Otros ejecutivos de OAS condenados a prisión en Brasil o bajo investigación en dicho territorio confesaron que dieron millonarios sobornos en Perú, entre 2004 y 2015, para ser favorecidos con la otorgación de proyectos. El mismo alcalde de Lima, Luis Castañeda, es investigado en la actualidad por la presunta comisión de delitos de corrupción, resultantes de su relación con la constructora de Línea Amarilla, según lavajato.ojo-publico.com. En Ecuador, la constructora OAS se hizo cargo del Proyecto Multipropósito Baba (PMB) en 2010. La represa fue inaugurada en 2013, después de varias irregularidades, con un costo total de 542 millones de dólares.
El hermano del expresidente Rafael Correa, Fabricio, en una entrevista con el diario El Universo, en abril de 2016, afirmó que él era el representante de ventas de OAS en Ecuador. Unos meses después se supo que la filial ecuatoriana de OAS había desviado 9,1 millones de dólares para enviarlos a Andorra, desde donde ese dinero era destinado a pagar sobornos a los funcionarios encargados de adjudicar obras en varios países. Al menos 73 personas en 10 países tienen relación con Lava Jato Hasta el momento fueron identificadas al menos 73 personas en 10 países de América Latina que presuntamente tienen relación directa con las coimas de las compañías investigadas en el caso Lava Jato. De esta lista, construida a partir de la información de las autoridades y los medios de comunicación de cada país, 42 fueron funcionarios de las empresas estatales (57%), 20 son empresarios (27%), cinco abogados (7%) y el resto son familiares de los involucrados, según convoca.pe. De las 73 personas aparentemente implicadas, 61 (84%) están bajo investigación por las autoridades en sus respectivas naciones y 12 (16%) aún no fueron incorporadas en las pesquisas oficiales.
En la base de datos del caso Lava Jato también se refleja que las autoridades de Venezuela, México y Ecuador todavía no abrieron procesos oficiales de investigación a nadie, a pesar de que las empresas acusadas tuvieron operaciones en esos territorios. Hasta antes de la conformación de la comisión mixta del Legislativo, Bolivia también se encontraba entre los países que no investigaban el caso. Hasta la fecha y sin tomar en cuenta Brasil, entre los países que tienen a personas investigadas por sobornos, Perú encabeza la lista con 31%, pero también la de personas a quienes todavía no se les ha abierto una indagación oficial a pesar de los indicios en su contra (5%).
En el ámbito de la “aparente impunidad” también figuran Argentina (4%), El Salvador (3%), Panamá (1%) y Chile (1%). “La operación Lava Jato representa un gran avance en un escenario de corrupción e impunidad. Pero este avance se construye todos los días con las instituciones y el respeto por el gobierno de la ley cada vez más fuerte. Cada país de la región tiene sus propias peculiaridades, pero es necesario superar la corrupción que nos avergüenza”, declaró a Convoca el juez brasileño Sergio Moro, que sigue la causa en una entrevista realizada el año pasado en abril.
La constructora brasileña OAS que tiene contratos en Bolivia fue investigada en ese país, Chile, Perú y Ecuador por haber financiado campañas electorales, operaciones de lavado de dinero y pago de sobornos a altos funcionarios de empresas estatales. En el país se conformó una comisión legislativa para indagar contratos con empresas brasileñas de 2004 a 2006, pero que no incluyen a OAS, que se adjudicó la construcción de tres vías en la administración de Evo Morales.
Desde que el caso Lava Jato comenzó a ser investigado en julio de 2013, la justicia brasileña determinó que OAS fue una de las empresas que realizó “aportes” para la campaña electoral de Luiz Inácio Lula Da Silva, a quien le obsequió un departamento de 1,2 millones de dólares a cambio de que el entonces mandatario favorezca a la compañía con contratos de la estatal Petrobras, según americatv.com.pe. Además de los sospechosos pagos entregados al expresidente, el exministro de Turismo de Brasil Henrique Alves también fue detenido y acusado de cobrar sobornos de OAS por 24 millones de dólares para entregarle la construcción del estadio de Natal, para el Mundial de 2014. En el caso de Chile, OAS fue parte del grupo contratado para construir el puente del Canal de Chacao, pero se hizo “famosa” al ser señalada por la revista Veja de haber financiado la campaña electoral de la expresidenta Michelle Bachelet. “En noviembre de 2013, Lula viajó a Santiago en un jet dispuesto por OAS, dio una charla pagada por OAS y se encontró con Michelle Bachelet. En el mes siguiente, un consorcio integrado por la empresa ganó una licitación en el país (Chile)”, reportó la revista brasileña. A raíz de la denuncia, el Ministerio Público chileno abrió una investigación, por la cual su fiscal nacional, Jorge Abbott, y la fiscal Ximena Chong, encargada del caso OAS, viajaron a Brasil en febrero de 2017 para coordinar trabajos con el fiscal general de ese país, Rodrigo Janot.
