El jueves pasado Pemex no sólo presentó un Plan de Negocios, el gobierno mexicano lanzó un grito desesperado al mundo para que confiara en él de nueva cuenta.
Fuente: El Financiero‎‎‎‎‎‎
   
El documento, comentan analistas, corresponde más a un Plan de Negocios del Gobierno Mexicano (casi casi a un Plan Nacional de Desarrollo) y no de una empresa petrolera, puesto que ni para Chevron, BP, o incluso Statoil, la ejecución del mismo está sujeta a actos de autoridad de quienes serán jueces y parte del mismo.
 
José Antonio González Anaya, director de Pemex, tiene sólo dos años para hacer que las cosas funcionen y que ese plan tan adornado que presentó logre ejecutarse con todas sus alianzas y oportunidades de negocios, ya que la recuperación de la petrolera vendría hasta el siguiente sexenio. Sí, hasta el siguiente.
 
Es decir, los números negros para Pemex dependerán de quién llegue a Los Pinos en 2018, ya que es bien sabido que la petrolera forma parte del gabinete ampliado del Presidente de la República y con la llegada de un nuevo mandatario, el relevo en Pemex será inminente, pues es una posición estratégica en una economía que en dos años continuará dependiendo del petróleo y sus derivados.
 
Para pronto, nada garantiza continuidad en el mediano plazo.
 
De 2018 a 2021 pasarán muchas cosas dentro y fuera de nuestro país, por ello sorprende el optimismo con el que fue recibido el documento.
 
Por otra parte, para algunos inversionistas con los que platiqué, el Plan les pareció congruente, pero tibio, pues le faltaron los grandes anuncios de venta de activos que esperaba el mercado, sobre todo en petroquímica, en donde la empresa adolece grandes pérdidas y altos costos por tener paradas las plantas.
 
Pero ni en petroquímica ni en refinación Pemex mostró cambios radicales, ¿por qué? Te doy una pista: el líder petrolero no se despegó ni un solo momento del director general durante la presentación e incluso, subieron juntos a la tarima y se dejaron fotografiar por varios minutos. El mensaje es claro, desinvertir o vender activos como una refinería o un complejo petroquímico implicaría necesariamente el despido de trabajadores, un precio político que no se va a pagar, al menos no en este gobierno.