Por Ramón Casco Carreras
Fuente: ABC

El Acuerdo y Sentencia N° 280/2011 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se constituyó en la soldadura autógena del blindaje jurídico que erigieron gobiernos de turno de la entidad binacional para ocultar la dependencia paraguaya en Itaipú y lo que gastaron sus sucesivas administraciones.

Esta decisión no solo bloqueó el conducto que había abierto la Ley 1161/07, que pudo utilizar la opinión pública nacional para informarse de los manejos intestinos de un verdadero gigante, en el que su país es propietario condómino por partes iguales. Ante una demanda de los “funcionarios paraguayos” de las binacionales, la Sala Constitucional, mediante disposiciones legales inaplicables al caso, artículos que existen siquiera en el Tratado de Itaipú, etc., tal como denunciaba el editorial de ABC Color el 24 de junio de 2011, declaró inconstitucional la ley de referencia, impidiendo al pueblo paraguayo de este manera acceder a esta valiosa fuente pública de información.