FUENTE: PÁGINA SIETE
Óscar Barriga Arteaga es el octavo presidente que asume la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante el gobierno de Evo Morales. En 10 años, por la estatal petrolera pasaron siete ejecutivos y varios salieron con observaciones por presuntas irregularidades.
El primero fue Jorge Alvarado, que estuvo al frente de la compañía durante siete meses, desde julio de 2006. Su salida tuvo que ver con la firma de un contrato con la empresa Iberoamericana SRL para la venta de petróleo a Brasil. La denuncia de una supuesta irregularidad no fue planteada por la oposición, ni los medios de comunicación, sino por la entonces Superintendencia de Hidrocarburos.
Años después, el Gobierno dijo que no hubo irregularidad alguna. En agosto de 2006 fue posesionado Juan Carlos Ortiz, que duró muy poco en el cargo.
Fue reemplazado por Manuel Morales Olivera, quien estuvo en la empresa de enero a marzo de 2007. El 24 de marzo de ese año fue posesionado Guillermo Aruquipa, que estuvo al frente de la estatal hasta 2008.
En marzo de ese año lo reemplazó Santos Ramírez, que tuvo que abandonar el cargo por el caso Catler Uniservice en febrero de 2009. El mando de YPFB fue encomendado a Carlos Villegas que permaneció hasta su muerte en 2015. Lo sustituyó Guillermo Achá, que duró dos años.
Jorge Alvarado (2006) Fue el primer presidente de YPFB de la actual gestión de Gobierno. El 8 de junio de 2006 firmó un contrato con la empresa Iberoamérica Trading SRL para la compra-venta de 2.000 barriles diarios a Brasil. Según la Superintendencia de Hidrocarburos, ese acuerdo provocaría un daño económico al Estado por un valor de 3,8 millones de dólares. Tras la denuncia, el Gobierno pidió la renuncia del entonces superintendente, Víctor Hugo Sáinz.
Manuel Morales Olivera (2007) Durante su gestión se denunció que un grupo de funcionarios de YPFB fue a Cuba a vacacionar, en lugar de capacitarse. Según una nota de ANF, su administración se manchó por la redacción de 44 contratos petroleros irregulares con múltiples errores, mediante negociaciones secretas que entabló con las petroleras.
Se dijo que las transnacionales pagarían hasta el 80% de sus ingresos, pero el país sólo percibió el 50%. Guillermo Aruquipa (2007-2008) Su gestión fue vinculada a hechos de nepotismo y contratación de personal aparentemente ilegal (ANF). En 2009, fue aprehendido por los delitos de tráfico de influencias, asociación delictuosa, por conformación irregular de la sociedad mixta entre YPFB y SIPSA. Se señaló que en la Superintendencia se aprobó el alza de costo de recalificación de garrafas.
Estuvo 45 meses con detención domiciliaria, pero obtuvo su libertad pura y simple. Santos Ramírez (2008-2009) Su gestión se ensombreció luego de que el 27 de enero de 2009 Jorge O’Connor D’Arlach murió de un disparo cuando intentaba entregar una presunta coima para que Catler Uniservice se adjudique la planta separadora de líquidos de Río Grande. Fue condenado 12 años de prisión en 2012. Según un informe oficial, Ramírez instruyó pagos en favor de Gulsby Process Systems por 13,21 millones de dólares y Uniservice por 3,3 millones. Carlos Villegas (2009-2014) En su gestión se conocieron algunos hechos.
Gerson Rojas, exgerente de Plantas de Separación de Líquidos, fue destituido por delitos de uso indebido de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito. En 2012 tuvo un accidente en Yapacaní y a raíz de ello se inició una investigación. En su caja fuerte hallaron 90.000 dólares. En otro caso, se denunció una red de corrupción en la unidad de Comunicación y Almacenes de YPFB-Chaco. Guillermo Achá (2015-2017) La salida de Guillermo Achá se precipitó luego de la firma de un contrato para la provisión de taladros por 148 millones de dólares.
El Gobierno denunció ante la Fiscalía a 16 personas por irregularidades en la contratación, pero Achá defendió la legalidad del proceso. Los coimputados aseguraron que éste autorizó a la gerente legal de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería, a participar en reuniones con Drillmec, sin ser parte del comité de licitación. Gobernación cruceña pide investigar los contratos Luego de conocerse el cambio de Guillermo Achá en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Gobernación de Santa Cruz solicitó una investigación transparente de todos los contratos suscritos por la estatal petrolera.
Víctor Hugo Áñez, representante de la Gobernación cruceña ante el directorio de YPFB, expresó que el país necesita señales claras de lucha contra la corrupción, que no pasan solamente por remover a personas sino por el manejo transparente de las instituciones. Añadió que pedirán que el nuevo presidente de YPFB presente un informe de la realidad de la compra de los taladros, otro de toda la gestión de YPFB, además de una verificación de los procesos de contrataciones.
Áñez aclaró que semanas atrás solicitaron la salida de Achá para que se lleve con transparencia la investigación del caso taladros, pidiendo que el Ministerio Público indague a todos los involucrados con este hecho irregular, sin ninguna exclusión ni proteccionismo de una persona.
"El ciudadano está cansado de hechos de corrupción, y se necesita darle tranquilidad de que sus recursos están bien manejados”, precisó. Por la dimensión del asunto y la magnitud de lo que representa esta empresa, que es la más grande del Estado, se debe hacer una auditoría y revisión de los procesos de contratación de YPFB, para demostrar que se está trabajando con transparencia y así dar certidumbre a los ciudadanos, añadió Añez. El senador Óscar Ortiz dijo según ANF, que Achá creó en su gestión y en contra de la voluntad del directorio y su estatuto, el Centro Corporativo, una instancia paralela con poderes "supra-institucionales”.
