FUENTE: PÁGINA SIETE
Ese ministerio informó que por sexto año consecutivo el crecimiento económico de Bolivia estará muy por encima de la región, con una proyección del 4,8%. "Consolidándose, de esta manera, como una de las economías más pujantes de América del Sur”, agrega el comunicado. Para lograr esta meta, el Gobierno elaboró el PGE 2017 que contempla el 21,8% para gastos de capital que incluye la inversión pública y 56% para gastos corrientes.
"Del presupuesto de gasto corriente, la administración central sólo administra el 23%; las empresas públicas, 39%; 14%, entidades descentralizadas; 14%, Entidades Territoriales Autónomas, y 4% universidades, entre otros”, aclaró el ministerio y negó que el Estado gaste el 80%. Los gastos en los que incurren la administración central y las entidades descentralizadas corresponden en "su mayoría” a sociales como: educación, seguridad, jubilaciones, subvención a los hidrocarburos, alimentos energía, así como la compensación a los exportadores, redistribución de la riqueza a través de la asignación de los Bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad, mantenimiento de carreteras y pago de deudas.
Del total del presupuesto de las empresas públicas, el 58% corresponden al pago de servicio de exploración y explotación a las operadoras y la comercialización de combustibles (UPSTREAM y Mayoreo) de YPFB.
Ese ministerio informó que por sexto año consecutivo el crecimiento económico de Bolivia estará muy por encima de la región, con una proyección del 4,8%. "Consolidándose, de esta manera, como una de las economías más pujantes de América del Sur”, agrega el comunicado. Para lograr esta meta, el Gobierno elaboró el PGE 2017 que contempla el 21,8% para gastos de capital que incluye la inversión pública y 56% para gastos corrientes.
"Del presupuesto de gasto corriente, la administración central sólo administra el 23%; las empresas públicas, 39%; 14%, entidades descentralizadas; 14%, Entidades Territoriales Autónomas, y 4% universidades, entre otros”, aclaró el ministerio y negó que el Estado gaste el 80%. Los gastos en los que incurren la administración central y las entidades descentralizadas corresponden en "su mayoría” a sociales como: educación, seguridad, jubilaciones, subvención a los hidrocarburos, alimentos energía, así como la compensación a los exportadores, redistribución de la riqueza a través de la asignación de los Bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad, mantenimiento de carreteras y pago de deudas.
Del total del presupuesto de las empresas públicas, el 58% corresponden al pago de servicio de exploración y explotación a las operadoras y la comercialización de combustibles (UPSTREAM y Mayoreo) de YPFB.