En julio de 2014 la Fiscalía en Perú comenzó a investigar la concesión del proyecto vial Línea Amarilla a la empresa Lamsac, ligada a OAS. Las pesquisas establecieron que la adjudicación de la obra tuvo origen en “coordinaciones ilícitas” entre funcionarios ediles de Lima y el expresidente de compañía Leo Pinheiro, quien en agosto de 2015 fue condenado a 16 años y cuatro meses de prisión por los delitos de corrupción activa, lavado de dinero y participación en crimen organizado, en su país de origen.
Otros ejecutivos de OAS condenados a prisión en Brasil o bajo investigación en dicho territorio confesaron que dieron millonarios sobornos en Perú, entre 2004 y 2015, para ser favorecidos con la otorgación de proyectos. El mismo alcalde de Lima, Luis Castañeda, es investigado en la actualidad por la presunta comisión de delitos de corrupción, resultantes de su relación con la constructora de Línea Amarilla, según lavajato.ojo-publico.com. En Ecuador, la constructora OAS se hizo cargo del Proyecto Multipropósito Baba (PMB) en 2010. La represa fue inaugurada en 2013, después de varias irregularidades, con un costo total de 542 millones de dólares.
El hermano del expresidente Rafael Correa, Fabricio, en una entrevista con el diario El Universo, en abril de 2016, afirmó que él era el representante de ventas de OAS en Ecuador. Unos meses después se supo que la filial ecuatoriana de OAS había desviado 9,1 millones de dólares para enviarlos a Andorra, desde donde ese dinero era destinado a pagar sobornos a los funcionarios encargados de adjudicar obras en varios países. Al menos 73 personas en 10 países tienen relación con Lava Jato Hasta el momento fueron identificadas al menos 73 personas en 10 países de América Latina que presuntamente tienen relación directa con las coimas de las compañías investigadas en el caso Lava Jato. De esta lista, construida a partir de la información de las autoridades y los medios de comunicación de cada país, 42 fueron funcionarios de las empresas estatales (57%), 20 son empresarios (27%), cinco abogados (7%) y el resto son familiares de los involucrados, según convoca.pe. De las 73 personas aparentemente implicadas, 61 (84%) están bajo investigación por las autoridades en sus respectivas naciones y 12 (16%) aún no fueron incorporadas en las pesquisas oficiales.
En la base de datos del caso Lava Jato también se refleja que las autoridades de Venezuela, México y Ecuador todavía no abrieron procesos oficiales de investigación a nadie, a pesar de que las empresas acusadas tuvieron operaciones en esos territorios. Hasta antes de la conformación de la comisión mixta del Legislativo, Bolivia también se encontraba entre los países que no investigaban el caso. Hasta la fecha y sin tomar en cuenta Brasil, entre los países que tienen a personas investigadas por sobornos, Perú encabeza la lista con 31%, pero también la de personas a quienes todavía no se les ha abierto una indagación oficial a pesar de los indicios en su contra (5%).
En el ámbito de la “aparente impunidad” también figuran Argentina (4%), El Salvador (3%), Panamá (1%) y Chile (1%). “La operación Lava Jato representa un gran avance en un escenario de corrupción e impunidad. Pero este avance se construye todos los días con las instituciones y el respeto por el gobierno de la ley cada vez más fuerte. Cada país de la región tiene sus propias peculiaridades, pero es necesario superar la corrupción que nos avergüenza”, declaró a Convoca el juez brasileño Sergio Moro, que sigue la causa en una entrevista realizada el año pasado en abril.