Óscar Barriga Arteaga es el octavo presidente que asume la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante el gobierno de Evo Morales. En 10 años, por la estatal petrolera pasaron siete ejecutivos y varios salieron con observaciones por presuntas irregularidades.
El primero fue Jorge Alvarado, que estuvo al frente de la compañía durante siete meses, desde julio de 2006. Su salida tuvo que ver con la firma de un contrato con la empresa Iberoamericana SRL para la venta de petróleo a Brasil. La denuncia de una supuesta irregularidad no fue planteada por la oposición, ni los medios de comunicación, sino por la entonces Superintendencia de Hidrocarburos.
Años después, el Gobierno dijo que no hubo irregularidad alguna. En agosto de 2006 fue posesionado Juan Carlos Ortiz, que duró muy poco en el cargo.
Fue reemplazado por Manuel Morales Olivera, quien estuvo en la empresa de enero a marzo de 2007. El 24 de marzo de ese año fue posesionado Guillermo Aruquipa, que estuvo al frente de la estatal hasta 2008.
En marzo de ese año lo reemplazó Santos Ramírez, que tuvo que abandonar el cargo por el caso Catler Uniservice en febrero de 2009. El mando de YPFB fue encomendado a Carlos Villegas que permaneció hasta su muerte en 2015. Lo sustituyó Guillermo Achá, que duró dos años.
Jorge Alvarado (2006) Fue el primer presidente de YPFB de la actual gestión de Gobierno. El 8 de junio de 2006 firmó un contrato con la empresa Iberoamérica Trading SRL para la compra-venta de 2.000 barriles diarios a Brasil. Según la Superintendencia de Hidrocarburos, ese acuerdo provocaría un daño económico al Estado por un valor de 3,8 millones de dólares. Tras la denuncia, el Gobierno pidió la renuncia del entonces superintendente, Víctor Hugo Sáinz.
Manuel Morales Olivera (2007) Durante su gestión se denunció que un grupo de funcionarios de YPFB fue a Cuba a vacacionar, en lugar de capacitarse. Según una nota de ANF, su administración se manchó por la redacción de 44 contratos petroleros irregulares con múltiples errores, mediante negociaciones secretas que entabló con las petroleras.
Se dijo que las transnacionales pagarían hasta el 80% de sus ingresos, pero el país sólo percibió el 50%. Guillermo Aruquipa (2007-2008) Su gestión fue vinculada a hechos de nepotismo y contratación de personal aparentemente ilegal (ANF). En 2009, fue aprehendido por los delitos de tráfico de influencias, asociación delictuosa, por conformación irregular de la sociedad mixta entre YPFB y SIPSA. Se señaló que en la Superintendencia se aprobó el alza de costo de recalificación de garrafas.
Estuvo 45 meses con detención domiciliaria, pero obtuvo su libertad pura y simple. Santos Ramírez (2008-2009) Su gestión se ensombreció luego de que el 27 de enero de 2009 Jorge O’Connor D’Arlach murió de un disparo cuando intentaba entregar una presunta coima para que Catler Uniservice se adjudique la planta separadora de líquidos de Río Grande. Fue condenado 12 años de prisión en 2012. Según un informe oficial, Ramírez instruyó pagos en favor de Gulsby Process Systems por 13,21 millones de dólares y Uniservice por 3,3 millones. Carlos Villegas (2009-2014) En su gestión se conocieron algunos hechos.
Gerson Rojas, exgerente de Plantas de Separación de Líquidos, fue destituido por delitos de uso indebido de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito. En 2012 tuvo un accidente en Yapacaní y a raíz de ello se inició una investigación. En su caja fuerte hallaron 90.000 dólares. En otro caso, se denunció una red de corrupción en la unidad de Comunicación y Almacenes de YPFB-Chaco. Guillermo Achá (2015-2017) La salida de Guillermo Achá se precipitó luego de la firma de un contrato para la provisión de taladros por 148 millones de dólares.
El Gobierno denunció ante la Fiscalía a 16 personas por irregularidades en la contratación, pero Achá defendió la legalidad del proceso. Los coimputados aseguraron que éste autorizó a la gerente legal de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería, a participar en reuniones con Drillmec, sin ser parte del comité de licitación. Gobernación cruceña pide investigar los contratos Luego de conocerse el cambio de Guillermo Achá en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Gobernación de Santa Cruz solicitó una investigación transparente de todos los contratos suscritos por la estatal petrolera.
Víctor Hugo Áñez, representante de la Gobernación cruceña ante el directorio de YPFB, expresó que el país necesita señales claras de lucha contra la corrupción, que no pasan solamente por remover a personas sino por el manejo transparente de las instituciones. Añadió que pedirán que el nuevo presidente de YPFB presente un informe de la realidad de la compra de los taladros, otro de toda la gestión de YPFB, además de una verificación de los procesos de contrataciones.
Áñez aclaró que semanas atrás solicitaron la salida de Achá para que se lleve con transparencia la investigación del caso taladros, pidiendo que el Ministerio Público indague a todos los involucrados con este hecho irregular, sin ninguna exclusión ni proteccionismo de una persona.
"El ciudadano está cansado de hechos de corrupción, y se necesita darle tranquilidad de que sus recursos están bien manejados”, precisó. Por la dimensión del asunto y la magnitud de lo que representa esta empresa, que es la más grande del Estado, se debe hacer una auditoría y revisión de los procesos de contratación de YPFB, para demostrar que se está trabajando con transparencia y así dar certidumbre a los ciudadanos, añadió Añez. El senador Óscar Ortiz dijo según ANF, que Achá creó en su gestión y en contra de la voluntad del directorio y su estatuto, el Centro Corporativo, una instancia paralela con poderes "supra-institucionales”.