FUENTE: PAGINA SIETE
Después de más de un año de la promulgación de la Ley de Incentivos (767) y otras normas complementarias para la exploración y explotación de hidrocarburos, el Gobierno acumuló 168 millones de dólares del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) hasta julio pasado, los mismos que aún no fueron ejecutados. De acuerdo a la exposición del Viceministerio de Exploración en su rendición de cuentas inicial 2017, que se realizó en Trinidad, Beni, el martes 29, hasta julio se acumularon 168 millones de dólares, recursos que comenzaron a juntarse desde agosto de 2016, cuando se tenían 76,8 millones de dólares (ver gráfica).
"No obstante, a la fecha el Ministerio de Hidrocarburos no autorizó el pago de incentivos en el marco de lo establecido en la Ley 767, considerando que la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) no remitió a esta cartera de Estado la certificación de los datos de producción sujeta a incentivo y sus correspondientes montos”, señala el informe oficial. Con la ley se creó un fondo con el aporte del 12% de los recursos de IDH antes de la distribución a las entidades territoriales autónomas, universidades públicas y otros beneficiarios por ley. Los mismos son administrados por el Banco Central de Bolivia (BCB).
El artículo 13 de la Ley 767 establece que los recursos serán abonados de forma automática en una cuenta habilitada en el BCB, los cuales "podrán ser invertidos” en instrumentos financieros siguiendo los lineamientos establecidos para la administración e inversión de las Reservas Internacionales (RIN). Con el objetivo de promocionar las inversiones que permitan incrementar las reservas y producción de hidrocarburos con incentivos para garantizar la seguridad, sostenibilidad y soberanía energética en el país, se promulgó la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, en diciembre de 2015.
En la rendición de cuentas en Beni se informó que en el primer semestre de este año se realizaron reuniones periódicas para dar seguimiento "exhaustivo” al cumplimiento de la normativa, en función a las competencias de las instancias involucradas. La recaudación En octubre de 2015, el Gobierno afirmó que se busca dar un aliciente a la actividad petrolera con el objetivo de mejorar las reservas del país a corto plazo, sobre todo de líquidos de petróleo y de gas natural (condensado). En noviembre de 2015, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció que durante los próximos 10 años, el Fondo la Inversión en Exploración y Explotación tendrá 2.789 millones de dólares con el 12% del IDH que contribuyen las gobernaciones, municipios, universidades y el Tesoro General de la Nación. En julio, el Consejo de Departamentos Productores de Energía e Hidrocarburos de Bolivia emitió un manifiesto que rechaza la retención y confiscación del 12% del IDH, porque los fondos no fueron evidenciados, informó un matutino de Tarija.
En 2015 la medida también fue cuestionada por las alcaldías y universidades. Punto de vista RaÚl VelÁsquezFundación Jubileo "Ahora el problema es la falta de mercados” Pese a que se creó la Ley de Incentivos, el sector de hidrocarburos en Bolivia todavía está en un desorden que no termina de ser resuelto, es el caso del escándalo y cambio del presidente en YPFB, que hace que no se pueda implementar ciertas normas e incluso la reestructuración que tanto se anuncia en el sector. Entonces no extraña que no se estén ejecutando los recursos del fondo. Además, hay otros aspectos más relevantes que el fondo de incentivos, que vienen ralentizando la inversión en hidrocarburos. Es el caso de nuestro principal mercado, Brasil, que disminuyó su requerimiento a más de la mitad.
Entonces, por más incentivos que se busquen no se podrá compensar el ingreso que significaba ese mercado y cómo eso se traducía en la retribución a las petroleras. Entonces, es un problema serio, porque el sector requiere mercados que originan flujos financieros a largo plazo a cualquier proyecto que se quiera emprender. Otro problema medular que obstaculiza el desempeño es la falta de una nueva ley de hidrocarburos. Sabemos que hay proyectos de exploración y de desarrollo en el bloque Caipipendi, pero son campos que ya cuentan con plantas de procesamiento y otros. Esto no ocurre con nuevos campos y que no se van a dar resultados, ni con incentivos. Las regiones, es el caso de las gobernaciones, municipios y universidades, están en su derecho de ejercer el control social y exigir el cumplimiento del compromiso que se les hizo.
