FUENTE: EL DÍA
En el marco de la jornada nacional de rendición de cuentas de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), Susana Eróstegui, directora de esta institución, reveló que "algunas organizaciones están sufriendo el recorte de los fondos de la cooperación internacional". Si bien indicó que en general se ha mantenido el nivel de inversión, que en 2016 alcanzó los 124 millones de bolivianos, también desveló que hubo una disminución en el número de funcionarios que trabajan en las distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
"El 2015 eran más de 700 personas trabajando en las organizaciones, este año estamos por 629 funcionarios. Esta disminución se dio por el recorte de los recursos de la cooperación y por las políticas como el doble aguinaldo", explicó Eróstegui. También destacó que durante el 2016 las 22 organizaciones asociadas a la Red Unitas impulsaron 155 proyectos y programas en los nueve departamentos. "Más del 90 por ciento de las fuentes de financiamiento de nuestros asociados provienen de la cooperación internacional", apuntó la directora, a tiempo de señalar que el contexto internacional no es favorable para las oenegés, puesto que la "cooperación ha priorizado programas y proyectos en África y de atención a la crisis migratoria de los refugiados en Europa".
Otros factores locales. Para Hernán Ávila, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), la disminución de los recursos del financiamiento extranjero se viene dando gradualmente desde el 2013, por factores locales e internacionales. "Hay legislaciones aprobadas que están dirigidas a controlar y doblegar la voluntad política de las organizaciones. El gobierno le pone trabas a las agencias, con la norma nos limita el accionar y ejerce un control más riguroso", dijo Ávila. Al respecto, Eróstegui apuntó a la Ley 351 que establece el marco para la otorgación de la personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales y entidades sin fines de lucro. "Esa Ley atenta contra el derecho a la libre asociación.
Establece algunos criterios que no corresponden con lo que dice la propia Constitución (Política del Estado)", afirmó la representante de Unitas. "Para las organizaciones internacionales son un verdadero problema los obstáculos administrativos para renovar sus convenios marcos en la Cancillería", agregó Eróstegui. Sobre el tema, Adrien Cruz, técnico del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), lamenta que se haya restringido la cooperación de muchas organizaciones de otros países, aunque destaca que su institución tiene un alto nivel de coordinación con los gobiernos municipales. "Con los municipios estamos bien, el (Gobierno) departamental tiene poco presupuesto para desarrollo rural, pero con el Gobierno Central es muy difícil trabajar, son muy burocráticos, no son muy eficientes", puntualizó. Inversión. Hernán Ávila informa que en el 2016 desde el Cejis se han encarado 8 proyectos y se invirtieron 3 millones de bolivianos, de los cuales un 86 por ciento provienen de fondos de cooperación externa, mientras que el 14 por ciento es financiamiento de entidades bolivianas. "Desde el 2013 se han disminuido sistemáticamente nuestros recursos en un 20 y 30 por ciento de lo que recibíamos.
El 2015 y el 2016 fueron los años en los que más bajaron nuestros fondos, sin embargo, este año hemos tratado de estabilizarnos y asegurar los recursos hasta el 2019", explicó el director del Cejis, oenegé que cumplirá en julio del 2018, 40 años en Bolivia. Por su parte, Osvaldo Peñafiel, coordinador de proyectos de la ONG Desafío reveló que el año pasado ejecutaron 3 proyectos con una inversión de 70 mil bolivianos. "No es tan fácil conseguir financiamiento externo como antes, es un poco complicada la coordinación con el Estado y la cooperación se está yendo a lugares donde hay guerra y hambruna. Este año vamos a administrar un monto menor al del año pasado", manifestó. A su vez, Adrien Cruz, técnico del Cipca, aseguró que este año van a administrar cerca de 500 mil dólares, monto menor al del año pasado que alcanzó una cifra de 780 mil dólares.
"Nosotros trabajamos con las comunidades indígenas y campesinas, este año con el presupuesto que tenemos solo nos va a dar para hacer seguimiento, capacitación y formación". Reducción de personal. Los efectos de los recortes de la cooperación internacional se dieron sobre la plantilla de cada organización.
Por ejemplo: el Cejis pasó de tener 45 personas en el 2013 a 17 actualmente. "Teníamos cuatro oficinas regionales y una nacional, ahora cerramos la de La Paz, en Trinidad solo atiende una persona y en Riberalta vamos a cerrar nuestra oficina este año", anunció Hernán Ávila. Por su parte, Adrien Cruz, señala que en Cipca se redujo hasta en un 50 por ciento el personal que trabajaba en esa institución. Mientras que en Desafío, si bien no hubo un recorte de personal, sí se han paralizado las contrataciones. Transparencia. A pesar de que el contexto no es el más favorable para las onegés, según sus representantes, la Red Unitas y otras siete redes que aglutinan organizaciones sin fines de lucro, llevaron adelante la rendición pública de cuentas en siete departamentos de Bolivia de forma simultánea. "Desde hace cinco años Unitas viene promoviendo acciones para asegurar el reconocimiento del rol y la participación de las organizaciones de la sociedad civil, un entorno institucional legal, financiero y político habilitante y el diálogo democrático sobre políticas públicas con el gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías municipales", dijo Eróstegui. También informó que los programas y proyectos de desarrollo de las 22 onegés asociadas a la Red Unitas beneficiaron a más de 2 millones de personas que viven en situación de pobreza en los nueve departamentos de Bolivia y que a pesar de los obstáculos y el contexto adverso, continuarán trabajando en la líneas que tienen definidas.
