LOS TIEMPOS
La Paz | ANF
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La comisión de fiscales anticorrupción no pudo sustentar el riesgo procesal contra los cinco funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dentro del juicio que se les sigue por incumplimiento de deberes y uso de influencias en el proceso de contratación de Drillmec para la dotación de tres taladros. Los imputados denunciaron ser la parte “débil” y acusaron a cargos altos.
En la audiencia que duró nueve horas, los fiscales Ramiro Jarandilla y Ruddy Terrazas pidieron detención preventiva alegando que los imputados obstaculizarían la investigación, además de no tener familia ni trabajo, pero en el transcurso de la audiencia se desvirtuó esa afirmación, lo que obligó a declarar cuarto intermedio hasta hoy.
En la audiencia, se conoció la orden tácita que dio la directora Legal Corporativa de YPFB, Cinthia Novillo, a los abogados Félix Bustos Martin, Gisel Siles Roca y Julio Kjari Nina, para realizar la tercera enmienda a la convocatoria de adjudicación de los tres taladros, y que según la Fiscalía habría favorecido a Drillmec.
Los defensores Mario Villafán y Norma Espejo alegaron que, además, la gerente de Contrataciones, Paola Oporto, podía aceptar o rechazar las enmiendas, así como Fabián Avilés, cabeza del Comité de Calificación.
Kjari dijo que no hay nada malo en que Drillmec se haya habilitado con sus estatutos y no así con el documento de personería jurídica, pues la misma Embajada de Italia dio fe de que ese documento es válido y equivalente al otro para presentarse a licitaciones internacionales.