FUENTE. LOS TIEMPOS
“ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) tiene que informar y hacer las consultas previas a los pueblos indígenas como dice la Constitución Política del Estado (CPE). Cualquier decisión de hacer o no hacer o cómo seguir con el proyecto tiene que ser con el visto bueno de las comunidades, familias afectadas y pueblos indígenas”, explicó Vargas.
En la reunión, el comité expuso la postura consensuada entre las comunidades afectadas de las provincias Vallegrande y Cordillera. Uno de los principales pedidos es la entrega de los títulos de propiedad de terrenos de más de 300 familias que, según Vargas, han sido retenidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La entrega de mencionados documentos será la primera señal para iniciar el diálogo con ENDE u otra consultora referente al proyecto Rositas. “De qué espacio vamos a negociar si se está reteniendo los títulos de mala fe a esta gente”, añadió el asambleísta.
En uno de los puntos de la postura del comité expuesta ayer a ENDE se exige ser responsables y demostrar la viabilidad técnica, económica, social y ambiental del proyecto hidroeléctrico, además de escuchar las razones y la posición de los posiblemente afectados. Además, el comité advierte que “primero deberían aplicarse políticas de manejo de la cuenta del río Grande, a fin de mitigar los daños enormes que perjudican la producción y la estabilidad de las poblaciones ribereñas y más aún a los corredores de exportación de nuestro departamento y nuestro país, debido a las millones de toneladas de sedimento que arrastra en todo su curso el río”.
RECURSO La semana pasada, una asamblea sostenida por más de 100 personas, entre dirigentes de comunidades, autoridades cívicas, municipales y asambleístas de Vallegrande determinó iniciar un recurso de acción de inconstitucionalidad contra el proyecto hidroeléctrico Rositas. Los firmantes argumentan que el proyecto afectará negativamente a más de 12 comunidades de la zona, dedicadas exclusivamente a la agricultura y a ganadería. Antes de presentar el recurso acordaron sostener una reunión con las autoridades.
“ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) tiene que informar y hacer las consultas previas a los pueblos indígenas como dice la Constitución Política del Estado (CPE). Cualquier decisión de hacer o no hacer o cómo seguir con el proyecto tiene que ser con el visto bueno de las comunidades, familias afectadas y pueblos indígenas”, explicó Vargas.
En la reunión, el comité expuso la postura consensuada entre las comunidades afectadas de las provincias Vallegrande y Cordillera. Uno de los principales pedidos es la entrega de los títulos de propiedad de terrenos de más de 300 familias que, según Vargas, han sido retenidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La entrega de mencionados documentos será la primera señal para iniciar el diálogo con ENDE u otra consultora referente al proyecto Rositas. “De qué espacio vamos a negociar si se está reteniendo los títulos de mala fe a esta gente”, añadió el asambleísta.
En uno de los puntos de la postura del comité expuesta ayer a ENDE se exige ser responsables y demostrar la viabilidad técnica, económica, social y ambiental del proyecto hidroeléctrico, además de escuchar las razones y la posición de los posiblemente afectados. Además, el comité advierte que “primero deberían aplicarse políticas de manejo de la cuenta del río Grande, a fin de mitigar los daños enormes que perjudican la producción y la estabilidad de las poblaciones ribereñas y más aún a los corredores de exportación de nuestro departamento y nuestro país, debido a las millones de toneladas de sedimento que arrastra en todo su curso el río”.
RECURSO La semana pasada, una asamblea sostenida por más de 100 personas, entre dirigentes de comunidades, autoridades cívicas, municipales y asambleístas de Vallegrande determinó iniciar un recurso de acción de inconstitucionalidad contra el proyecto hidroeléctrico Rositas. Los firmantes argumentan que el proyecto afectará negativamente a más de 12 comunidades de la zona, dedicadas exclusivamente a la agricultura y a ganadería. Antes de presentar el recurso acordaron sostener una reunión con las autoridades.