FUENTE: PÁGINA SIETE
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió que el país está perdiendo la batalla contra el contrabando en todos los frentes y ni la presencia de las Fuerzas Armadas y las medidas que se alistan por el Gobierno son suficientes.
“Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes. Los asesinatos del pasado domingo confirman que ni siquiera el ingreso de las Fuerzas Armadas para el control de las fronteras ha sido suficiente, y tampoco lo serán las leyes, ni la indignación nacional frente al poder y el tamaño de este flagelo”, señaló el presidente de la CEPB, Ronald Nostas. Según el empresario, el crimen cometido contra oficiales de las FFAA mientras realizaban un operativo en la localidad de Cahuana, próxima a Oruro, muestra que la ilícita actividad ya no puede verse como un problema secundario, regional ni unidimensional, sino como un asunto de seguridad nacional. A raíz de la muerte de dos militares en un operativo para decomisar autos chutos, el Gobierno remitió al Legislativo un proyecto de ley que faculta a los militares y policías emplear armas y los eximirá de procesos judiciales por reprimir contrabandistas. Nostas opinó que la medida es útil e importante, pero parcial e insuficiente, porque más bien se necesita una entidad especializada con recursos y personal equipado. “Probablemente debamos crear una entidad específica que no dependa de la Aduana, ni de las Fuerzas Armadas o la Policía, pero que pueda disponer de sus recursos y personal, una entidad especializada y dedicada de manera integral al control de ingreso de mercadería, la investigación y prevención, pero también del control de venta de productos de contrabando en los mercados, en coordinación con los municipios”, sugirió. Lo primero, en criterio de los empresarios privados, es que el Gobierno asuma la lucha contra el contrabando como una prioridad, en la misma proporción que el narcotráfico y un asunto de seguridad nacional.
“Se debe lograr que sea una actividad socialmente inaceptable, jurídicamente condenable y económicamente inviable”, remarcó. La solución de fondo, de acuerdo con la CEPB, pasa también por fortalecer el aparato productivo y generar opciones de vida para los ciudadanos del área rural y pequeños comerciantes y la producción y consumo de productos bolivianos. Según un estudio de la CEPB presentado al Gobierno en 2015, el contrabando anual en Bolivia mueve alrededor de 1.680 millones de dólares y si se suma el contrabando hormiga llega incluso a 2.230 millones (ver gráfica). “Es una actividad que genera un movimiento económico mucho mayor que la mayoría de nuestros rubros industriales, y si se controlara, implicaría un crecimiento adicional de entre el 1 y el 1,5% del PIB”, advirtió Nostas.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió que el país está perdiendo la batalla contra el contrabando en todos los frentes y ni la presencia de las Fuerzas Armadas y las medidas que se alistan por el Gobierno son suficientes.
“Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes. Los asesinatos del pasado domingo confirman que ni siquiera el ingreso de las Fuerzas Armadas para el control de las fronteras ha sido suficiente, y tampoco lo serán las leyes, ni la indignación nacional frente al poder y el tamaño de este flagelo”, señaló el presidente de la CEPB, Ronald Nostas. Según el empresario, el crimen cometido contra oficiales de las FFAA mientras realizaban un operativo en la localidad de Cahuana, próxima a Oruro, muestra que la ilícita actividad ya no puede verse como un problema secundario, regional ni unidimensional, sino como un asunto de seguridad nacional. A raíz de la muerte de dos militares en un operativo para decomisar autos chutos, el Gobierno remitió al Legislativo un proyecto de ley que faculta a los militares y policías emplear armas y los eximirá de procesos judiciales por reprimir contrabandistas. Nostas opinó que la medida es útil e importante, pero parcial e insuficiente, porque más bien se necesita una entidad especializada con recursos y personal equipado. “Probablemente debamos crear una entidad específica que no dependa de la Aduana, ni de las Fuerzas Armadas o la Policía, pero que pueda disponer de sus recursos y personal, una entidad especializada y dedicada de manera integral al control de ingreso de mercadería, la investigación y prevención, pero también del control de venta de productos de contrabando en los mercados, en coordinación con los municipios”, sugirió. Lo primero, en criterio de los empresarios privados, es que el Gobierno asuma la lucha contra el contrabando como una prioridad, en la misma proporción que el narcotráfico y un asunto de seguridad nacional.
“Se debe lograr que sea una actividad socialmente inaceptable, jurídicamente condenable y económicamente inviable”, remarcó. La solución de fondo, de acuerdo con la CEPB, pasa también por fortalecer el aparato productivo y generar opciones de vida para los ciudadanos del área rural y pequeños comerciantes y la producción y consumo de productos bolivianos. Según un estudio de la CEPB presentado al Gobierno en 2015, el contrabando anual en Bolivia mueve alrededor de 1.680 millones de dólares y si se suma el contrabando hormiga llega incluso a 2.230 millones (ver gráfica). “Es una actividad que genera un movimiento económico mucho mayor que la mayoría de nuestros rubros industriales, y si se controlara, implicaría un crecimiento adicional de entre el 1 y el 1,5% del PIB”, advirtió Nostas.