FUENTE: PÁGINA SIETE
“Junto con la brigada hemos determinado hacer un proceso penal porque hubo muy poca defensa, su equipo técnico no ha defendido como debería defender y luego culpan a nuestro Gobierno como si hubiera aplazado el desembolso”, declaró la jefa de brigada, Benita Suárez.
En agosto de 2016, el informe final de la consultora canadiense GLJ Petroleum Consultants Ltda, contratada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para determinar la delimitación del megacampo de gas Incahuasi, concluyó que la totalidad de sus reservas se encuentran en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, esta decisión no fue aceptada por Chuquisaca, que presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esa instancia emitió una sentencia que suspende el pago de las regalías a favor de los cruceños desde noviembre del año pasado. Según ANF, hace un par de semanas, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, anuló la resolución que establecía los límites entre ambos departamentos, lo que volvió a poner en debate entre ambas regiones las reservas del megacampo gasífero Incahuasi.
La Gobernación de Santa Cruz interpuso una denuncia penal por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes contra el ministro de la Presidencia y el viceministro de Autonomías. “Hemos presentado la denuncia penal por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes contra el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, y el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, por este daño a Santa Cruz”, informó el secretario de Gobierno, Vladimir Peña. La Gobernación de Santa Cruz descartó cualquier diálogo para tratar una posible repartición de los recursos de Incahuasi. Sin embargo, Chuquisaca los invitó a tratar este tema en Cochabamba, pero la secretaria de Coordinación de la Gobernación cruceña, Ruth Lozada, dijo que “no podemos dialogar sobre lo que ya está resuelto”.
“Junto con la brigada hemos determinado hacer un proceso penal porque hubo muy poca defensa, su equipo técnico no ha defendido como debería defender y luego culpan a nuestro Gobierno como si hubiera aplazado el desembolso”, declaró la jefa de brigada, Benita Suárez.
En agosto de 2016, el informe final de la consultora canadiense GLJ Petroleum Consultants Ltda, contratada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para determinar la delimitación del megacampo de gas Incahuasi, concluyó que la totalidad de sus reservas se encuentran en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, esta decisión no fue aceptada por Chuquisaca, que presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esa instancia emitió una sentencia que suspende el pago de las regalías a favor de los cruceños desde noviembre del año pasado. Según ANF, hace un par de semanas, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, anuló la resolución que establecía los límites entre ambos departamentos, lo que volvió a poner en debate entre ambas regiones las reservas del megacampo gasífero Incahuasi.
La Gobernación de Santa Cruz interpuso una denuncia penal por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes contra el ministro de la Presidencia y el viceministro de Autonomías. “Hemos presentado la denuncia penal por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes contra el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, y el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, por este daño a Santa Cruz”, informó el secretario de Gobierno, Vladimir Peña. La Gobernación de Santa Cruz descartó cualquier diálogo para tratar una posible repartición de los recursos de Incahuasi. Sin embargo, Chuquisaca los invitó a tratar este tema en Cochabamba, pero la secretaria de Coordinación de la Gobernación cruceña, Ruth Lozada, dijo que “no podemos dialogar sobre lo que ya está resuelto”.