FUENTE: EL DEBER
El Gobierno asegura que no existe un proyecto de carretera que una a San Ignacio de Moxos con Villa Tunari. Así lo dijo el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en 2016, cuando se le consultó sobre los trabajos que se estaban concluyendo en el tramo 1, cuando el asfalto llegó a Isinuta. Así lo repitió hace dos semanas su viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, la semana pasada, cuando se le consultó sobre la vía, a pedido de la ministra de Comunicación, que aseguró que, hasta donde sabía, no había proyecto de carretera vigente. También lo dijo Cinthya Silva, viceministra de Medioambiente, cuando se le preguntó sobre un informe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que desaconsejaba construir una carretera porque alentaría la colonización del parque.
Y lo confirmó el presidente Evo Morales el fin de semana, cuando no solo dijo que no había proyecto, sino que no había recursos para construir ninguna vía. Según la ley boliviana, ninguna carretera puede ser construida sin un estudio de impacto ambiental. Y dentro de este instrumento, existe una consulta a los pueblos que serán afectados. En este caso, los indígenas del Tipnis. Para Leonardo Tamburini, abogado especialista en derecho indígena, asesor de los pueblos de tierras bajas durante años, la Ley 969 ya contraviene el ordenamiento legal boliviano e internacional al no haber sido consultada con los pueblos. Para él, no está claro que no haya proyecto ni presupuesto para construir la carretera, ya que las obras del Gobierno (los puentes cerca de Isinuta y el terraplén en la zona del Territorio Multiétnico 1) contradicen las palabras oficiales. “Todo un proyecto nuevo necesita un nuevo estudio de impacto ambiental y, por lo tanto, una verdadera consulta libre e informada, no como la de 2012. La decisión de que la carretera no pase por el Tipnis ya fue tomada y se reflejó en la Ley 180. Si se quiere hacer la carretera, tendría que ser una diferente”, opinó.
Explicó que estas disposiciones están amparadas en la Constitución Política del Estado, la Declaración de las Naciones Unidas de los derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT. Incluso el domingo pasado, el viceministro de Transporte aseguró a EL DEBER que si después de definir sus políticas de desarrollo, los indígenas quieren una carretera, lo decidirán ellos mismos en una asamblea. El domingo, el ministro de Medio Ambiente aseguró que “la Ley 969 establece que no se puede hacer ninguna actividad dentro del Tipnis si no es en consenso y en coordinación con los habitantes”. Para el presidente de la Subcentral Tipnis afín al Gobierno, Domingo Nogales, la Ley 969 no indica que se vaya a construir una carretera ni da pie a la colonización.
Está de acuerdo en que si se quiere hacer una carretera por el Tipnis se debe hacer con todos los estudios ambientales, como dice la ley y con ello una nueva consulta a los pueblos indígenas, que tendrán derecho a presentar su propuesta. Del otro lado del río, Marqueza Teco, presidenta de la subcentral de mujeres del Tipnis, cree que el presidente está tratando de enamorar con ‘regalos’ a los indígenas para que acepten una segunda consulta. En declaraciones a ANF le pidió que envíe militares para controlar el Polígono 7, donde aseguró que se saquea el parque a través de colonos y pescadores. “Si quiere que arme su cuartel ahí, pero que nos dejen tranquilos a las comunidades. No queremos colonos”, protestó. Por su parte, Fabián Gil, presidente de la Subcentral Tipnis contraria a la carretera, aseguró que ya no se dejarán “engañar por el Gobierno”.
El Gobierno asegura que no existe un proyecto de carretera que una a San Ignacio de Moxos con Villa Tunari. Así lo dijo el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en 2016, cuando se le consultó sobre los trabajos que se estaban concluyendo en el tramo 1, cuando el asfalto llegó a Isinuta. Así lo repitió hace dos semanas su viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, la semana pasada, cuando se le consultó sobre la vía, a pedido de la ministra de Comunicación, que aseguró que, hasta donde sabía, no había proyecto de carretera vigente. También lo dijo Cinthya Silva, viceministra de Medioambiente, cuando se le preguntó sobre un informe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que desaconsejaba construir una carretera porque alentaría la colonización del parque.
Y lo confirmó el presidente Evo Morales el fin de semana, cuando no solo dijo que no había proyecto, sino que no había recursos para construir ninguna vía. Según la ley boliviana, ninguna carretera puede ser construida sin un estudio de impacto ambiental. Y dentro de este instrumento, existe una consulta a los pueblos que serán afectados. En este caso, los indígenas del Tipnis. Para Leonardo Tamburini, abogado especialista en derecho indígena, asesor de los pueblos de tierras bajas durante años, la Ley 969 ya contraviene el ordenamiento legal boliviano e internacional al no haber sido consultada con los pueblos. Para él, no está claro que no haya proyecto ni presupuesto para construir la carretera, ya que las obras del Gobierno (los puentes cerca de Isinuta y el terraplén en la zona del Territorio Multiétnico 1) contradicen las palabras oficiales. “Todo un proyecto nuevo necesita un nuevo estudio de impacto ambiental y, por lo tanto, una verdadera consulta libre e informada, no como la de 2012. La decisión de que la carretera no pase por el Tipnis ya fue tomada y se reflejó en la Ley 180. Si se quiere hacer la carretera, tendría que ser una diferente”, opinó.
Explicó que estas disposiciones están amparadas en la Constitución Política del Estado, la Declaración de las Naciones Unidas de los derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT. Incluso el domingo pasado, el viceministro de Transporte aseguró a EL DEBER que si después de definir sus políticas de desarrollo, los indígenas quieren una carretera, lo decidirán ellos mismos en una asamblea. El domingo, el ministro de Medio Ambiente aseguró que “la Ley 969 establece que no se puede hacer ninguna actividad dentro del Tipnis si no es en consenso y en coordinación con los habitantes”. Para el presidente de la Subcentral Tipnis afín al Gobierno, Domingo Nogales, la Ley 969 no indica que se vaya a construir una carretera ni da pie a la colonización.
Está de acuerdo en que si se quiere hacer una carretera por el Tipnis se debe hacer con todos los estudios ambientales, como dice la ley y con ello una nueva consulta a los pueblos indígenas, que tendrán derecho a presentar su propuesta. Del otro lado del río, Marqueza Teco, presidenta de la subcentral de mujeres del Tipnis, cree que el presidente está tratando de enamorar con ‘regalos’ a los indígenas para que acepten una segunda consulta. En declaraciones a ANF le pidió que envíe militares para controlar el Polígono 7, donde aseguró que se saquea el parque a través de colonos y pescadores. “Si quiere que arme su cuartel ahí, pero que nos dejen tranquilos a las comunidades. No queremos colonos”, protestó. Por su parte, Fabián Gil, presidente de la Subcentral Tipnis contraria a la carretera, aseguró que ya no se dejarán “engañar por el Gobierno”.