FUNTE. LA PRENSA
A inicios de diciembre de 2016, surgieron algunas evidencias de que los Albacete eran los verdaderos dueños de la aerolínea y que Miguel Quiroga y Marco Rocha -que figuran como propietarios de la empresa en la respectiva documentación- solamente fueron utilizados para obtener la licencia de operador aéreo.
En ese momento, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró que no se descartaba la posibilidad de citar a las mencionadas personas extranjeras. Sin embargo, a la fecha, al haberse cumplido un año del accidente que causó la muerte de 71 personas, el Ministerio Público mantiene la misma postura. “No vamos a descartar ninguna posibilidad. De acuerdo a la información que se vaya dando vamos a ir llamando a las personas que sean necesarias, (personas) que la comisión de fiscales vea la pertinencia también”, dijo el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea al ser consultado sobre la pertinencia de convocar a declarar a los Albacete. También informó que el Ministerio Público solicitó la ampliación de la etapa preparatoria del caso por seis meses más y que el Juez Tercero de Instrucción Cautelar aceptó dicha solicitud. Según Larrea, en este tiempo la Fiscalía continuará con el análisis integral de la causa y, en caso de ser necesario, se convocará a otras personas a prestar declaraciones testificales.
Ante la pertinencia de convocar a declarar a funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Larrea dijo que el Ministerio Público analizará esa posibilidad en este nuevo periodo. Según el especialista en aeronáutica, Omar Durán, la Fiscalía debió citar a los Albacete en los primeros seis meses de ocurrido el accidente, porque la comisión que investiga el caso ya conocía las pruebas sobre ellos. Captura internacional Larrea explicó que al estar Marco Rocha y Celia Castedo fuera del país se tramitó una “notificación roja” para que Interpol se encargue de ejecutar los mandamientos de aprehensión en ambos casos. Por otro lado, enfatizó en la importancia de determinar los motivos por los que se impidió el aterrizaje del avión de LaMia pese a que el piloto, Miguel Quiroga, solicitó autorización para hacerlo al mencionar problemas de combustible. El fiscal indicó que la aeronave sobrevoló el aeropuerto de Medellín durante 22 minutos y eso fue determinante para el trágico desenlace.
“Eso también trae una consecuencia que ha ocasionado que en este periodo de tiempo se acabe el combustible de la aeronave y tenga que sufrir esta consecuencia”, reiteró. El avión de la aerolínea boliviana LaMia, en el que viajaban futbolistas y dirigentes del club Chapecoense, se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en un cerro cerca de Medellín. 77 pasajeros a bordo. El avión de LaMia se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en un cerro cercano a la ciudad de Medellín en Colombia.
INSISTEN EN LA INOCENCIA DE CASTEDO La Asociación de Pilotos Civiles, en una carta abierta a la opinión pública, manifestó su preocupación por el proceso que le sigue el Ministerio Público a Celia Castedo, la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios a la Navegación Aérea (Aasana), quien supuestamente tenía la función de evitar el despegue del avión al detectar cinco irregularidades en el plan de vuelo. Sin embargo, esta asociación considera que la responsable de Aro Ais (cargo que desempeñaba Castedo), “no está concebida como un filtro a la mala planificación de un vuelo y no tiene ni la autoridad ni los conocimientos o herramientas necesarias para calcular la cantidad de combustible que deba llevar un avión u otras limitantes técnicas del mismo”.
DENUNCIAN QUE DGAC MEDIÓ POR LA AEROLÍNEA El 11 de noviembre de 2016, el entonces director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), César Varela Carvajal, envió una carta al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina, Juan Pedro Irigoin, para solicitar la autorización de un vuelo chárter correspondiente a la empresa LaMia en la ruta Asunción - Buenos Aires – Asunción. El especialista en aeronáutica, Omar Durán, denunció que esa solicitud es una muestra del “tráfico de influencias” por parte de Varela para beneficiar a LaMia.
En la misiva firmada por Varela, comunica a la autoridad argentina que LaMia pretende efectuar un vuelo chárter en mencionada ruta, es decir, una “operación que representa la utilización de los derechos de tráfico de quinta libertad entre puntos no contemplados en el Acuerdo Bilateral suscrito entre Bolivia y Argentina”. Más adelante, el documento señala: “En aras de contribuir al principio de oportunidad en beneficio de los usuarios del transporte aéreo, la Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia actuará de manera recíproca en los mismos términos y condiciones en que su Autoridad otorgue una autorización excepcional a la empresa LaMia Corporation”. Según Durán, existe una serie de actos irregulares en la DGAC, desde la conformación de la aerolínea LaMia. Añade que esos aspectos no fueron investigados por el Ministerio Público.