Después de más de un año de la promulgación de la Ley de Incentivos (767) y otras normas complementarias para la exploración y explotación de hidrocarburos, el Gobierno acumuló 168 millones de dólares del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) hasta julio pasado, los mismos que aún no fueron ejecutados. De acuerdo a la exposición del Viceministerio de Exploración en su rendición de cuentas inicial 2017, que se realizó en Trinidad, Beni, el martes 29, hasta julio se acumularon 168 millones de dólares, recursos que comenzaron a juntarse desde agosto de 2016, cuando se tenían 76,8 millones de dólares (ver gráfica).
"No obstante, a la fecha el Ministerio de Hidrocarburos no autorizó el pago de incentivos en el marco de lo establecido en la Ley 767, considerando que la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) no remitió a esta cartera de Estado la certificación de los datos de producción sujeta a incentivo y sus correspondientes montos”, señala el informe oficial. Con la ley se creó un fondo con el aporte del 12% de los recursos de IDH antes de la distribución a las entidades territoriales autónomas, universidades públicas y otros beneficiarios por ley. Los mismos son administrados por el Banco Central de Bolivia (BCB).
El artículo 13 de la Ley 767 establece que los recursos serán abonados de forma automática en una cuenta habilitada en el BCB, los cuales "podrán ser invertidos” en instrumentos financieros siguiendo los lineamientos establecidos para la administración e inversión de las Reservas Internacionales (RIN). Con el objetivo de promocionar las inversiones que permitan incrementar las reservas y producción de hidrocarburos con incentivos para garantizar la seguridad, sostenibilidad y soberanía energética en el país, se promulgó la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, en diciembre de 2015.
En la rendición de cuentas en Beni se informó que en el primer semestre de este año se realizaron reuniones periódicas para dar seguimiento "exhaustivo” al cumplimiento de la normativa, en función a las competencias de las instancias involucradas. La recaudación En octubre de 2015, el Gobierno afirmó que se busca dar un aliciente a la actividad petrolera con el objetivo de mejorar las reservas del país a corto plazo, sobre todo de líquidos de petróleo y de gas natural (condensado). En noviembre de 2015, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció que durante los próximos 10 años, el Fondo la Inversión en Exploración y Explotación tendrá 2.789 millones de dólares con el 12% del IDH que contribuyen las gobernaciones, municipios, universidades y el Tesoro General de la Nación. En julio, el Consejo de Departamentos Productores de Energía e Hidrocarburos de Bolivia emitió un manifiesto que rechaza la retención y confiscación del 12% del IDH, porque los fondos no fueron evidenciados, informó un matutino de Tarija.
En 2015 la medida también fue cuestionada por las alcaldías y universidades. Punto de vista RaÚl VelÁsquezFundación Jubileo "Ahora el problema es la falta de mercados” Pese a que se creó la Ley de Incentivos, el sector de hidrocarburos en Bolivia todavía está en un desorden que no termina de ser resuelto, es el caso del escándalo y cambio del presidente en YPFB, que hace que no se pueda implementar ciertas normas e incluso la reestructuración que tanto se anuncia en el sector. Entonces no extraña que no se estén ejecutando los recursos del fondo. Además, hay otros aspectos más relevantes que el fondo de incentivos, que vienen ralentizando la inversión en hidrocarburos. Es el caso de nuestro principal mercado, Brasil, que disminuyó su requerimiento a más de la mitad.
Entonces, por más incentivos que se busquen no se podrá compensar el ingreso que significaba ese mercado y cómo eso se traducía en la retribución a las petroleras. Entonces, es un problema serio, porque el sector requiere mercados que originan flujos financieros a largo plazo a cualquier proyecto que se quiera emprender. Otro problema medular que obstaculiza el desempeño es la falta de una nueva ley de hidrocarburos. Sabemos que hay proyectos de exploración y de desarrollo en el bloque Caipipendi, pero son campos que ya cuentan con plantas de procesamiento y otros. Esto no ocurre con nuevos campos y que no se van a dar resultados, ni con incentivos. Las regiones, es el caso de las gobernaciones, municipios y universidades, están en su derecho de ejercer el control social y exigir el cumplimiento del compromiso que se les hizo.