En el marco de la jornada nacional de rendición de cuentas de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), Susana Eróstegui, directora de esta institución, reveló que "algunas organizaciones están sufriendo el recorte de los fondos de la cooperación internacional". Si bien indicó que en general se ha mantenido el nivel de inversión, que en 2016 alcanzó los 124 millones de bolivianos, también desveló que hubo una disminución en el número de funcionarios que trabajan en las distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
"El 2015 eran más de 700 personas trabajando en las organizaciones, este año estamos por 629 funcionarios. Esta disminución se dio por el recorte de los recursos de la cooperación y por las políticas como el doble aguinaldo", explicó Eróstegui. También destacó que durante el 2016 las 22 organizaciones asociadas a la Red Unitas impulsaron 155 proyectos y programas en los nueve departamentos. "Más del 90 por ciento de las fuentes de financiamiento de nuestros asociados provienen de la cooperación internacional", apuntó la directora, a tiempo de señalar que el contexto internacional no es favorable para las oenegés, puesto que la "cooperación ha priorizado programas y proyectos en África y de atención a la crisis migratoria de los refugiados en Europa".
Otros factores locales. Para Hernán Ávila, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), la disminución de los recursos del financiamiento extranjero se viene dando gradualmente desde el 2013, por factores locales e internacionales. "Hay legislaciones aprobadas que están dirigidas a controlar y doblegar la voluntad política de las organizaciones. El gobierno le pone trabas a las agencias, con la norma nos limita el accionar y ejerce un control más riguroso", dijo Ávila. Al respecto, Eróstegui apuntó a la Ley 351 que establece el marco para la otorgación de la personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales y entidades sin fines de lucro. "Esa Ley atenta contra el derecho a la libre asociación.
Establece algunos criterios que no corresponden con lo que dice la propia Constitución (Política del Estado)", afirmó la representante de Unitas. "Para las organizaciones internacionales son un verdadero problema los obstáculos administrativos para renovar sus convenios marcos en la Cancillería", agregó Eróstegui. Sobre el tema, Adrien Cruz, técnico del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), lamenta que se haya restringido la cooperación de muchas organizaciones de otros países, aunque destaca que su institución tiene un alto nivel de coordinación con los gobiernos municipales. "Con los municipios estamos bien, el (Gobierno) departamental tiene poco presupuesto para desarrollo rural, pero con el Gobierno Central es muy difícil trabajar, son muy burocráticos, no son muy eficientes", puntualizó. Inversión. Hernán Ávila informa que en el 2016 desde el Cejis se han encarado 8 proyectos y se invirtieron 3 millones de bolivianos, de los cuales un 86 por ciento provienen de fondos de cooperación externa, mientras que el 14 por ciento es financiamiento de entidades bolivianas. "Desde el 2013 se han disminuido sistemáticamente nuestros recursos en un 20 y 30 por ciento de lo que recibíamos.
El 2015 y el 2016 fueron los años en los que más bajaron nuestros fondos, sin embargo, este año hemos tratado de estabilizarnos y asegurar los recursos hasta el 2019", explicó el director del Cejis, oenegé que cumplirá en julio del 2018, 40 años en Bolivia. Por su parte, Osvaldo Peñafiel, coordinador de proyectos de la ONG Desafío reveló que el año pasado ejecutaron 3 proyectos con una inversión de 70 mil bolivianos. "No es tan fácil conseguir financiamiento externo como antes, es un poco complicada la coordinación con el Estado y la cooperación se está yendo a lugares donde hay guerra y hambruna. Este año vamos a administrar un monto menor al del año pasado", manifestó. A su vez, Adrien Cruz, técnico del Cipca, aseguró que este año van a administrar cerca de 500 mil dólares, monto menor al del año pasado que alcanzó una cifra de 780 mil dólares.
"Nosotros trabajamos con las comunidades indígenas y campesinas, este año con el presupuesto que tenemos solo nos va a dar para hacer seguimiento, capacitación y formación". Reducción de personal. Los efectos de los recortes de la cooperación internacional se dieron sobre la plantilla de cada organización.
Por ejemplo: el Cejis pasó de tener 45 personas en el 2013 a 17 actualmente. "Teníamos cuatro oficinas regionales y una nacional, ahora cerramos la de La Paz, en Trinidad solo atiende una persona y en Riberalta vamos a cerrar nuestra oficina este año", anunció Hernán Ávila. Por su parte, Adrien Cruz, señala que en Cipca se redujo hasta en un 50 por ciento el personal que trabajaba en esa institución. Mientras que en Desafío, si bien no hubo un recorte de personal, sí se han paralizado las contrataciones. Transparencia. A pesar de que el contexto no es el más favorable para las onegés, según sus representantes, la Red Unitas y otras siete redes que aglutinan organizaciones sin fines de lucro, llevaron adelante la rendición pública de cuentas en siete departamentos de Bolivia de forma simultánea. "Desde hace cinco años Unitas viene promoviendo acciones para asegurar el reconocimiento del rol y la participación de las organizaciones de la sociedad civil, un entorno institucional legal, financiero y político habilitante y el diálogo democrático sobre políticas públicas con el gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías municipales", dijo Eróstegui. También informó que los programas y proyectos de desarrollo de las 22 onegés asociadas a la Red Unitas beneficiaron a más de 2 millones de personas que viven en situación de pobreza en los nueve departamentos de Bolivia y que a pesar de los obstáculos y el contexto adverso, continuarán trabajando en la líneas que tienen definidas.