PAGINA SIETE
Lidia Mamani / La Paz
Lidia Mamani / La Paz
El alza de hasta el 47% de los precios del gas natural para las industrias autorizadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) va contra la Ley 3058 de Hidrocarburos, al superar el límite del 50% fijado por la norma. Analistas cuestionan la medida.
En el artículo 87 de esa ley aprobada el 18 de mayo de 2005 señala: "(...) en ningún caso los precios del mercado interno para el gas natural podrán sobrepasar el 50% del precio mínimo del contrato de exportación”.
El valor mínimo de venta en el mercado externo para el periodo julio-septiembre es de cuatro dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica) en el mercado de Brasil, y de cinco dólares en Argentina, de acuerdo con el reporte de Hidrocarburosbolivia.com (ver info 1).
En tanto que en la página web del Ministerio de Hidrocarburos los precios preliminares para el tercer trimestre son de 4,39 dólares para Brasil y de 4,98 dólares para Argentina. Los nuevos precios internos para el gas industrial oscilan entre 1,86 dólares y 2,51 dólares.
El experto Francesco Zaratti afirmó que la resolución es "ilegal” porque incumple el artículo 87 de la Ley 3058 de Hidrocarburos vigente y, por tanto, es "nula” de todo derecho.
"Eso se debe a que el mínimo precio del gas exportado para el presente trimestre es de cuatro dólares para Brasil, de modo que el precio en el mercado interno no puede superar el 50% de ese monto; es decir, dos dólares el millar de pies cúbico (MPC)”, explicó.
Según Zaratti, en el caso de las categorías B, C y D del sector industrial los nuevos precios ($us 2,1; $us 2,3 y $us 2,5 MPC, respectivamente) son superiores al límite del valor de exportación.
Sobre el incremento, la pasada semana el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, afirmó que la resolución no es lineal para todas las empresas, sino que establece cuatro segmentos de acuerdo al consumo y que el 48% sólo se aplicará a nueve empresas de las 1.092 que tienen la categoría de industria (ver gráfica dos).
Este medio envío un cuestionario sobre el tema a la ANH en horas de la mañana, pero hasta el final de la tarde no obtuvo respuesta.
Asimismo, Zaratti aclaró que el gas no está subsidiado, como justifica el Gobierno, sino que rige un incentivo; es decir, que tiene un precio mayor al de producción, pero inferior al correspondiente en los países de la región.
En su criterio, si la política es reducir el incentivo, debería hacércelo en todos los sectores, principalmente en las termoeléctricas que consumen el 50% del gas destinado al mercado interno.
Otra observación es sobre el destino de la recaudación por el ajuste, que se destinará a ampliar redes de gas en poblaciones alejadas, según las autoridades.
"Esto es totalmente irracional, en vista de que no hay manera económicade llevar gas a poblaciones remotas y el proyecto LNG (gasoducto virtual) ha resultado en un sonoro fracaso. Lo más probable es que ese dinero vaya a atenuar la disminución de las utilidades de YPFB”, dijo.
Sería mejor, dijo, "sincerar” gradualmente las tarifas del gas, manteniendo una ventaja comparativa con otros países, pero permitiendo el desarrollo de otros proyectos energéticos (hidroeléctricas y energías renovables) y mejorar la competitividad de la industria nacional.
El analista Bernardo Prado coincidió en señalar que el incremento no puede superar el 50% del precio más bajo de exportación, que en este caso es de Brasil, con cuatro dólares. "Creo que hubo un lapsus o la ANH tendría que justificar qué parámetros usó para aprobar esa resolución y por qué se establecen precios por encima del 50%, tomando en cuenta que la ley es clara. Entonces creo que una urgencia, improvisación o desconocimiento de la norma, hizo que entre en vigencia la resolución”, indicó.
Alertó que al final la medida, que obedece a recaudar fondos, afectará directamente a los bolsillos de los bolivianos.
El jueves 17 la Cámara Nacional de Industrias informó que el alza de la tarifa de gas de 1,70 el MPC a 2,51 el MPC (47%) afectará a 34.600 industrias que consumen el hidrocarburo en todo el país y se trasladará al consumidor.
La CNC pide crear comité de energía
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, planteó ayer la creación de un comité de energía, para planificar junto con el Gobierno el abastecimiento y alza en las tarifas de gas y electricidad para las industrias que operan en el país.
"Si hubiera un comité de energía en este país, donde tratáramos temas de electricidad o de gas, con los empresarios, podríamos acompañar la estrategia del Gobierno y ver en algunos casos unos incrementos paulatinos”, dijo, según ABI.
Punto de vista
Hugo del granado Experto en hidrocarburos
"La resolución de la ANH es ilegal”
La Resolución Administrativa RAR ANH ULGR 0331/2017 del 11 de agosto de 2017 tiene varias imprecisiones.
Por ejemplo, menciona el Decreto Supremo 267/2015 del año 2015 que regula los precios del gas natural en Tarija, aspecto que no tiene nada que ver con la elevación actual de precios, pero no menciona el artículo 87 de la Ley de Hidrocarburos 3058, que es el que establece los límites de los precios del gas natural para el mercado interno.
Es justamente esta omisión la que hace que la RM 0331 sea ilegal, porque el artículo 87 establece que el precio del gas natural para el mercado interno no puede sobrepasar el 50% del precio mínimo del contrato de exportación.
Para el tercer trimestre de 2017 el precio mínimo de exportación es el precio a Brasil, que se encuentra en cuatro dólares el millón de BTU, y el nuevo precio que se fija a través de esta resolución administrativa es de 2,54 dólares el millar de pies cúbico (MPC), esto significa que a los industriales se les estaría cobrando el 63,5% del precio mínimo de exportación; es decir, se está violando la Ley 3058.
Se podría intentar justificar que el precio del energético no es igual al precio del volumen, pero en el caso del gas natural boliviano ambos valores son prácticamente equivalentes.
El objeto de la medida es incrementar los ingresos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y con la experiencia de diciembre de 2010, cuando el Gobierno tuvo que retroceder ante el gasolinazo decretado, ha optado por acudir al gas natural. El sector más golpeado por la medida es indudablemente el cementero.