A inicios de diciembre de 2016, surgieron algunas evidencias de que los Albacete eran los verdaderos dueños de la aerolínea y que Miguel Quiroga y Marco Rocha -que figuran como propietarios de la empresa en la respectiva documentación- solamente fueron utilizados para obtener la licencia de operador aéreo.
En ese momento, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró que no se descartaba la posibilidad de citar a las mencionadas personas extranjeras. Sin embargo, a la fecha, al haberse cumplido un año del accidente que causó la muerte de 71 personas, el Ministerio Público mantiene la misma postura. “No vamos a descartar ninguna posibilidad. De acuerdo a la información que se vaya dando vamos a ir llamando a las personas que sean necesarias, (personas) que la comisión de fiscales vea la pertinencia también”, dijo el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea al ser consultado sobre la pertinencia de convocar a declarar a los Albacete. También informó que el Ministerio Público solicitó la ampliación de la etapa preparatoria del caso por seis meses más y que el Juez Tercero de Instrucción Cautelar aceptó dicha solicitud. Según Larrea, en este tiempo la Fiscalía continuará con el análisis integral de la causa y, en caso de ser necesario, se convocará a otras personas a prestar declaraciones testificales.
Ante la pertinencia de convocar a declarar a funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Larrea dijo que el Ministerio Público analizará esa posibilidad en este nuevo periodo. Según el especialista en aeronáutica, Omar Durán, la Fiscalía debió citar a los Albacete en los primeros seis meses de ocurrido el accidente, porque la comisión que investiga el caso ya conocía las pruebas sobre ellos. Captura internacional Larrea explicó que al estar Marco Rocha y Celia Castedo fuera del país se tramitó una “notificación roja” para que Interpol se encargue de ejecutar los mandamientos de aprehensión en ambos casos. Por otro lado, enfatizó en la importancia de determinar los motivos por los que se impidió el aterrizaje del avión de LaMia pese a que el piloto, Miguel Quiroga, solicitó autorización para hacerlo al mencionar problemas de combustible. El fiscal indicó que la aeronave sobrevoló el aeropuerto de Medellín durante 22 minutos y eso fue determinante para el trágico desenlace.
“Eso también trae una consecuencia que ha ocasionado que en este periodo de tiempo se acabe el combustible de la aeronave y tenga que sufrir esta consecuencia”, reiteró. El avión de la aerolínea boliviana LaMia, en el que viajaban futbolistas y dirigentes del club Chapecoense, se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en un cerro cerca de Medellín. 77 pasajeros a bordo. El avión de LaMia se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en un cerro cercano a la ciudad de Medellín en Colombia.
INSISTEN EN LA INOCENCIA DE CASTEDO La Asociación de Pilotos Civiles, en una carta abierta a la opinión pública, manifestó su preocupación por el proceso que le sigue el Ministerio Público a Celia Castedo, la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios a la Navegación Aérea (Aasana), quien supuestamente tenía la función de evitar el despegue del avión al detectar cinco irregularidades en el plan de vuelo. Sin embargo, esta asociación considera que la responsable de Aro Ais (cargo que desempeñaba Castedo), “no está concebida como un filtro a la mala planificación de un vuelo y no tiene ni la autoridad ni los conocimientos o herramientas necesarias para calcular la cantidad de combustible que deba llevar un avión u otras limitantes técnicas del mismo”.
DENUNCIAN QUE DGAC MEDIÓ POR LA AEROLÍNEA El 11 de noviembre de 2016, el entonces director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), César Varela Carvajal, envió una carta al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina, Juan Pedro Irigoin, para solicitar la autorización de un vuelo chárter correspondiente a la empresa LaMia en la ruta Asunción - Buenos Aires – Asunción. El especialista en aeronáutica, Omar Durán, denunció que esa solicitud es una muestra del “tráfico de influencias” por parte de Varela para beneficiar a LaMia.
En la misiva firmada por Varela, comunica a la autoridad argentina que LaMia pretende efectuar un vuelo chárter en mencionada ruta, es decir, una “operación que representa la utilización de los derechos de tráfico de quinta libertad entre puntos no contemplados en el Acuerdo Bilateral suscrito entre Bolivia y Argentina”. Más adelante, el documento señala: “En aras de contribuir al principio de oportunidad en beneficio de los usuarios del transporte aéreo, la Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia actuará de manera recíproca en los mismos términos y condiciones en que su Autoridad otorgue una autorización excepcional a la empresa LaMia Corporation”. Según Durán, existe una serie de actos irregulares en la DGAC, desde la conformación de la aerolínea LaMia. Añade que esos aspectos no fueron investigados por el Ministerio Público.